La educación pública es el umbral que abre nuestra disposición a integrarnos a los proyectos colectivos. Muchas compañeras y compañeros hemos comenzado nuestra participación política asistiendo por cuenta propia elaborando carteles, repartiendo volantes, asistiendo a marchas, participando en alguna brigada o tomando la palabra en una asamblea escolar, gracias a que tuvimos un lugar en las aulas universitarias.
Quienes hemos militado en los movimientos estudiantiles por la defensa de la educación pública y gratuita, vivimos la doble posibilidad que nos dio el bachillerato y la universidad pública: un espacio para socializar con otros como nosotros, con quienes compartíamos un horizonte de vida y un espacio de politización continua, que iba a la par de los contenidos de los planes de estudio que cursábamos.
Así han transcurrido generaciones y generaciones de estudiantes, quienes han sostenido la bandera del derecho a la educación, movilizándonos para concretar una educación crítica, científica, gratuita y popular que, sobre la base del conocimiento, propugne por el bienestar de todo el Pueblo. Desde los profundos ideales de justicia social que heredamos de la Revolución Mexicana, la posibilidad de leer el mundo e interpretar nuestra realidad —para transformarla— es una de las condiciones que el Estado debe garantizar a todos sus integrantes, en especial para a sus jóvenes.
Porque no hay movimiento más desapegado de un beneficio individual que los protagonizados por las y los jóvenes de todos los tiempos, que seguirán reivindicando para otros jóvenes —a quienes nunca llegarán a conocer personalmente—, el mismo derecho que ellos se esfuerzan por ejercer con amor y generosidad. Esa complicidad entre generaciones solo es posible cuando compartimos la convicción que la educación debe ser un derecho y no un privilegio. Es un compromiso ético intergeneracional.
Desde estas convicciones, solo puede ser motivo de celebración que —por decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum— las escuelas del sistema de bachillerato público dejen de competir o atomizarse entre sí, y comiencen a complementarse como un Bachillerato Nacional, en la tarea común de ofrecer un lugar a todos esos jóvenes mexicanos que desean seguir estudiando como una opción de vida.
A contracorriente de lo que sucedió desde 1996 cuando se implantó el modelo Comipems en la capital del país, ya no será un examen único el que determine cuál será el lugar que ocuparán los estudiantes para continuar sus estudios. Durante el auge de las políticas neoliberales, desde las rectorías y direcciones de las instituciones de educación superior se abrazó este pensamiento tecnocrático como supuesta tabla de salvación para hacer instituciones públicas “viables” económicamente, es decir abocarse en generar ingresos en escuelas que fueron creadas bajo el ideal de abrir sus puertas para todos.
Desde una perspectiva meramente economicista, se impusieron en las instituciones educativas los modelos gerenciales que dictaban alcanzar “calidad y excelencia” como supuestos indicadores objetivos traspuestos desde el pensamiento empresarial, dejando en segundo término los complejos procesos pedagógicos que implican formar personas de manera integral y la necesidad de formar los profesionistas que la nación reclama.
Esa especie de anti valores humanistas que fomentan el individualismo y la competencia entre estudiantes comenzando con los exámenes de selección, también implicaron una concepción elitista de las mismas instituciones públicas que siguieron siendo financiadas con los recursos de todos los mexicanos, pero que en la práctica se convirtieron en nichos para gremios que terminaron funcionando como mafias para reproducir sus intereses. Torres de marfil.
Para esas academias anquilosadas, lo principal era reproducir ese modelo de administración, y no extender la cobertura, ni el alcance social de sus instituciones. Así fue como conscientemente cerraron sus puertas, negando el ejercicio de su derecho, a miles y miles de jóvenes que fueron estigmatizados socialmente como “ninis”.
Ese mismo modelo mercantil impuso como “obvio” que las instituciones públicas tenían que cobrar cuotas porque ofrecían un “servicio” que a manera de “inversión” harían a sus estudiantes competitivos para incorporarse al mercado.
Ese es el capítulo que empieza a cerrarse cuando los gobiernos de la 4T garantizan las bases materiales para hacer efectivo el derecho a la educación con la creación y reconocimiento de nuevas instituciones educativas que atienda primero a los jóvenes con mayores desventajas económicas y vulnerabilidades, hasta lograr asegurar a todos los estudiantes en México una beca a lo largo de todo su recorrido escolar.
Porque estas nuevas generaciones de jóvenes —que hoy tienen garantizado un lugar en la educación media superior— serán quienes retomarán la tarea que muchos sostuvimos durante nuestros años como estudiantes. Solo de ellos dependerá transformar estas universidades públicas que aún no logran salir de sus inercias burocráticas, en los espacios de libertad donde se termine de concretar ese acto de justicia que tanto soñamos. Cuando las aulas se terminen de llenar con los hijos de trabajadores, obreros y campesinos, cuando alcancemos una educación verdaderamente pública para la felicidad de todos, habremos vencido, porque ya no para el interés de los pocos.
