Según especialistas, la administración pública es un componente esencial del funcionamiento de un Estado moderno, se encarga de la implementación de políticas y programas diseñados para mejorar el bienestar de la sociedad y busca garantizar que las decisiones tomadas por el gobierno sean efectivas y se traduzcan en acciones concretas que beneficien a la sociedad; sus actividades pueden abarcar desde la gestión del presupuesto estatal, hasta la supervisión de servicios públicos, así como el desarrollo de regulaciones que aseguren el bienestar general; la perspectiva de género, en tanto, ha sido definida como una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se generan no sólo por determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Por ende, analizar alguna situación bajo la perspectiva de género, permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está «naturalmente» determinada, ayudándonos a demostrar, -y a comprender más profundamente-, no sólo la vida de las mujeres, sino también la de los hombres y las íntimas relaciones que se dan entre ambos.
Por otra parte, la transversalización de la perspectiva de género en una administración pública representa el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas, en las políticas públicas, mediante la incidencia en las decisiones claves del diseño, implementación y evaluación de los programas presupuestarios. Transversalizar implica un proceso estratégico para incorporar una perspectiva temática o área de enfoque en toda la gestión pública de forma ordenada, sistemática, progresiva y verificable.
Las políticas de igualdad demandan, para ser eficaces y efectivas, de los siguientes elementos: a) Igualdad ante la ley (armonización legislativa); b) Transversalización (proceso permanente); y, c) Acciones afirmativas (medidas temporales). En el caso de nuestro país y gracias a la lucha de las mujeres, desde 1974 se inició a construir un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos de las mujeres; en 2011 esta construcción se potenció con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, por la cual los convenios y tratados internacionales se elevaron a nivel constitucional, es decir, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW y todos los instrumentos internacionales de los derechos de las mujeres a partir de 2011 son de obligatoriedad constitucional para el Estado mexicano.
Nuestra primera Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, como una de sus prioridades, presentó, impulsó y defiende con sólidos argumentos la Reforma Constitucional para la protección y ampliación de los derechos de las mujeres, que actualmente es una realidad, misma que establece n el artículo 41, la obligatoriedad de la paridad de género en la Administración Pública Federal y estatal. Sin duda, hace falta mucho más, pero las bases están sentadas de forma clara y con la conciencia de que, para atender las desigualdades, es necesario entender, analizar y presentar soluciones diferenciadas y claras a la raíz de la violencia, así como visibilizar y empoderar a las mujeres en todos los ámbitos, en una sociedad donde lo masculino siempre ha sido lo dominante y de mayor privilegio.
La incorporación de la perspectiva de género en la administración pública en nuestro país no es sólo una cuestión de justicia social, sino una necesidad para garantizar la equidad, la eficiencia y la representatividad en la gestión gubernamental. Esta perspectiva permite identificar, visibilizar y corregir las desigualdades estructurales que históricamente han afectado a mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En un país donde las brechas de género persisten en múltiples ámbitos —desde la participación política hasta el acceso a servicios públicos de calidad—, es imperativo que las políticas públicas se diseñen y ejecuten con un enfoque inclusivo y equitativo, en todos los niveles de gobierno. La perspectiva de género permite analizar cómo las decisiones gubernamentales impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres, y plantea soluciones que promueven la igualdad sustantiva.
Además, integrar este enfoque fortalece la democracia, ya que garantiza que la administración pública represente y atienda a toda la población, no sólo a una parte de ella. Por último, debemos recordar que las instituciones más diversas e inclusivas, también tienden a ser más transparentes, sensibles a las necesidades ciudadanas y responsables en el uso de los recursos públicos.
