La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. El dictamen —que ahora pasa al Senado— reconoce al servicio ferroviario como área prioritaria para el desarrollo nacional y establece que corresponde al Estado su rectoría. Es un paso importante, pero no suficiente. La reforma debe ir más allá de los principios generales: debe traducirse en
acción efectiva para corregir uno de los legados más costosos de la era privatizadora.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se entregaron a privados los Ferrocarriles Nacionales. Poco después de dejar la presidencia, Zedillo se incorporó al Consejo de Administración de Kansas City Southern, una de las empresas más beneficiadas con las concesiones.
Así, el sistema ferroviario mexicano quedó en manos de dos grandes jugadores: Ferromex/Ferrosur (Grupo México) y Kansas City Southern de México. A 25 años de distancia, concentran el 98% del mercado y operan como monopolios regionales que fijan tarifas, controlan el acceso a la red y atienden solo los tramos que les resultan más rentables.
El mayor problema no solo está en los trenes de pasajeros —que también requieren de gran impulso—, sino en el rezago estructural del servicio de carga nacional. La carga movilizada por tren dentro del país ha caído más de 40%, mientras las tarifas subieron muy por encima de la inflación. Entre 2000 y 2019, las utilidades de los concesionarios crecieron 372%, pero su inversión apenas 97%. Pasaron de reinvertir
el 25% de lo que ganaban a solo el 11%.
Los concesionarios solo mueven lo que les es más lucrativo. Su lógica solo es rentista, no de servicio público. Por eso es crucial que el Estado tenga un rol activo en este sector: para atender rutas estratégicas que hoy los privados no cubren, equilibrar el sistema y responder al interés nacional.
La reforma debe permitir no solo abrir las vías a nuevos operadores, sino también habilitar la creación de una empresa pública que opere trenes de carga. Esta entidad —que podría ser civil o gestionada por instituciones como la Sedena o la Marina, al igual que el actual GAFSACOMM— tendría el mandato de ofrecer servicios ferroviarios en tramos estratégicos, ya sea sobre infraestructura nueva o en
las vías concesionadas, bajo condiciones justas y reguladas.
No se trata de revocar concesiones, sino de complementar la oferta se servicio. El Estado debe tener la capacidad de intervenir donde los privados no quieren o no pueden, sin romper el marco legal ni paralizar al sector. Abrir las vías, garantizar tarifas equitativas, activar infraestructura subutilizada y recuperar la conectividad perdida es un paso indispensable para el desarrollo con justicia.
Esta no es solo una cuestión técnica o económica. Es una decisión profundamente política. Así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador recuperó la energía y los trenes de pasajeros para el desarrollo nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum hoy tiene la oportunidad histórica de abrir el sistema ferroviario de carga para el Pueblo, de democratizarlo, de romper inercias y de apostar por una logística más
justa, eficiente y soberana.
Una empresa estatal de trenes de carga no es un capricho: es una necesidad
