Pluma Patriótica

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Políticas públicas para una seguridad con perspectiva de género

A partir de la presente administración, la seguridad ciudadana se ha vuelto el centro de gravedad de la política de seguridad nacional, en contraste con el pasado, cuando se vislumbraba a la seguridad nacional como sólo lo que atañe a la Seguridad del Estado. 

En este panorama sin precedente, existe la posibilidad de innovar ante el desafío que representa la exacerbada violencia que viven las mujeres mediante la redacción y la implementación de políticas públicas en materia de protección a toda mujer y niña que permitan aumentar los esfuerzos del transformado Estado Mexicano.

Si bien los esfuerzos por las instituciones del Gabinete de Seguridad en la aplicación de la estrategia de seguridad han sido considerables —entre los cuales resalta el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, que promueve instrumentos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno—, es requerido que se incluya un necesario enfoque integral en la política de seguridad, no para volverla feminista, sino para volverla incluso más humanista, pues todos los grupos vulnerables además de las mujeres, como lo son las niñas y niños, están siendo las principales víctimas de la violencia en la sociedad así como del crimen organizado. El clamor social de las mujeres está indicando al Estado Mexicano la existencia de una alerta social sobre los grupos indefensos. Y por ellos hay que trabajar.

Por esta razón es propio continuar los esfuerzos en permear los órdenes de gobierno en México con políticas favorables hacia las necesidades de seguridad de niñas, niños y mujeres, y para ello sugeriré las siguientes acciones.

Primero: para el orden federal, es requerido reforzar la perspectiva de género en la política nacional de seguridad. Ello se logrará con integrar políticas públicas al Programa para la Seguridad Nacional 2020-2024 el cual vendrá a complementar la visión de prioridad de la seguridad ciudadana en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Dicho Programa aún está en redacción y puede revisarse para que incluya objetivos y líneas de acción que conlleven a una mejor atención institucional de género para combatir el feminicidio, así como detectar y atender las causas que generan la violencia hacia las mujeres.

De forma agregada, para la Fiscalía General de la República, es preciso redoblar esfuerzos institucionales para encaminar el sistema de justicia a la atención de las mujeres y niñas y asegurar que los ministerios públicos garanticen un pleno acceso a la justicia y eviten la revictimización en mujeres que han sido violentadas. Es preciso entender que parte del reclamo social expuesto en días recientes implica señalar que la impunidad se está convirtiendo en una licencia para matar en México y por ello, se ha convertido en un problema grave de seguridad ciudadana y por ende de seguridad nacional. Ante este panorama el sistema judicial debe trabajar de manera más eficaz y eficiente, para asegurarle a la sociedad mexicana que no quedará impune ningún caso de quien agreda, violente o asesine a una niña o mujer.

De igual forma hay que proseguir con los esfuerzos encaminados a la defensa de mujeres e impulsar las capacidades institucionales de las instancias del Gabinete de Seguridad para que sigan protegiendo a las mujeres y niñas.

Segundo: en los estados y municipios se debe replicar el esfuerzo federal dado que el problema de la violencia hacia las mujeres es un asunto que crece principalmente por la omisión de atención y seguimiento en el orden local.

Para ello, en una primera instancia, se puede generar una comisión específica en materia de prevención de violencia hacia la mujer en la próxima reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y redactar una agenda temática con un Programa de Trabajo calendarizado y generar acuerdos entre los 32 gobernadores para trabajar en conjunto con la sociedad y disminuir el flagelo que se vive hoy en día como mujer. La meta es detonar esfuerzo colectivo para que las mujeres vivan más seguras. Eso se traduce en gobernabilidad.

En una segunda instancia, la CONAGO puede generar un esquema de coevaluación para cada una de las entidades federativas de las acciones llevadas a cabo hasta el momento en la materia, estimar sus resultados obtenidos y en dado caso corregir y planear nuevas alternativas de atención ante el grave problema de violencia hacia las mujeres. En una tercera instancia, se puede también dar seguimiento en la CONAGO a la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes creada a inicios del 2019.

Posteriormente en una cuarta instancia, los gobernadores deben impulsar cambios hacia el interior de sus estados y generar políticas públicas con sus presidentes municipales que puedan representar un verdadero cambio en la atención a las mujeres, tales como: reforzar protocolos de atención en casos de desaparición de mujeres y darles seguimiento; capacitar a la policía de proximidad para que detecte zonas de riesgo para las mujeres y dotar de mecanismos de atención y confianza policial; reforzar medidas de protección a las niñas en las escuelas y estancias infantiles; ubicar y combatir redes de secuestro, trata y prostitución, así como concientizar a la sociedad con campañas sobre la violencia de género y promover los derechos de las mujeres.

Incluso los congresos estatales pueden analizar ampliar la prisión preventiva a los casos de violencia de género para frenar el círculo de violencia que afecta a las mujeres y que los hombres que las violenten no se conviertan en feminicidas, así como elevar las penas para acosadores, violadores y pederastas.

Finalmente, las fiscalías estatales deben volcar sus esfuerzos institucionales en atender a los grupos vulnerables y tener como preeminencia la protección de mujeres y menores de edad quienes son los sujetos más vulnerados ante el fenómeno delictivo en México. Esto implica fortalecer sus capacidades de investigación ante delitos sexuales y delitos relacionados con la violencia de género; dar mejor atención a familiares de víctimas; capacitarse en derechos de las niñas y niños; ubicar patrones geográficos en los feminicidios; determinar y detallar perfiles de víctimas; perseguir las redes de secuestro, trata y prostitución de niñas y mujeres, y robustecer sus capacidades periciales y forenses para una mejor procuración de justicia.

En días recientes se ha presenciado un hecho histórico. El reclamo femenino hará historia: las instituciones del Estado Mexicano pueden incorporar políticas públicas innovadoras para ubicar a la mujer y sus derechos en México como una prioridad para la seguridad en México, y con ello aunar la protección de los sectores indefensos que representan los niños y niñas; todos ellos grupos vulnerables que conforman la mayoría poblacional, y en quienes se encuentra el futuro de México.

 

María De Haas Matamoros. Especialista en Seguridad. Tiene estudios de posgrado en Seguridad internacional, nacional e interior. Actualmente es candidata a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac México.

Twitter: @Maria_De_Haas

contacto@mariadehaas.com

Instagram @Maria.De.Haas

www.mariadehaas.com

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