México: los 60 millones de pobres que tanto les molestan

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México: los 60 millones de pobres que tanto les molestan

Por Martha Zamarripa | lunes, 22 de junio del 2020.

En las últimas semanas se han visto brotar, a mayor velocidad que la del virus que tiene al mundo en jaque, expresiones anti gobierno que comparten un común objetivo: hay que tumbar al presidente. No es metáfora, es tan real como la decisión mayoritaria que les entrampó el negocio desde que un inédito cambio instaló la democracia. Crear un clima adverso y sombrío para quitarlo en 2022, su fecha clave. 

El documento del Bloque Opositor Amplio (BOA) –sin autor, pero retrato fiel de los aludidos–; el Frenaaa de las clases medias altas y altas del círculo verde; el bloque de ocho gobernadores endeudados casi todos que quieren más dinero de la federación; el GOAN: los gobernadores de Acción Nacional, cuyo slogan “Sí hay de otra” suena interesante si no fuera sólo línea de discurso, cuando "Sí hay de otra” está vigente y apenas comienza. 

Quienes desde el Cuarto Poder analizan qué está pasando en México evalúan a todos sin mirarse a sí mismos ni a sus intereses como parte de la lucha de qué proyecto marcará rumbo a la nación. No mencionan ser integrantes del agazapado gran capital que mueve los hilos de su poderío económico que controla producción, bienes y servicios, a esos medios de comunicación, al mercado en sí, e incluso hasta hace poco, al poder político. Ahí es donde está el pleito. 

La respuesta del «México-cansado» de ser el excluido de la historia, hace mancuerna junto a un periodismo que ahora tiene como plataforma también a las redes sociales. Si no todos compran un periódico, la información así socializada camina de la mano de aquellos ciudadanos que tomaron el toro por los cuernos por el cambio. La que por primera vez se estrena como nueva oposición quiere sembrar la duda y convirtió al mandatario en el más atacado de los recientes tiempos, como el acusado que sobre su espalda carga a comunistoides fantasmas inventados. 

Pero México no acepta ser país que discrimina. Qué ironía, cuando es su mayoría la excluida de los derechos universales. La negación de esos derechos al bienestar como el de estados desarrollados son tema medular en el choque de los dos proyectos no resuelto. Poner a un candidato en la silla presidencial no es el final feliz de la historia sino preámbulo para ir construyendo un cambio no garantizado. Hay que ayudar todos.

El documento BOA, quizá inventado por una mente política brillante, anticipó lo que aún no pasaba; la oposición anda distraída y fuera de foco, pero tarde o pronto jugarán ese papel. No así quién marca agenda. La burguesía política se ha escandalizado, según ellos. ¡Qué autoritario Presidente! Dicen los cómplices de un sistema represor, autoritario y presidencialista con partido de Estado priista y el PAN, su leal escudero. Que, dicen, ha decretado el Presidente: «Están conmigo o contra mí». No expresó exactamente eso, distorsionan al mensaje y al protagonista, acérrimo enemigo que se atrevió a decirles a ellos y a los pobres o sea al sesenta por ciento de los mexicanos, que ellos tienen también derechos. ¿Cuáles? ¿Desde cuándo? Y de vuelta al clasismo y racismo negado “Si no somos iguales”. ¿Quién en su sano juicio Imagina esa impertinencia y peor, ofrece ese desatino?

El papel de los gobernadores rumbo a la elección intermedia del 2021 en sus estados tendrá protagonismo. Una ventaja para la alicaída oposición aún en el piso del desconcierto. Esos protagonistas –si la saben jugar y eligen bien a sus candidatos– la elección se tratará de ellos, siendo locales más cercanos, si eligen buenos perfiles y ahí los gobernadores de oposición llevan mano. Pueden dar la pelea con buenos cuadros si Morena no resuelve pronto su conflicto interno. Podrían avanzar, pero no ganar. A su vez el presidente buscaría estar, con su más de 65% de aprobación. El gobierno la tiene complicada –aunque mucho menos que la oposición– por las imprevisibles crisis de salud y económica de las que no ha escapado nadie. Es un flanco al que buscará sacarle la vuelta. Su narrativa es que no se puede negar, menos adjudicar, una situación mundial, pero la de del capital opositor y aliados políticos intentará endosarle como el responsable. 

