La victoria de la Coalición Juntos Haremos Historia en 2018 representó una reconfiguración del panorama político nacional. Además del contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la mayoría absoluta obtenida en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el cambio tuvo alcances que no logró la alternancia en el año 2000: la coalición también obtuvo la mayoría en más de la mitad de las legislaturas locales.
Actualmente, Morena y sus aliados cuentan con la mayoría en 19 de 32 congresos locales. En 7 de estas entidades también ganaron el Ejecutivo: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Veracruz y Morelos (en ésta última, el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue impulsado por Encuentro Social). Esto significa que en 12 estados existen gobiernos divididos, con el legislativo bajo el control morenista.
No obstante lo anterior, las divisiones internas en el partido gobernante, generadas por la propia pluralidad en su conformación de origen e incrementadas por el proceso de renovación de su dirigencia nacional, han tenido un impacto importante también a nivel estatal. Estas diferencias con frecuencia se ven reflejadas en las disputas que tienen lugar dentro de los congresos locales. Influyen tanto en las entidades gobernadas por Morena, como en el rol opositor que tienen frente a los gobernadores de otros partidos.
Por una parte, los mandatarios morenistas han enfrentado contratiempos para lograr las modificaciones legislativas que consideraron fundamentales en su primer año de gobierno, aunque nominalmente cuenten con la mayoría para lograrlas. Estas dificultades se traducen en obstáculos para la implementación de sus programas de gobierno y en la pérdida de eficacia durante los primeros meses de sus administraciones. Si los mandatarios emanados de Morena no han empezado a dar resultados en los plazos que tenían previstos, algunas de las razones podrían encontrarse al interior de sus propias fracciones legislativas; la Ciudad de México es buen ejemplo de ello.
Por otra parte, en los estados con gobernadores emanados de otras fuerzas políticas, los titulares del Ejecutivo pueden aprovechar la falta de consensos en el grupo parlamentario mayoritario. Estas condiciones debilitan las agendas legislativas de Morena y es benéfico para los gobernantes, quienes se favorecen del status quo en la legislación estatal. En estas legislaturas, Morena y sus aliados podrían asumir un rol más protagónico e impulsar la implementación de las principales propuestas del Presidente de la República también en los estados y municipios. De esta manera, se fortalecería el papel opositor de Morena y se acotaría al Ejecutivo estatal, al tiempo que aumentaría el alcance de las políticas públicas impulsadas por AMLO.
Año y medio después de la elección presidencial ha quedado claro que el partido gobernante no es un monolito. Tampoco existe la disciplina partidista que algunos analistas anticipaban. Sin embargo, hay un par de aspectos que se ven condicionados por las pugnas internas: 1) la profundidad de la transformación planteada por el Presidente de la República y su alcance en los estados y municipios; y 2) la eficacia de los gobiernos estatales encabezados por Morena. Por ello, lo que está sucediendo en los congresos locales debe ser prioridad para quienes aspiren a dirigir Morena tanto a nivel nacional y estatal.
