La historia reciente de México nos coloca en un momento crucial de redefinición institucional. La llamada Cuarta Transformación ha buscado abrir caminos hacia un país más justo, más democrático y más incluyente. En este contexto, la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocupa un lugar central en la disputa entre los privilegios históricos de la élite y la demanda legítima del pueblo por un sistema de justicia que sirva a las mayorías y no a unos cuantos.
Durante décadas, el Poder Judicial se consolidó como un espacio de privilegios, blindado frente a cualquier escrutinio ciudadano. Sueldos millonarios, prestaciones desproporcionadas y un aislamiento frente a los problemas reales de la nación, hicieron de la Corte un órgano lejano al sentir popular. Mientras millones de trabajadores, campesinos, maestras y médicos vivían en carne propia la precariedad laboral, los ministros de la Corte gozaban de remuneraciones que rebasaban con creces cualquier parámetro de justicia social. Este abismo entre el pueblo y el poder judicial se convirtió en uno de los símbolos más claros de la desigualdad estructural en nuestro país.
Por ello, los cambios recientes que disminuyen los salarios de las y los ministros por debajo del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum representan un acto de justicia histórica. La Constitución establece, desde la reforma impulsada en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ningún funcionario público debe ganar más que el titular del Ejecutivo. Sin embargo, la Corte se resistió sistemáticamente, amparándose en interpretaciones legaloides para conservar sus privilegios. Hoy, con la decisión firme de colocar a los ministros en un plano salarial coherente con la realidad nacional, se rompe esa burbuja de impunidad dorada.
Más allá de una medida administrativa, la reducción de salarios envía un mensaje político y ético de enorme trascendencia: los servidores públicos, sin importar el cargo que ocupen, deben estar al servicio de la nación y no de sus intereses personales. Al eliminar los excesos en los sueldos, se dignifica la función pública como un compromiso con el pueblo y no como un espacio de enriquecimiento. La austeridad republicana, se extiende ahora a la institución que por años se negó a someterse a ella.
Otro de los cambios profundos es la incorporación de las y los ministros, así como del resto del personal del Poder Judicial, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta medida no debe ser vista como una reducción de derechos, sino como un paso hacia la igualdad. Durante décadas, los ministros gozaron de sistemas de salud privados financiados con recursos públicos, mientras millones de trabajadoras y trabajadores debían conformarse con los servicios del ISSSTE o del IMSS. Con su incorporación al ISSSTE, los ministros no pierden seguridad social; por el contrario, se integran al mismo sistema que atiende a maestras, burócratas, médicos y enfermeras, compartiendo así la experiencia y los retos de la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado.
Este cambio implica, además, un acto de congruencia. Si los jueces y ministros son responsables de velar por la igualdad y la justicia en el país, no es coherente que vivan en un mundo de privilegios paralelos al del resto de la sociedad. Incorporarlos al ISSSTE es reconocer que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, sino un solo pueblo con derechos iguales.
Por supuesto, los críticos de estos cambios señalan que la disminución de sueldos o la pérdida de privilegios podría “afectar la independencia judicial”. Sin embargo, esta narrativa es engañosa. La independencia judicial no depende de los lujos que se le otorguen a los jueces, sino de su integridad, de su compromiso con la Constitución y de su vocación de justicia. Confundir independencia con privilegio es una trampa discursiva de quienes buscan mantener intactos los beneficios de una élite judicial ajena al pueblo.
En este nuevo escenario, la Suprema Corte tiene la oportunidad de acercarse al pueblo y recuperar legitimidad. Un poder judicial austero, integrado al ISSSTE y con salarios dignos pero no ofensivos, será más respetado por la ciudadanía. El reto está en que los ministros entiendan que su autoridad moral no proviene de sus privilegios, sino de su capacidad para garantizar justicia a los más humildes, proteger los derechos humanos y asegurar que nadie esté por encima de la ley.
