El debate generado por la protesta contra la gentrificación el pasado 04 de julio es una señal clara de la politización del pueblo de México. Más allá de formas, actores y responsabilidades administrativas, es un acierto que se retome a la agenda pública.
El problema no es nuevo, data de años atrás. Está ligado a la falta de una normatividad clara que proteja a las vecinas y vecinos ante la desigualdad económica y sus actores.
ONU-Hábitat señala que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención.
Por su parte, la UNAM refiere —a través del geógrafo Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía— que la gentrificación está ligada a políticas de vivienda que favorecen a los grandes inmobiliarios, situación que tiene como consecuencia la migración de residentes ante el aumento de costos económicos de las nuevas viviendas.
La periodista Estefanía Veloz señala que la Ciudad de México “expulsa” anualmente a más de 20 mil hogares de bajos ingresos por falta de opciones de vivienda asequible, según lo expuesto por el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial. Si a esto se le suma la precariedad de quienes viven con el salario mínimo, hay más de un motivo para la reflexión y el matiz.
El origen del problema está en la desigualdad económica. El modelo neoliberal se caracteriza por la falta de creación de vivienda social, la desregulación del mercado, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de incremento real del salario mínimo. Ante la ausencia de derechos, la ley del mercado se impone.
Los gobiernos de la transformación han hecho esfuerzos para revertir el rezago, cuyo trasfondo está en la complicidad del poder político con el poder económico. Aquella frase expuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador cobra sentido.
Los famosos cárteles inmobiliarios están presentes en el financiamiento a campañas, en la academia y en la red mediática. Es así como se preparan, parafraseando al italiano Antonio Gramsci, en la conquista del poder cultural antes que la del poder político para crear un nuevo sentido común que justifique y apruebe los desplazamientos de las personas vulnerables en las ciudades.
La planeación del despojo se rompe con el activismo desde lo popular, cuya claridad política permite identificar el problema desde las estructuras: se requiere un nuevo pacto social que no sea esbozado desde las élites y sus emisarios, sino desde las calles y barrios.
Ahora que el tema vuelve a la palestra, los gobiernos estatales y locales, así como sus congresos, están convocados a emprender acciones para señalar las prácticas de gentrificación que se practican en las ciudades y pueblos.
El 04 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, puede convertirse en la Jornada Nacional Contra la Gentrificación para recordarnos la importancia de la organización popular frente al gran capital y sus aliados.
