En estos días hemos sido testigos del mejor ejemplo de lo que significa hacer política “Al estilo Jalisco”: anteponer los negocios al interés público y demostrar una carencia absoluta de sensibilidad social y empatía hacia quienes menos tienen.
Nos enteramos que el 26 de diciembre, el Comité tarifario había decidido aumentar el pasaje de 9.50 a 14 pesos. Sin embargo, hoy todos los datos demuestran que dicho aumento se pactó meses antes. El transporte ya se pagaba con una tarjeta que se podía recargar para pagar 9.50 y no 10 pesos en efectivo, porque las máquinas en autobuses nunca te regresaban los 50 centavos de cambio, monedas que hasta hoy no aparecen por ningún lado, porque no han rendido cuentas de donde están.
Al anunciarse el aumento, salió Pablo Lemus a justificarlo y activaron a todos los funcionarios de todos los niveles, para promover la tarjeta única “Al estilo Jalisco”, que ofrece transporte, seguro médico y apoyos. Lo que no dijeron es que es una tarjeta que bancariza a las y los ciudadanos y que se ha dejado en manos de la empresa Broxel, con todos los datos personales y los riesgos que ello implica, ya que entregan credencial del INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y CURP.
Por supuesto, la licitación para expedir las tarjetas la ganó esta empresa en un proceso poco transparente y sin información pública, y además la ganadora está señalada y es investigada por irregularidades y afectaciones a sus clientes. Pero estas irregularidades no paran allí.
El 31 de octubre se conoció del fallo a favor de Broxel, dos meses antes que de manera “formal” se aprobara el aumento a la tarifa del transporte. O sea, la tarjeta -color naranja- sí estaba planeada con meses de anticipación para el uso del transporte.
En pleno período de vacaciones se conoció del aumento del transporte y el gobernador aprovecho para irse de vacaciones. La inconformidad no lo esperó y para disminuirla, se reunió el 10 de enero con la representante estudiantil de la FEU de la Universidad de Guadalajara y acordaron que la tarifa para estudiantes sería de 5 pesos, siempre y cuando utilizaran la tarjeta naranja. Como la inconformidad ha tenido continuidad, entonces se ofreció un subsidio de tres pesos por pasaje a toda la población, siempre y cuando se afilien al tarjetazo. Ese subsidio, aunque se diga que lo paga el gobierno, lo pagan las personas contribuyentes.
Debemos señalar que el transporte público en Jalisco está privatizado y los gobiernos estatales en turno les financian a los transportistas con miles de millones de pesos los costos del mismo. Después de años, el servicio cada vez es más precario: unidades en mal estado, transporte deficiente, ineficaz, rutas insuficientes e inseguras, ya que los accidentes son muy comunes porque los dueños de los camiones, a quienes se les denomina el «pulpo camionero», explotan a los choferes y hacen que se peleen por el pasaje. Esto los convierte en cafres por las prisas que les imponen. El aumento no compromete la mejora del servicio porque no se contempla ningún cambio en el modelo establecido.
Beneficiar a la empresa Broxel implica cobros de 5.45 (cinco pesos con 45 centavos) al mes por gastos de operación por cada tarjeta, que pagará el gobierno del estado con el dinero de las personas, y si el usuario la pierde, pagará 150 pesos por la reposición; 250 pesos por aclaraciones improcedentes; 8 pesos por recargar el pasaje, o sea los 3 pesos “subsidiados” lo pagarán a la tarjeta; 17 pesos por un depósito; 79 pesos por envió de remesas y 8 pesos por transferencias bancarias, por pago de telefonía, SIAPA o CFE.
Esta empresa ganará millones de pesos con la bancarización de las y los ciudadanos, quienes con sus contribuciones sostienen el presupuesto, la pregunta es: ¿qué ganan las personas con esta tarjeta? La respuesta: NADA. Al contrario, el trámite para obtenerla violenta la privacidad al solicitarles datos personales, solo y únicamente para utilizar el transporte, sí, para acceder a un derecho básico, subsidiado por el gobierno con dinero público, obliga a hacerse cliente de una financiera que ni oficinas tiene. Si una persona desea una tarjeta bancaria, puede acudir a una sucursal establecida y solvente y entregar de manera voluntaria sus datos personales. Pero ¿por qué para utilizar el transporte público tienes que bancarizarte con una empresa investigada por irregularidades y que no cuenta con la solvencia económica para afrontar riesgos financieros?
A pesar de dichos riesgos, Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano están orillando a la ciudadanía a obtener la tarjeta. Esto refleja la insensibilidad ante la clase trabajadora, que ha sido obligada a vivir en las afueras de la ciudad y que tiene que transportarse en un servicio que no cumple los mínimos obligatorios: pasar a tiempo, ser un servicio adecuado, asequible y funcional.
Resistir los abusos al Pueblo de Jalisco es una obligación moral y ética. Lo hacemos desde el Congreso de Jalisco no sólo con discursos de denuncia y concientización, sino también con acciones, desde distintos frentes: llamados a comparecer y a rendir cuentas, amparos colectivos, mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, comisiones especiales de seguimiento y vigilancia, auditorías y solitudes al INE y al Tribunal electoral para que detenga la solicitud de credenciales para votar con fotografía y detener un posible mal uso de la misma.
Nos sumamos al clamor popular en las calles, donde cientos dicen en una sola voz: ¡No al tarifazo naranja!.
En Jalisco, el transporte obedece a intereses particulares de quienes lo conciben como un negocio y una oportunidad de lucro, no como un servicio público. Tenemos que cambiar la visión mercantilista de un servicio que es básico para moverse en la ciudad y el estado. El tarifazo es una amenaza a la economía de las familias, es injusto, ilegal e inhumano imponer una tarjeta financiera para moverte al trabajo o la escuela. Este gobierno empresarial naranja solo busca beneficios para unos cuantos y no para las mayorías que más lo necesitan.
