Por: Emmanuel Moya
La economía mexicana se encuentra posicionada en el número 16 a nivel mundial de 193 países según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nuestra economía ha ido disminuyendo posiciones desde 1980, aunque no siempre fue así; llegó a estar entre las primeras diez. Por si fuera poco, la pandemia agravó la situación de todos los países en cuanto al crecimiento económico se refiere; México no fue la excepción, sumado al hecho de que sólo se destinó cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la recuperación, en comparación con otras economías más grandes (como la norteamericana o la alemana) que destinaron hasta el 6%. A pesar de ello, y conforme pase el tiempo, se podrán ver los saldos reales de lo que esta acción puede implicar. A diferencia de otros países, el Gobierno de México no contrató deuda ni préstamos con organismos internacionales para rescatar a las empresas, prefirió apostar por el ahorro y la austeridad para no convertir en deuda pública los pasivos privados, no queremos otro Fobaproa.
Hoy, a pesar de que la pandemia aún continúa en prácticamente todo el mundo, el panorama económico muestra señales claras de recuperación incluso en niveles por arriba de lo esperado. Para el caso de México, la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal) elevó la perspectiva de crecimiento de 5.8% a 6.2% para este 2021 derivado de la reapertura económica que se da este año en comparación con el año pasado y el 2019 cuando inició la pandemia por covid-19 a nivel mundial.[1]
Por otra parte, la economía mexicana requiere de dinamismo y crecimiento sostenido, sin embargo, esto no será fácil si se cumple con uno de los principales compromisos de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador: no subir los impuestos. Para esto, se requiere además del ahorro presupuestario en el gasto de las dependencias federales por medio de la Ley de Austeridad Republicana, así como del ahorro que genere el combate a la corrupción, sumado a la contribución de la sociedad mediante el pago de impuestos, que es obligación de cada persona física y moral; es decir, aumentar la base tributaria y cerrar la brecha a los que con argucias fiscales omiten el pago de los mismos.
La reciente aprobación del paquete económico 2022 que contiene la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos trae aparejada la obligación de que a partir de los 18 años cumplidos los ciudadanos se deben dar de alta en el RFC del SAT. Además, se llevan a cabo acciones de mayor fiscalización y reducciones en las deducciones por concepto de diversos gastos. Este paquete económico, independientemente de la polémica que pudo haber generado, pretende incrementar la recaudación y la captación de mayores ingresos a la Hacienda Pública; se trata de combatir con mayor fuerza la informalidad. Si lo vemos por otro lado, en últimas fechas se han promovido mecanismos de pago con tarjeta o con celular en lugares que difícilmente se aceptaban, claro, existe una resistencia sinérgica ante estas nuevas tecnologías precisamente por la fiscalización que esas prácticas conllevan; no obstante, esto llegó para quedarse, al grado de que hasta el transporte público ya se puede pagar con tarjeta de crédito.
Para aumentar la base tributaria y con ello la recaudación también se han implementado diversas estrategias de gobierno como son:
- La simplificación de regulaciones, trámites y servicios complejos que tienen altos costos de cumplimiento y que son propensos a la corrupción.
- Reducir la carga administrativa referente al pago de impuestos, aprovechando nuevas tecnologías, adaptando el marco jurídico y evitando también la duplicidad de requerimientos de información.
- Diseñar regímenes fiscales que incentiven la formalidad de los pequeños contribuyentes.
- Combatir la ilegalidad, no la informalidad, para que poco a poco las personas de este sector se incorporen a la formalidad.
- Procesos legislativos, como ejemplo tuvimos la incorporación de las trabajadoras domésticas al seguro social.
- Programas como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que permite que miles de estudiantes que no encontraron un trabajo al terminar sus estudios, en lugar de irse al sector informal al no haber oportunidades en su carrera, se incorporen como aprendices y en un futuro tengan una amplia posibilidad de ser contratados de manera formal por la misma u otra empresa, obviamente, pagando sus impuestos.
Ahora bien, los anteriores puntos solo son unas de muchas políticas públicas y estrategias para exigir el pago de los impuestos, aquí lo importante es que se está cerrando la brecha entre quienes no pagan de arriba (clase alta), y quienes no pagan de abajo (clase baja).Obviamente quien gana más paga más, ya que es un principio de proporcionalidad constitucional del artículo 31 que debe ser respetado. Lo que debe ser justo para todos los mexicanos, en particular para la clase media que es la que sostiene gran parte de las contribuciones del gasto público, es que todos deben pagar impuestos y en la misma medida exigir a las autoridades que estos sean aprovechados de manera adecuada, eficiente y transparente.
[1] Sitio web: https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia
@emmanuel_moya_
Licencia en Derecho y Maestro en Políticas Anticorrupción. Constitucionalista y penalista. Especialista en seguridad.
