El pasado 20 de agosto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó en la conferencia mañanera la propuesta de Morena para llevar a cabo la elección de las personas que integrarán al poder judicial. El mes pasado, en este espacio, nos manifestamos en contra de la elección de jueces y magistrados, aunque a favor de la renovación de todas las personas que actualmente ocupan esos cargos. Sin embargo, ante aprobación de la reforma, con la consecuente elección, a continuación, reproducimos la propuesta que expuso la secretaria y compartimos una contrapropuesta.
La reforma contempla que la elección ocurra en dos etapas: una en 2025, en la que se elegirá a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las personas que integrarán el nuevo tribunal de disciplina, a las dos vacantes del tribunal electoral y a la mitad de las jueces y magistradas; y otra en 2027, en la se eligirá a la mitad faltante de jueces y magistrados, incluyendo los cargos restantes del tribunal electoral.
Esta propuesta también considera comités de evaluación (uno por cada poder público), quienes verificarán que todas las personas que aspiren a un cargo judicial cumplan con los requisitos establecidos y, luego, por insaculación, seleccionarán a dos o tres candidaturas (dependiendo del cargo) para cada plaza vacante. De esta forma, las y los cuidadanos votaremos por diez jueces, diez magistrados, nueve ministras y cinco integrantes del tribunal de disciplina, más los cargos para el tribunal electoral, cuidando que exista paridad entre mujeres y hombres. El INE será el ente responsable de organizar y supervisar la elección, y no se permitirá el financiamiento público ni privado, aunque habrá tiempos en radio y televisión y debates para conocer a las personas que aspiren a los cargos. Por último, ganarán la elección aquellas personas que obtengan el mayor número de votos.
El gran inconveniente es que cada persona tendrá que votar por al menos 35 cargos en conjunto (aunque no nos quedó claro si eso ocurrirá en 2025 o entre 2025 y 2027). Es mucho, ya que esto implicaría revisar la trayectoria de las más de cien personas que aspiren a los cargos, a lo que se agregaría lo correspondiente a los poderes judiciales de las entidades federativas. Actualmente votamos por seis cargos (tres ejecutivos y tres legislativos), tanto federales como estatales, y la verdad es que muchas veces no sabemos por quien votamos, incluso siendo personas conocedoras e interesadas en los temas públicos. Otro inconveniente es que los tres poderes públicos, de cierta forma, tendrán control sobre los procesos de evaluación y la selección de los aspirantes.
Ante esto, desde aquí proponemos aprovechar toda la estructura e infraestructura electoral con la que ya cuenta el INE. En este sentido, la elección puede realizarse con base en los distritos y las circunscripciones electorales. La elección distrital es ampliamente flexible, pues permite elegir sin mayor complicación cantidades mayores o menores de juzgadores (aunque sería idóneo que la reforma incluyera la contratación de más jueces). Por ejemplo, si en una sola elección votamos por tres jueces por distrito, resultarían ganadores 900 juzgadores. Lo mismo puede ocurrir con las circunscripciones para el caso de los magistrados y magistradas de los diversos tribunales.
La selección por distrito simplifica el proceso de la elección tanto para el INE como para la ciudadanía, ya que no tendremos que decidir con base en un largo pergamino, sino por medio de boletas con el nombre de tres o cinco personas por cargo —o el número que se defina—. Para obtener a los tres o cinco aspirantes por distrito, se podría abrir una convocatoria nacional. Después de una primera selección de los aspirantes por el INE, a partir de los requisitos que se establezcan con la reforma, se podría implementar un examen de selección para escoger a las tres o cinco personas por distrito con las mejores calificaciones.
Así, se simplifica y abarata el proceso de elección, se asegura que personas expertas ocupen los cargos y se garantiza, en la medida de lo posible, que sus decisiones sean imparciales. Para fortalecer esta última ventaja, se pueden incluir sorteos en algunas etapas del proceso para distribuir territorialmente las candidaturas o los cargos electos. De este modo, se evita hasta cierto punto cualquier intromisión indebida, porque nadie sabría de antemano que juzgado le tocará.
Esta es solo una propuesta, de las múltiples que deben de valorarse y considerarse, para equilibrar la proclamada legitimidad democrática de las personas juzgadoras con las complejidades técnicas que implica la elección de los más de 1,600 cargos judiciales federales, y posiblemente un número adicional de jueces locales. En el balance entre estas consideraciones radicará la viabilidad de la reforma.
