La reciente firma del acuerdo para mantener precios justos de la gasolina, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por su secretaria de Energía, Luz Elena González, marca un antes y un después en la política energética de México. Este pacto no sólo responde a la necesidad inmediata de estabilizar los costos del combustible, sino que también se erige como un instrumento de justicia social y combate a la delincuencia en el sector. Esta iniciativa beneficia a la mayoría de las familias mexicanas.
En primer lugar, es fundamental reconocer la postura del gobierno actual al adoptar una postura activa en un tema que tradicionalmente ha causado polémica. Durante años, el incremento constante en los precios de la gasolina, más allá de la administración de precios –y ya teniendo un sistema de supuesto mercado donde gasolineros podían definir sus propios precios–, afectó de manera desproporcionada a quienes menos tienen, lo que impulsó la inflación. Con este acuerdo, se busca establecer un precio máximo (24 pesos), ofreciendo un respiro a la economía familiar.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, ha desempeñado un papel esencial en el diseño de esta estrategia. Su vasta experiencia en temas de finanzas públicas y su compromiso con la eficiencia han permitido coordinar esfuerzos entre Pemex, los propietarios de gasolineras y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mediante la aplicación flexible de impuestos, como el IEPS, el gobierno puede compensar aumentos bruscos del mercado internacional, como también las variaciones en costos de transportación y almacenaje, y así equilibrar la carga fiscal para mantener el precio por seis meses.
En el ámbito social, esta política se traduce en una mayor tranquilidad para las familias de bajos ingresos. Con una gasolina más estable y menos susceptible a fluctuaciones abruptas, se reducen los costos logísticos de pequeños negocios y se fortalece la economía familiar. Además, el acuerdo desalienta la compraventa ilegal de combustible —“huachicoleo”— al disminuir sus márgenes de ganancia. Cuando existe una oferta legal sólida y con precios competitivos, la actividad ilícita reduce su atractivo, lo que a su vez fomenta el orden y la seguridad en el país.
Asimismo, algunos críticos señalan que esta forma de intervención estatal podría desincentivar la búsqueda de energías más limpias y el desarrollo de alternativas de transporte. Sin embargo, este pacto no se contrapone a otras estrategias enfocadas en la transición energética. Su gobierno trabaja en el fortalecimiento de opciones renovables como la expansión de parques solares en Sonora, la modernización de las hidroeléctricas de la CFE y el impulso a la movilidad eléctrica con incentivos para la adopción de transporte sustentable. De la misma manera, los gobiernos metropolitanos urbanos avanzan en la modernización del transporte público, y así demuestran que la protección de la economía popular y la promoción de la sustentabilidad no son objetivos contradictorios, sino metas complementarias de una política integral.
Es cierto que imponer topes de precios representa un desafío. Las distorsiones en el mercado, el riesgo de desabasto y la necesidad de ejercer una supervisión permanente son factores que no deben ignorarse. Sin embargo, la coordinación entre distintas instituciones apunta a un manejo responsable y transparente de los recursos. Además, con una estrategia fiscal cuidadosamente diseñada, el gobierno puede asumir costos a corto plazo para asegurar beneficios sociales a largo plazo y reactivar el crecimiento económico.
El pacto de precios de la gasolina ofrece un ejemplo claro de cómo las políticas públicas pueden y deben proteger el interés común. Este esfuerzo no se reduce únicamente a evitar un golpe inflacionario: también refuerza la justicia energética, promueve la prosperidad y combate la delincuencia. Más allá de combatir la delincuencia confrontándola con los menguados sistemas jurídicos y policiacos, atajarla desde su modelo de negocio es marcar el inicio del declive del huachicol. Con decisión y compromiso, el país avanza hacia un futuro donde estabilidad económica y bienestar social caminen de la mano.