Medios nacionales e internacionales ya se afanan en crearle descrédito al gobierno: la curva no aplanada, alta letalidad, pruebas insuficientes y por ende, resultados ídem frente a la pandemia. Movimiento Ciudadano exige ingreso básico universal, común en países desarrollados, como no es México ante los empleos perdidos. El PAN demanda no desaparecer organismos autónomos. El sector privado a su vez, acusa al gobierno de privilegiar energías obsoletas por encima de las limpias mientras deplora que al apoyar a Pemex y a CFE afectan contratos e intereses privados (los suyos) establecidos en sexenios anteriores. 

Parte del sector privado molesto por la disminución de la ganancia ilimitada que conllevaba todos los derechos y ninguna obligación aparte de la explotación de los «más desafortunados» espera a tener los conteos aún preliminares de las dos crisis mundiales para medir su impacto en México. Sus líneas discursivas serán las vidas y los empleos perdidos. Las cifras finales de los muertos por Covid y las de los desempleados cuyas fuentes de trabajo no van a recuperarse. Y entonces demostrar qué inepto es el gobierno y proponer el cambio del no-cambio, de regresar a su corrupto régimen favorito.

Los voceros afines al pasado PRI-PAN apuntan sus dardos: “Vean lo que dice la prensa extranjera”, la del Washington Post, The New York Times, The Financial Times, y el periódico español El País. Este último junto a la empresa española Iberdrola, que como los otros mencionados, defienden sus intereses, en tierra ajena. Felipe Calderón no sólo le entregó a una de sus dos empresas favoritas –la otra es Repsol– casi la mitad del mercado mexicano de la electricidad. Con respaldo del ahora ex panista tienen más de veinte plantas de energía eléctrica mientras la CFE fue abandonada. ¿A cambio de qué? Georgina Kessel, ex secretaria de Energía con Calderón es miembro del consejo de accionistas de Iberdrola desde 2013.  A su vez el propio Felipe Calderón fue miembro del consejo de administración de Avangrid, filial de Iberdrola, hasta 2018. No es ilegal, tampoco ético. 

El periódico español El País ha publicado decenas de notas contra el gobierno mexicano, mientras calló ante la exoneración (sin investigación) por presuntos sobornos del rey Emérito de España, Juan Carlos I, menos aludió a que su hijo el actual rey Felipe VI, enterado al menos desde 2017 fue hasta que supo que el caso iba a trascender, que "decidió"renunciar a la herencia corrupta. A esta gente va a hacerle reverencias el aspirante a gobernador Gustavo de Hoyos de la Coparmex.

Privilegiar por primera vez a esa mayoría de los sesenta millones de pobres atempera su precaria situación. Es combatir la discriminación económica, que si bien no es la única es la que más apremia. Mientras los más vulnerables son visibilizados se exhiben a la vez los abusos de la minoría corresponsable de la ancestral exclusión. Un cambio reciente aún incipiente, que un sector de los votos del 2018 pudiera no haberlo notarlo, ocurrió. Dos contundentes acciones provocan el enojo de parte de la empresarial clase dominante: la no condonación de impuestos considerada ahora ilegal y el mismo status de delito grave a la doble facturación. Ambas prácticas siempre solapadas por gobiernos priistas y panistas eludieron al fisco y vulneraron las finanzas nacionales frenando el desarrollo del país. No se pueden decir hoy ofendidos.

