Por: Carlos Alavez
Este 1 de junio de 2025, México ha sido escenario de un acontecimiento sin precedentes en su vida democrática: por primera vez, más de 99 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas no solo para elegir representantes legislativos o ejecutivos, sino también para definir directamente el rostro del Poder Judicial. Con el sufragio como herramienta, la ciudadanía participó en la selección de 2,681 impartidores de justicia, entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, en un ejercicio histórico que marca un cambio estructural en la forma en que se concibe y construye la justicia en nuestro país.
Este proceso representa mucho más que una simple elección: se trata de una reforma de fondo que busca democratizar la justicia, abrirla al escrutinio social y alejarla de las élites que, durante décadas, la mantuvieron capturada. La premisa detrás de este proceso es clara: quienes imparten justicia deben rendir cuentas directamente al Pueblo, no a intereses particulares. Se trata de devolverle al Pueblo mexicano la soberanía sobre uno de los pilares fundamentales del Estado.
Durante años, el Poder Judicial fue señalado como uno de los más desconectados de la realidad social y con mayores niveles de opacidad y corrupción, como el nepotismo que se ha institucionalizado en el poder judicial de la federación . Su estructura de privilegios, sus vínculos con el poder económico y político, y su escasa sensibilidad hacia las demandas populares, generaron un profundo descrédito al Poder Judicial. Por eso, para muchos ciudadanos, estas elecciones representan un acto de justicia en sí mismo.
No obstante, el proceso no ha estado exento de controversia. Diversos sectores de la derecha, llamaron abiertamente a boicotearlas. Sin embargo, estas críticas parecen más bien provenir de quienes se beneficiaron históricamente del sistema judicial anterior. Quienes se oponen a este modelo son aquellos que desean mantener el régimen de privilegios y corrupción que caracterizó al Poder Judicial mexicano.
Los intereses de boicotear la elección responden más a una campaña de desprestigio que a una preocupación legítima por el Estado de derecho. De hecho, estas elecciones se están llevando a cabo bajo principios de transparencia y participación inéditos en la historia de México.
México está implementando un modelo pionero de justicia electiva, donde por primera vez los ciudadanos pueden votar directamente por jueces y magistrados, algo inédito a nivel internacional. A diferencia de otros países donde los jueces son designados por élites políticas, este sistema promueve el control democrático y la rendición de cuentas. Si un juez actúa con corrupción o falta de ética, podrá ser removido en futuras elecciones.
Más allá de los resultados —que se conocerán el próximo 15 de junio—, esta elección representa un parteaguas histórico. México ha dado un paso valiente y necesario hacia una cultura jurídica más abierta, más horizontal y democrática. El mensaje es contundente: la justicia ya no será privilegio de unos cuantos, sino responsabilidad de todos.
El tiempo dirá si este modelo cumple con sus promesas. Pero por ahora, lo cierto es que el Pueblo mexicano ha sido protagonista de un ejercicio democrático sin igual, que podría colocar a México como referente global en materia de justicia participativa.
Porque cuando el Pueblo elige, la justicia se humaniza.
@Carlos_Alavez_
Politólogo por la UNAM.
