Todo apunta a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) va a desaparecer, al menos como un organismo constitucionalmente autónomo. La mayoría de sus funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública, que cambiará de nombre para convertirse en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Para conversar sobre este tema, Carlos Marín invitó a su espacio en Milenio a la Dra. María Marván Laborde, quien es una reconocida académica y fue consejera del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de 2003 a 2011 —lo presidió de 2003 a 2006—, así como del Instituto Federal Electoral de 2011 a 2014, antes de que ambos fueran reformados y adquirieran su carácter nacional.
En la entrevista, la Dra. Marván acierta en señalar que el valor del Inai como organismo autónomo está en su función para decidir ante los desacuerdos que se suscitan entre las autoridades y la ciudadanía sobre si cierta información debe o no ser pública. En estos casos, la autonomía constitucional es la que, en teoría, permite a las y los comisionados decidir sin interferencias, especialmente de las autoridades sobre las que recaen las decisiones. Sin embargo, más adelante, la Dra. Marván concluye apresuradamente que la desaparición del Inai implicará una disminución en la garantía de los derechos a la transparencia y al acceso a la información y que tendremos gobiernos más opacos y corruptos. Esta conclusión, compartida por un amplio grupo de opositores, tiene una falla fundamental: conciben que la única forma para garantizar estos derechos es la que ellas y ellos construyeron.
Desde el Obradorismo, la perspectiva es completamente diferente. Por un lado, el Inai es considerado como un organismo innecesariamente grande y caro, con demasiadas plazas y salarios inflados. Por ejemplo, de acuerdo con su estatuto orgánico, el Inai tiene 26 direcciones generales. En comparación, las secretarías de Gobernación y de Educación Pública tienen 31 cada una y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solo cuenta con 15, según sus reglamentos internos. Las y los comisionados, conscientes de esta situación y de otras que también constituyen gastos innecesarios, propusieron a la secretaria de Gobernación una reducción presupuestal de 30% que parece no ser suficiente.
El Obradorismo también está al tanto de las acusaciones que enfrenta el Inai por el mal uso de los recursos públicos, el cobro de cuotas salariales, las plazas ocupadas por aviadores y los contratos irregulares, aunque la oposición parece no tomar esto en cuenta cuando se discute el tema. A manera de ejemplo, un caso de corrupción ampliamente documentado y reportado por la prensa es el uso de tarjetas corporativas American Express para pagar restaurantes, bares y hasta tables, por parte de secretarios y comisionados del Inai. Los cargos son de 2014, aunque se dieron a conocer públicamente hasta 2023, junto con toda una red de encubrimiento, la cual involucra al actual comisionado presidente.
Al respecto, el diagnóstico de la Dra. Claudia Sheinbaum expresado en la conferencia mañanera del 31 de octubre es contundente: el Inai está plagado de corrupción. La autonomía constitucional fue utilizada para repartirse el presupuesto y los cargos durante 20 años y para instaurar cotos de poder. Más allá de las conductas que pueden constituir un delito, esta corrupción no solo muestra una falta de integridad de las y los comisionados, por acción u omisión, sino también que sus decisiones no están guiadas por el interés público y, por lo tanto, pueden ser cooptadas. Así, el valor de la autonomía quedó dinamitado.
Por otro lado, la Cuarta Transformación conceptualiza la transparencia de otra forma. Las conferencias mañaneras, que comenzaron cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal y que retomó en su periodo como presidente, son un ejercicio inédito de rendición de cuentas, que la Dra. Claudia Sheinbaum —consciente de su poder transformador— decidió mantener. Nunca antes en la historia de este país, un presidente había ofrecido ese tipo de apertura a los cuestionamientos, ni se había dedicado a informar con tanto ahínco sobre las actividades gubernamentales y los razonamientos detrás de las decisiones. Esto no impide reconocer que, al mismo tiempo, las conferencias mañaneras del expresidente López Obrador fueron un instrumento de propaganda política, y que no estuvieron exentas de mentiras e impresiones, acusaciones sin fundamento y respuestas esquivas, como señalan sus detractores.
Valoraciones aparte, las conferencias mañaneras son objetivamente un éxito desde distintas perspectivas y mediciones; tanto que la oposición ha fracasado en sus numerosos intentos por imitarlas. No reconocerlas como una práctica positiva de transparencia proactiva y su contribución a la rendición de cuentas, como parece ser el caso de la Dra. Marván, es miope, por decir lo menos.
Definitivamente, la creación del Inai representó un avance indiscutible para la rendición de cuentas y un triunfo de la ciudadanía democrática y organizada. Actualmente, en nuestro país existe toda una estructura institucional dedicada a garantizar el acceso a la información y a que todos los gobiernos y las autoridades cumplan con sus obligaciones de transparencia. En su núcleo, eso no tiene por qué cambiar con la desaparición del Inai y de ninguna manera implica forzosamente un retroceso, sobre todo porque todavía no conocemos a detalle cómo se distribuirán las funciones del Inai entre la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el resto de la administración pública federal y los otros poderes y órdenes de gobierno.
Acusar de retrocesos democráticos cuando no sabemos cómo propone la cuarta transformación garantizar estos derechos es sensacionalismo o, de plano, falsedad. Lo que sabemos que debe cambiar, en el marco de una república democrática, son las estructuras institucionales privilegiadas y manchadas por la corrupción, como el Inai. Una vez más, parece que la oposición está más preocupada por defender a sus instituciones y prerrogativas, en lugar de trabajar por el bien del Pueblo de México.