Se le adjudica al poblano empresario, desde hace años por adopción, regiomontano, José Antonio El diablo Fernández Carbajal, líder del grupo FEMSA, una frase que habría dicho al salir de pagar casi 9 mil millones de pesos al SAT, luego de acordar con su titular Raquel Buenrostro (por algo ahí la tienen) que el adeudo quedaría saldado en tres pagos. Se asegura que la molestia se debió a que su nombre fue mencionado en el documento del BOA e incluso que en el gobierno piensan que él financia entre otros grupos, al de Frenaaa: "Voy a pagar al SAT, pero si es necesario pondré el doble para sacar a AMLO en 2022". Refieren varios medios que eso habría dicho en supuesta alusión a la fecha de la revocación de mandato propuesta por el propio mandatario y al principio rechazada por la oposición que la distorsionó como reelección.

El empresario regiomontano, Javier Garza Calderón “El Manitas”, presidente del Grupo GENTOR, apunta que la versión no sería descabellada. Menos aún el financiamiento a varios grupos opositores al actual gobierno incluido Frenaaa. Pero no sería el único. Carlos Salinas está involucrado para que el proyecto de la 4T no sea posible. Empresarios y políticos se niegan a aceptar el cambio. El Presidente López Obrador necesita ganar la elección del 21, para que su proyecto sea viable y no concluya en 2024. 

Los gobernadores se preparan para dar la batalla de la elección de medio término, en distinto escenario al del pasado donde los mandatarios PRI-PAN entregaban su cuota de votos al presidente en turno y luego eran bien recompensados. Por primera vez entregarán los votos de sus estados, a sus partidos en la oposición. Pero ya lo dijo el inquilino de Palacio. No intervendrá en las elecciones. Por compromiso y convicción y porque viene de luchar contra los fraudes, le robaron una vez la presidencia.

El mensaje fue claro. Si bien el gobierno federal no va a meterse, estará al pendiente del comportamiento de las autoridades estatales y si se demuestra que se está utilizando dinero público, o están interviniendo gobiernos estatales en las elecciones, denunciará a los responsables. Que haya democracia, y se garantice que el pueblo elija libremente a sus representantes, dijo. Mientras la oposición empresarial, mediática y política se reorganiza, quienes votaron en 2018 y nuevos simpatizantes serán los encargados de defender la supervivencia del nuevo proyecto. Ahí se medirá el convencimiento de quiénes decidieron apostarle al cambio. Al del país, de su futuro, de sus vidas. 

El debate tardío finalmente llegó y se abre paso a pesar de quienes hacen todo para seguir despojando a la mayoría de su parte de riqueza también producida por ellos. El racismo y clasismo que México no quiere admitir, está anclado aquí desde la Conquista. Son 500 años de discriminación por cualquier sinrazón, expresada a veces de manera soterrada. El desprecio mayor es hacia los pobres y es aún peor hacia los indígenas. Pero también hacia las mujeres y hacia la comunidad lésbico-gay.  No son desde luego los únicos que lo han sufrido. No es aceptable que una poderosa minoría económica y política decida dejar fuera del desarrollo a la mayoría de mexicanos, como su destino fatal. Los Derechos Humanos son universales. No se compran. No son privativos ni exclusivos de una clase social o económica. Pertenecen a cada persona desde el momento mismo de nacer. Nadie los otorga, nadie puede arrebatarlos. México, ante la disyuntiva de los dos proyectos, debe volver a elegir lo que ya decidió. Transitar a darle verdadero valor al trabajo, pagando lo justo, lo correcto, mantener el combate a la corrupción y desactivar la violencia e inseguridad heredadas para avanzar a un alto índice de desarrollo humano, es decir, bienestar para sus ciudadanos, todos. Debiera ser la aspiración mexicana universal, no discriminante. La que defiende el proyecto en curso. Pueblos equilibrados, estables, satisfechos, felices. Seguro no es mucho pedir.

Por Martha Zamarripa | lunes, 22 de junio del 2020.

Martha Zamarripa

Martha Zamarripa. Periodista. Regiomontana. 100% izquierda. Twitter: @m_zamarripa

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