“Sólo 3 de cada 10 personas que nacen pobres en México logran salir de la pobreza. El resto permanece atrapado en un ciclo que no es individual, sino estructural.”
El más reciente informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias vuelve a recordarnos una de las heridas más profundas de nuestra sociedad: en México, sólo tres de cada diez personas que nacen pobres logran superar la pobreza. Es un dato duro, pero al mismo tiempo una oportunidad para reafirmar una convicción que no podemos abandonar: la lucha por una mayor movilidad social no es opcional para un país que aspira a llamarse justo y democrático.
En los últimos años, México ha dado pasos decididos en la dirección correcta. Las pensiones para adultos mayores, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y los aumentos históricos al salario mínimo han demostrado que un Estado comprometido con la gente más vulnerable puede mejorar significativamente su calidad de vida. Esos programas, además de dignificar ingresos y proteger a quienes antes eran invisibles, evitan que millones caigan todavía más abajo en la escala social. También hay que reconocer que apostar por la educación pública gratuita a todos los niveles y por una recuperación del control sobre los recursos estratégicos son cimientos sólidos para construir igualdad en las próximas generaciones.
Sin embargo, el propio informe deja claro que la movilidad social no es un destino que se alcance con una sola política ni en un solo sexenio. La desigualdad es un problema estructural y persistente, y requiere ser enfrentada de manera integral, con una visión de largo plazo. La clave está en complementar lo que ya se hace con nuevas acciones que cierren las brechas que siguen abiertas y fortalezcan los avances ya conseguidos.
Las investigaciones de Esther Duflo y Abhijit Banerjee, ganadores del Nobel de Economía, han demostrado que la pobreza no es resultado de falta de talento ni de esfuerzo personal, sino de condiciones estructurales que limitan las opciones de quienes nacen en desventaja. Sus hallazgos sobre la efectividad de transferencias monetarias, educación de calidad e incentivos para la formalización laboral son una guía útil para profundizar la transformación mexicana.
Hoy, por ejemplo, México podría redoblar su apuesta por la educación básica y media superior, enfocándose no sólo en la cobertura —ya prácticamente universal— sino en la calidad y pertinencia de los contenidos. Mejorar la formación docente, modernizar la infraestructura en zonas marginadas, cerrar la brecha digital y fortalecer programas de tutoría personalizada pueden hacer que las niñas, niños y jóvenes no sólo asistan a clases, sino que salgan de ellas con herramientas reales para competir en igualdad de condiciones.
Otra pieza fundamental es fortalecer la formalización del empleo. La mitad de nuestra fuerza laboral sigue en la informalidad, lo que perpetúa bajos ingresos, inestabilidad y falta de derechos laborales. Aquí México podría inspirarse en modelos como el sueco, que incentiva a las empresas a contratar más, especialmente a grupos vulnerables, mediante la reducción temporal de las cargas sociales y beneficios fiscales para quienes integran a su plantilla a personas desempleadas de larga duración, jóvenes sin experiencia o adultos mayores sin pensión. Este esquema no sólo fomenta la formalidad, sino que abre oportunidades para quienes suelen quedar fuera del mercado laboral, y al mismo tiempo fortalece las finanzas públicas al largo plazo al ampliar la base contributiva y reducir la dependencia de apoyos asistenciales.
Finalmente, es indispensable fortalecer los servicios públicos de salud, cuidado infantil y atención para adultos mayores. Las mujeres, en particular, siguen cargando con las responsabilidades de cuidado, lo que limita su desarrollo laboral y educativo. Crear una red nacional de estancias infantiles, ampliar los horarios escolares y garantizar servicios médicos de calidad en todas las regiones ayudaría a liberar el potencial de millones de mujeres y, con ellas, el de sus familias enteras.
Romper la trampa de la pobreza es una tarea colectiva. Este gobierno ha demostrado que se puede y se debe intervenir para reducir la desigualdad. La responsabilidad ahora es consolidar y profundizar lo que ya se hace bien, atreverse a innovar donde todavía hay rezagos y mantener la convicción de que ningún niño o niña debería cargar con una condena impuesta desde su nacimiento.
Tres de cada diez lo logran hoy. Tenemos que trabajar para que, mañana, sean todas y todos.
