La elección judicial ha llegado a su fin: tras la jornada histórica del 1 de junio, la ciudadanía trazó el destino de la justicia en México y eligió el modelo de Poder Judicial que desea. Este ejercicio democrático no puede minimizarse: en un tiempo récord, con reglas en construcción y ante intentos de sabotaje, la sociedad participó y renovó su judicatura.
Sin embargo, el proceso no concluye con la emisión del sufragio. Esta semana, el Instituto Nacional Electoral asumió un reto mayúsculo: computar todos y cada uno de los votos y resultados de una elección inédita.
El INE, en su calidad de autoridad administrativa, es responsable de sumar los sufragios, asignar cargos y entregar constancias de mayoría para los distintos órganos jurisdiccionales, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito.
En este contexto, se detonó una controversia insoslayable: el INE decidió, de manera unilateral, declarar la “inviabilidad” de computar los votos de diversas casillas en la elección de ministras y ministros -y de otros cargos judiciales-, bajo el argumento de supuestas irregularidades —participación superior al 100% del listado nominal, tiempos atípicos de votación o la aparición de “casillas zapato”, entre otros—.
Aunque nadie niega la gravedad de estas anomalías, la decisión del INE encierra un precedente sumamente delicado.
En el sistema jurídico mexicano, la distinción entre autoridades administrativas y jurisdiccionales es clara.
Cada una tiene funciones específicas que no deben confundirse ni invadirse.
El INE es un órgano administrativo; su papel no es juzgar ni declarar nulidades, sino organizar y dar certeza a los procesos electorales.
La nulidad de votación, por su propia naturaleza, es una medida extrema y excepcional, reservada al ámbito del Tribunal Electoral, que debe sustentarse en pruebas plenas, análisis objetivo y debido proceso.
Permitir que una autoridad administrativa anule, siquiera de manera material, los votos recibidos en casilla, es abrir la puerta a la confusión de competencias y a la erosión de las garantías electorales.
La tutela de la legalidad y la preservación del sufragio corresponden, en última instancia, a los tribunales especializados, no al INE.
De ahí que la actuación reciente del Instituto no solo resulte impropia, sino que sienta un antecedente riesgoso para la democracia mexicana.
La preocupación aumenta cuando una minoría de consejeras y consejeros electorales propuso, abiertamente, no declarar la validez de la elección de ministras y ministros, argumentando la presencia de incidentes como los famosos “acordeones”.
Esta postura, más allá de sus justificaciones técnicas, evidencia un ánimo purista que no encuentra soporte en la ley ni en la realidad política.
Paradójicamente, son los mismos actores que, en otros episodios clave—como la extensión irregular del mandato del ex Secretario Ejecutivo del INE o la negativa a revocar candidaturas controvertidas—han ignorado los límites normativos y hoy enarbolan la ley como estandarte.
El riesgo no es menor: si el Tribunal Electoral no corrige este criterio y permite que el INE rebase su mandato constitucional, podríamos sentar bases para la arbitrariedad y la incertidumbre en futuras elecciones.
Se trata, en esencia, de defender la arquitectura institucional: la administración electoral debe limitarse a organizar y transparentar resultados electorales, mientras que la jurisdicción sobre nulidades y controversias es tarea exclusiva de los tribunales.
Más allá de la coyuntura, lo cierto es que el pueblo ya eligió, en condiciones inéditas y con participación masiva, a quienes habrán de impartir justicia.
La elección judicial marcó un antes y un después en la relación entre ciudadanía y Poder Judicial: por primera vez, la toga dejó de ser patrimonio de una élite para convertirse en un mandato refrendado en las urnas.
Renunciar a este avance, permitiendo que decisiones administrativas suplan el juicio de los tribunales, implicaría retroceder y posponer la democratización del Poder Judicial por generaciones.
Por el contrario, exigir el respeto a las competencias y corregir las extralimitaciones del INE significa honrar la voluntad popular y consolidar una justicia cercana, legítima y transparente.
El desafío ahora recae en el Tribunal Electoral, llamado a restablecer el equilibrio y devolver el cauce legal a la elección judicial.
En conclusión, no es tiempo de nulidades administrativas ni de atajos institucionales. Es tiempo de defender el Estado de derecho y consolidar, con hechos y decisiones firmes, el modelo de justicia que la ciudadanía eligió el pasado 1 de junio.
La historia nos observa: que el cambio no quede en el papel, sino en sentencias justas y procesos ejemplares.
