Operación Chapultepec

compartir

Operación Chapultepec

Por Kenia Antuna | miércoles, 30 de diciembre del 2020.

En cuanto fue aprobada la vacuna contra covid-19 por los países que participaron en su elaboración así como su aplicación de emergencia, el gobierno de México -como colaborador de los ensayos mundiales en la preparación de la vacuna- fue el primer país en Latinoamérica en adquirirla. Enseguida se anunció que el personal de salud en el primer frente contra covid-19 y las personas adultas mayores serían las y los primeros en recibir la aplicación. 

Para la mayoría de la gente, sería una obviedad la prioridad que tiene la protección de las personas más vulnerables -como las adultas mayores- y de quienes por su profesión están en más riesgo -como el personal de salud-. Sin embargo, para los conservadores significó una amenaza a los privilegios a los que acostumbrados; creyeron que por tener mayores posibilidades económicas su vida era más valiosa que la de las y los demás.

Partiendo del hecho bien conocido que la vacuna es un recurso finito y limitado en el mundo, el gobierno de México, en mayo de 2020 suscribió ante la OMS que “la vacuna contra covid-19 no debe ser de nadie y debe ser gratuita para todos”. Sin embargo, dadas las condiciones de emergencia, fue necesario planear su aplicación de manera escalonada, no sólo en México sino en el mundo. 

Como era de esperarse, los países más desarrollados y con mejores condiciones económicas garantizaron las dosis para sus poblaciones, y no sólo eso, sino que adquirieron un mayor número de dosis que su número de habitantes. En tanto, otros no pudieron ni siquiera garantizarla para el total de la población; por ejemplo Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea podrán reiterar la vacuna, vaciando los primeros almacenamientos en el mundo. 

El esfuerzo para lograr los distintos ensayos de la vacuna en el mundo fue resultado de alianzas entre los gobiernos y la iniciativa privada, demostrando una vez más que la mano invisible del mercado no es más que una falacia. Tan es así, que los mayores inversionistas del mundo, Adar Poonawalla y Carlos Slim, priorizaron sus países natales, India y México para su financiamiento y no utilizaron ningún criterio financiero o contable: simplemente se pudieron dar el lujo de tomar decisiones con base en sus preferencias. 

A la llegada de las tres mil primeras dosis, los políticos conservadores y la prensa vendida menospreciaron el esfuerzo del gobierno de la Cuarta Transformación al ser una cantidad mínima. No reparan en decir que las farmacéuticas anunciaron que, en el mejor de los casos, las primeras vacunas que compraron algunos gobiernos -como el de Estados Unidos- estarán disponibles hasta junio de 2021; es decir: no es un asunto de recursos económicos sino de disponibilidad. 

En varias ocasiones el gobierno de México ha recalcado su apego por atender a las personas más vulnerables: los programas sociales universales para las personas adultas mayores son muestra de ello. Por supuesto, la emergencia de la pandemia no es la excepción, demostrando que la contingencia mundial no debe ser pretexto para la injusticia. 

Lamentablemente, esta visión humanista no es compartida por todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el aún presidente Donald Trump anunció que los ciudadanos americanos tendrían prioridad para la aplicación de la vacuna antes que los migrantes. Al ser el país que alberga casi el 20% de la migración mundial es condenar a esos millones de personas a la muerte o las secuelas del coronavirus en el mejor de los casos. 

Sin duda, la pandemia profundizó los valores y juicios que motivan a los gobiernos a actuar. Además, se demostró que el libre mercado no garantiza ni siquiera los mínimos vitales para la subsistencia; no hubo ningún gobierno en el mundo, ni siquiera los portavoces del capitalismo, que dejara a la suerte del mercado la aplicación de la vacuna. Adicionalmente, no hubo un sólo esfuerzo de los distintos laboratorios en el mundo que no incluyeran recursos públicos.

La decisión de no dejar en manos de los privados la aplicación de la vacuna para los grupos conservadores es un golpe directo al ego y soberbia que los sostiene, si las empresas venden el recurso limitado que es la vacuna, no sólo las personas más pobres quedarán a la deriva sino también las personas morenas e indígenas. Según datos del INEGI, las personas de piel blanca tienen mayores ingresos que las personas de piel morena, quienes también tienen mayor probabilidad de tener un bajo nivel educativo y heredar la pobreza de sus antecesores. Estos datos nos demuestran que la exigencia de la venta en el “libre mercado” de la vacuna no sólo es una medida clasista sino racista.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no existe ninguna restricción más allá de las que tiene COFEPRIS para la comercialización de la vacuna, y dejó en claro que tendrían que ser las propias empresas quienes gestionaran su adquisición si así lo desean. Esta situación hizo rabiar a varios, acostumbrados a traficar influencias, creyeron que el gobierno tiene la obligación de tener empresas favoritas y negociar -para ellas y con ellas- los servicios que debe prestar, como si los derechos humanos -como la salud- fueran una mercancía política. 

En definitiva, la pandemia en ningún país ha tenido un escenario deseable. Los daños, las pérdidas humanas y los millones de personas en situación de pobreza que dejará no son motivo de festejo. No obstante, en el caso de México está demostrado que el cambio por el que votaron más de 30 millones de personas es una realidad, que el voto popular tiene consecuencias históricas y que, aunque estamos en el peor momento no sólo en el país sino en el mundo, tenemos al mejor gobierno. 
 

Por Kenia Antuna | miércoles, 30 de diciembre del 2020.

Kenia Antuna

Servidora del Pueblo, politóloga por la UNAM, militante de izquierda. Aprendiz del General Lázaro Cárdenas y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ver todas sus columnas

Comentarios