Desde hace treinta años, la mentalidad neoliberal ha centrado la producción, distribución y exhibición de películas en esquemas de compra y venta de mercancía. En México, se han formado sociedades anónimas productoras que pactan con el oligopolio de distribuidores y exhibidores la comercialización de sus filmes en el poco espacio que queda ante la implacable oferta de cine estadounidense. Así, el mercado gana, pero el cine como el séptimo arte pierde. Desde luego, los privados tienen jurisdicción a lucrar con cualquier actividad artística, pero eso no impide que miles de obras cinematográficas valiosas en ámbitos humanos distintos al económico, se queden enlatadas o, peor aún, en una mera carpeta de trabajo.
Hoy, en la industria cinematográfica mexicana estamos lejos de cumplir el señalamiento del Presidente de que los recursos económicos se orienten directamente a los trabajadores, sin intermediarios. En el cine, los que hacen la obra —las y los directores, actores, guionistas, técnicos, etc.— deberían recibir directamente el capital para determinar, motu propio, el destino de sus obras.
La 4T, al desechar la mentalidad neoliberal, debería contemplar a las películas como manifestaciones artísticas y a sus condiciones de divulgación ‒la distribución y exhibición‒ como un deber estatal paralelo a la industria privada. El Estado debería ocuparse de distribuir películas, exhibirlas y hacer salas propias en todo el país. Parte del dinero que se recaude en taquilla y en las diversas ventanas de exhibición y ventas debería ir directamente de regreso a los cineastas para recuperar lo invertido y tener capital fresco para realizar una nueva película. La persona trabajador-cineasta pertenecería al sindicato y realizaría películas por la vía sindical y en cooperativas. Así, gozaría de las prestaciones sociales que marca la Ley Federal del Trabajo, las ganancias se distribuirán entre los miembros y de manera más equitativa.
Pero, hasta hoy, en la Secretaría de Cultura y en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) perdura el pensamiento de que el quehacer cinematográfico es una actividad para pocos, exclusiva. Tras dos años de gobierno de López Obrador, las autoridades de estas dependencias siguen la máxima del gatopardismo: ‘cambiar un poco para que todo quede igual’.
Sí, fue positivo eliminar los fideicomisos en el cine (FIDECINE y FOPROCINE) que eran a menudo cooptados por grupos de interés que orientaban los fondos hacia proyectos “comerciales” y que eran nidos de corrupción. Pero en su lugar las autoridades del IMCINE rápidamente crearon un nuevo Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), que controla ahora los magros recursos en las mismas formas y agentes burocráticos favorables para los intereses del mercado. Así, el IMCINE resulta otra vez un intermediario con mentalidad neoliberal.
Cuando Alberto Isaac y yo concebimos el decreto fundacional de IMCINE, lo hicimos pensando en la libertad de expresión y de creación, erradicando cualquier índole de censura. Eso no significaba renunciar al Estado, sino asignarle el lugar que le corresponde en las artes: crear condiciones materiales para que estas puedan florecer como bienes públicos, accesibles, transparentes, en favor de la recreación y libertad de todas las personas-cineastas. Tampoco suponía renunciar a la idea del cine como industria que emplea a millones de personas en el mundo, sino de encauzar esa virtud económica en favor de la dignidad de los trabajadores y lejos del lucro individual y frecuentemente corrupto.
Nunca pensamos que el Estado terminaría replegándose y cediendo la distribución y exhibición únicamente a privados. Mucho menos pensamos que su participación se reduciría a asignar fondos pírricos frente a las mega-producciones hollywoodenses. Y menos aún, que esos recursos serían ‒eventualmente ‒ cooptados también por intereses, otra vez, de “amiguismo” y de lucro.
En el cine mexicano urge un cambio: urge que la 4T recupere este bien público estratégico para el Estado, para el bienestar material de miles de trabajadores cineastas y para el bienestar espiritual del país.
Seamos positivos y permitamos que la 4T llegue finalmente al cine mexicano.
Para empezar, urge promulgar una radical nueva ley general de cinematografía.
