El pasado 09 de octubre ingresó al Senado de la República un paquete de reformas presentadas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024. Una de éstas contiene la creación de la Fiscalía especializada en delitos de violencias contra las mujeres, de ahí que se hizo imperativo presentar en Jalisco la reforma a la Constitución Política del Estado, en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, con la reforma al Artículo 53, para garantizar las funciones de procuración de justicia que el Estado está obligado a realizar con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, Iegalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, todo ello con perspectiva de género y respeto a Ios derechos humanos. Para proteger el derecho de Ias mujeres a una vida Iibre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con las violencias de género.
La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no sólo es un mandato constitucional, sino también un principio fundamental reconocido por la comunidad internacional. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), destaca que los Estados deben adoptar medidas afirmativas para eliminar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, garantizando su acceso pleno a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales. En este sentido, la propuesta mencionada se fundamenta en el compromiso de Jalisco por garantizar un marco jurídico que promueva una sociedad más igualitaria, equitativa y justa.
De acuerdo con informaciones recientes del INEGI, el 66 % de las mujeres mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia (INEGI, 2021). Esto evidencia la persistencia de desigualdades que limitan el desarrollo pleno de las mujeres, lo que urge a la implementación de medidas concretas para erradicar las violencias de género. Adicionalmente, la CEDAW subraya que los Estados deben adoptar medidas temporales especiales para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, incluyendo reformas legislativas y programas específicos orientados a empoderar a las mujeres en ámbitos donde históricamente han estado subrepresentadas (Naciones Unidas, 1979).
Una fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres es necesaria para investigar y perseguir estos hechos, y así garantizar que las víctimas reciban justicia y protección. Es responsabilidad del Estado asegurar y comprometerse que las víctimas sean escuchadas y que los agresores sean castigados y evitar la impunidad en delitos como feminicidios, violencia familiar y abuso sexual, ademas de garantizar un proceso de justicia eficiente, brindar atención integral a las víctimas y evitar la revictimización.
Se requiere que dicha fiscalía cuente con las características investigación y persecución especializada, que brinde atención con perspectiva de género, que cuente con autonomía técnica y presupuestaria, y que quien tenga la titularidad de la misma, sea mujer, con experiencia en derechos humanos y con una práctica jurídica en perspectiva de género.
Los delitos de violencia contra las mujeres son múltiples e interseccionales, es decir, se presentan engarzados varios delitos, pero sin duda, la fiscalía especializada debe investigar y procurar justicia de los delitos de las violencias establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, como la violencia física, psicológica, sexual y económica, amenazas de actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual; coacción y otras privaciones de libertad; discriminación contra las mujeres, así como la desigualdad en la distribución del poder, como la violencia política y los recursos entre hombres y mujeres.
Deberá ser una fiscalía que investigue y procure justicia de los delitos relativos a las violencias contra las mujeres, que las viven y padecen por su condición de género, y para ello también contemplamos la figura de Parlamento abierto, con miras a que se convierta en una herramienta importante para generar la interacción con la ciudadanía y especialistas en la materia, que abra la comunicación y el análisis de la pertinencia e importancia de las iniciativas, transparente la información, desarrolle procesos éticos y proporcione criterios de oportunidad, además de que nos permita fomentar la participación ciudadana en la creación de leyes, como la que propuse al Congreso. Apostamos en Jalisco por este proceso para garantizar la transparencia en la elección de quien sea electa titular, así como el seguimiento de su proceder para garantizar justicia para las mujeres y niñas.
