En los últimos días, algunos voceros de la oposición han intentado instalar la idea de que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 aprobado en lo general y lo particular por la Cámara de Diputados el pasado 06 de noviembre, “duplicará la deuda” y “pondrá en riesgo la estabilidad económica del país”. Lo repiten como dogma, sin detenerse un segundo a revisar los datos ni a entender la lógica detrás de una política fiscal responsable. Entre ellos, el senador plurinominal Ricardo Anaya, que volvió a aparecer para advertir que México “se está endeudando como nunca”. Pero lo que no dice es que la deuda pública no es un fin en sí misma: es una herramienta de financiamiento, y su sentido depende de qué se hace con ella.
Desde una perspectiva económica, la narrativa de que “la deuda se duplicó” omite un hecho esencial: México sigue siendo uno de los países con menor deuda pública de América Latina. En 2024, organismos como la CEPAL y el FMI reconocieron la solidez de las finanzas mexicanas. A diferencia de gobiernos anteriores, no se ha incrementado el endeudamiento externo de manera abrupta ni se ha comprometido la soberanía financiera. Por el contrario, se ha mantenido un equilibrio entre inversión pública, ingresos tributarios y gasto social, con un margen fiscal que permite seguir financiando proyectos estratégicos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara al respecto: el PEF 2026 no busca aumentar la deuda, sino canalizar los recursos hacia inversión, bienestar y desarrollo nacional, con criterios de estabilidad macroeconómica. Los fundamentos están ahí: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el indicador más amplio de deuda, se mantiene por debajo del 50% del PIB, un nivel sostenible de acuerdo con todos los estándares internacionales.
Pero conviene aclarar algo: la deuda pública no se mide en relación con el Presupuesto de Egresos, sino con el PIB, porque éste refleja el tamaño de la economía y su capacidad de generar ingresos. El presupuesto es una proyección anual de gasto, mientras que el PIB representa el valor total de los bienes y servicios producidos en el país.
En este sentido, la verdadera discusión no es si el Estado debe endeudarse o no, sino para qué y con qué propósito. Endeudarse para rescatar a banqueros, como en los años del expresidente Zedillo con el FOBAPROA o para sostener privilegios burocráticos, es muy distinto a usar la deuda para construir infraestructura, garantizar derechos sociales o fortalecer la transición energética. En ese sentido, el PEF2026 consolida un modelo de gasto progresivo, redistributivo y socialmente responsable. No se incrementa el gasto global: se redistribuyen 17 mil 788 millones de pesos que antes se concentraban en organismos con bajo impacto social, como el INE, el Poder Judicial o el INAI, para destinarlos a programas que sí transforman la vida de la gente.
La Presidenta ha subrayado además que la deuda no se usará para gasto corriente, sino para inversión productiva: construcción de infraestructura carretera, modernización eléctrica, fortalecimiento del sistema ferroviario, vivienda popular, salud, educación y programas de bienestar. Cada peso invertido genera actividad económica y empleo.
Por eso resulta tan importante desmontar el discurso con el que algunos pretenden señalar erróneamente la deuda pública. Los gobiernos neoliberales recortaron el gasto social y dejaron que los mercados autorregularan la desigualdad. Hoy el paradigma es otro. La austeridad republicana no abandono ni desmantelamiento social. Endeudarse para ampliar la capacidad productiva del Estado no es un error; es un acto de soberanía económica.
En el fondo, lo que se debate no es solo un presupuesto, sino dos modelos de país. Uno que cree que el mercado resolverá por sí mismo los problemas estructurales; y otro, el que hoy impulsa la Cuarta Transformación, que sostiene que el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizar derechos, distribuir riqueza y planificar el desarrollo. El PEF 2026 no es una carga para el futuro: es una apuesta por un país con justicia social y estabilidad macroeconómica.
En este momento histórico, México demuestra que puede crecer, invertir y proteger el bienestar sin caer en desequilibrios fiscales. Lo que incomoda a los conservadores no es la deuda, sino su sentido, que ahora financia al pueblo. Porque la verdadera deuda que este país tenía, y que hoy empieza a saldarse, era con la gente: con las mujeres, con los jóvenes, con quienes nunca fueron prioridad en los presupuestos de antes. Hoy esa deuda se convierte en capital público para el bienestar, fundamento de la estabilidad económica nacional.
