Una acción que dignifica la diplomacia exterior mexicana.
El pasado miércoles 4 de agosto, el Canciller Marcelo Ebrard anunció que México ha iniciado un litigio contra la industria armamentística ante una Corte Federal de EE. UU. en Boston. Con esa demanda civil por daños, se busca que las empresas dedicadas a ese sector reparen el daño que han causado las ventas ilícitas de armamento a nuestro país.
El objetivo: reducir drásticamente el ingreso ilícito de armas a nuestro país.
El Canciller destacó que es urgente que las 10 empresas demandadas compensen al Gobierno de México por sus prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país, además implementar estándares responsables en la fabricación, venta y distribución de armamento.
Por mencionar algunos datos, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, en la última década, se estima que ingresaron a México ilícitamente 2.5 millones de armas. Cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego, provenientes en su mayoría de la frontera norte.
Cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2 mil armas a México para abastecer a los cárteles de la droga, la delincuencia organizada y común. Estos datos se han visto reflejados en el incremento de la violencia generalizada en nuestro país desde la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón en el 2006.
El Instituto Internacional de Paz de Estocolmo reveló que de las 100 empresas fabricantes de armas con mayores ganancias, 45 se encuentran en Estados Unidos y 10 de ellas con presencia en la frontera norte de nuestro país. Nuestro vecino del norte es considerado el país armamentista más grande del mundo, por encima de Rusia y Alemania, ya que destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e instrumentación de armas, ya que gran parte de su economía depende de esta actividad.
Resulta fundamental y es de celebrarse esta acción por parte del gobierno mexicano encabezado por el Presidente López Obrador, como un esfuerzo adicional a la agenda bilateral con Estados Unidos, para que se combata de manera eficaz, frontal, y por todos los medios al alcance el Estado mexicano el tráfico ilícito de armas a nuestro territorio.
Las mismas rutas de la droga hacia Estados Unidos son utilizadas para traficar armas en sentido contrario: se estima que en la frontera México-Estados Unidos hay 19 lugares formales de cruce y un número desconocido de cruces informales.
A lo largo de toda la frontera estadounidense con México existen algo más de 12 mil establecimientos de venta de armas, de alrededor de 100 mil permisionarios que las venden legalmente en todo su territorio.
Por ello, es de suma importancia que las empresas se responsabilicen y que modifiquen sus conductas de realizar ventas de armas sin control ni verificación de antecedentes de los compradores.
No podemos dejar de mencionar la Operación Rápido y Furioso ocurrida entre octubre de 2009 y septiembre de 2010: fue un operativo que llevó a cabo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT) de los Estados Unidos para permitir el ingreso ilegal de entre 1,500 y 2,500 armas, con la intención de detectar bandas de contrabandistas en la frontera. Las autoridades norteamericanas no informaron al gobierno de México sobre este operativo y sus posibles consecuencias, violentando así la soberanía nacional y generando efectos colaterales en nuestro país.
Esto se posiciona dentro de la agenda bilateral como uno de los principales temas estratégicos, por lo que el trabajo de la Cancillería será comprobar ante la corte de Estados Unidos las prácticas negligentes e licitas en las que ha incurrido la industria armamentística.
Por último, el Secretario Marcelo Ebrard destacó que se impulsa también intercambio de información con Estados Unidos para que haya una reglamentación más estricta para la venta y se tipifique en ese país el tráfico ilícito de armas como un delito. Así curre en nuestro país, con la reciente reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos se incluyó como figura delictiva el tráfico ilícito de armas.
Es indispensable que exista voluntad política también por parte del gobierno de Estados Unidos para restringir la venta al por mayor de armas y generar mayor control y vigilancia. Seguramente los resultados no serán visibles en el corto plazo, pero hoy el gobierno de México destaca en su actuar por la estrategia que se ha llevado hasta el momento, lo que seguramente permitirá concretar alguna propuesta de control de tráfico ilícito de armas por parte del gobierno estadunidense.
