El pasado junio, la Cámara de Diputados Federal aprobó diversas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con la finalidad de brindar mayor protección al Sistema Nacional Financiero, reforzando obligaciones como: el reporte de beneficiarios finales de lo que la Ley considera como actividades vulnerables, sumando —entre estas— el mercado inmobiliario, los criptoactivos y los servicios de fideicomisos.
Y es que las reformas versan en nuevos supuestos de actividades vulnerables, por ejemplo se faculta a la Secretaría de Haciendo y Crédito Público, y a la Comisión Nacional Bancaria para supervisar y sancionar a los sujetos obligados.
Lo que resulta relevante es el término de: “Persona Políticamente Expuesta”, siendo esta aquella persona que se desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o extranjero (como embajadores, representantes residentes..), es decir, funcionarios públicos que ejercen funciones relevantes, es decir de alto perfil, alineando el término con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), siendo este un organismo intergubernamental que establece parámetros internacionales para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A quienes les aplica la reforma, funcionarios de alto nivel como: ministros, jueces, gobernadores, altos mandos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional. Esto es relevante, ya que las Personas Políticamente Expuesta por las tareas ejercidas, representan riesgos en materia de corrupción y lavado de dinero, púes las facilidades de acceso a recursos públicos y conexiones políticas pervierten el ejercicio debido del poder público.
La importancia de ello, permite a México alinearse al GAFI y mejorar su perfil ante la comunidad internacional, pues dicho organismo lo evalúa directamente, más aún cuando México, es vecino de Estados Unidos, el país más importante de los mercados financieros del mundo.
Recordemos que las reformas obedecen a recomendaciones importantes emitidas por el GAFI, desde el 2018, que México no logró atender a cabalidad.
Y ¿por qué es tan importante el GAFI? Una mala evaluación tiene consecuencias graves para el país, como: el aumento en los costos de operación para bancos del país por tener mayor escrutinio y vigilancia internacional, con probabilidades de ser incluidos en la lista gris, cuestión que ya les ha ocurrido a otros países, y también la perdida de inversiones y relaciones bancarias en el ámbito internacional.
En conclusión, en breve veremos cual será el nuevo texto normativo más acabado, el cual podrá ser consultado en el Diario Oficial de la Federación.
