El derecho a la protesta en México ha tenido una larga y compleja evolución, marcada por la lucha social y la represión estatal. A lo largo de las décadas, diversos movimientos sociales han utilizado la protesta como herramienta para exigir cambios políticos, sociales y económicos. La protesta social es parte de la vida democrática de un país, y esto es ahora más entendido y valorado que nunca.
En estos tiempos, ante la conclusión de la primera etapa de la Cuarta Transformación, sabemos que, independientemente del motivo, podemos salir a manifestarnos en el zócalo de la capital de nuestro país. Y al salir, podemos hacerlo sin miedo a la represión que vivimos en los momentos más oscuros del totalitarismo del pasado y de la larga noche neoliberal.
Aquí hago una ligera pausa e invito a la gentil persona lectora a que se tome un momento para revisar estos videos, que son los anexos a la recomendación 7/2013, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y corresponden a las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012, denominado por las autoridades como «Transmisión del Poder Ejecutivo Federal» y «Palacio Nacional». Son 30 videos en donde se rescatan algunas de las prácticas de represión que apenas hace 12 años se sufrieron en el centro histórico. En esos videos podrán observar detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, la narración de cómo se detuvieron a personas inocentes y se les imputaron delitos que nunca cometieron, entre otras violaciones.
Y ahora, en ese mismo centro histórico, el pasado domingo 18 de febrero se realizó la marcha rosa convocada por la oposición. Fue una marcha tranquila, hasta cierto punto ordenada y sin amedrentamientos por parte del Estado. Circularon una serie de quejas, reclamos y comparativas. Por ejemplo, una de las plumas favoritas del conservadurismo, Enrique Krauze, comparó la marcha rosa con la marcha de 1968, aludiendo que costó sangre la consolidación de la democracia. Para muchos, esta comparativa es ofensiva, toda vez que, precisamente, la histórica marcha de 1968 fue encabezada y pagada con sangre por la izquierda del país, no por la derecha convocada en esta ocasión. Las centenas de personas arrestadas, desaparecidas y vejadas durante décadas no acudieron a la convocatoria del conservadurismo y, aun así, saben que su lucha también ampara que hoy puedan marchar sin miedo a la represión.
En las redes sociales, se generaron críticas sobre el permitir el paseo dominical en bicicleta, considerándolo un sabotaje a la marcha. Parece que carecen de experiencia en marchas, ya que históricamente se ha permitido el flujo vehicular lateral y la gestión de vialidades. Por otro lado, vemos como las expresiones clasistas, como «sólo los ociosos marchan» o acusar a quienes utilizan microbuses de ser acarreados, están siendo cuestionadas. Es lógico que para asistir a una marcha se requiera organización logística, como el uso de microbuses y vagonetas. Estos comentarios reflejan el desconocimiento de las dificultades de marchar que tuvimos en épocas de gobiernos conservadores, cuando los preparativos incluían anticipar posibles agresiones de las fuerzas de seguridad.
El derecho a la protesta es un derecho fundamental que permite a las personas expresar públicamente sus ideas, opiniones y demandas, buscando generar cambios en la sociedad o en las políticas públicas. Este derecho se fundamenta en las libertades de expresión, reunión y asociación, y es esencial para el funcionamiento de una democracia sana.
No puedo dejar de mencionar que, de ninguna manera, deseo dar la equivocada idea de que no hay una agenda que atender en materia de protección y garantía del derecho a la protesta social. Vivimos en un país donde, principalmente, los gobiernos municipales tienen una agenda muy amplia por construir y trabajar en materia de atención y respuesta a la protesta social. De la misma manera, afirmo que vivimos tiempos de Transformación donde la protesta no se criminaliza, persigue ni reprime, y eso no es un logro del conservadurismo, sino un logro de múltiples esfuerzos colectivos, aunado a la convicción de los gobiernos que hoy encabezan a la Ciudad de México y la República.
El derecho a la protesta social en México es un derecho fundamental que ha sido construido a través de décadas de lucha social. A pesar de los avances, aún hay desafíos que enfrentar para garantizar su pleno ejercicio. La defensa de este derecho es esencial para la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Y por eso da gusto que la oposición salga a la calle, sin los temores que otros hemos sufrido cuando ellos estaban en el poder.
