La gentrificación es un concepto escupido tantas veces en redes sociales que ya nadie sabe lo que significa. Creen que es sinónimo de “que llegue un Starbucks”, juran que es puro resentimiento de los jodidos contra los extranjeros, o que si hay café caro, tacos veganos y calles limpias, entonces todo está bien. Pero la gentrificación no es una moda, ni una pose ideológica. Es un fenómeno económico, urbano y social que afecta a millones, y que no se resuelve ni a tuitazos ni a chingazos, sino con políticas públicas, conciencia social y empatía.
Para entender qué es y qué no es la gentrificación, partamos de lo básico. Gentrificar significa que una zona popular, históricamente habitada por personas de clase trabajadora o sectores medios precarizados, se transforma por la llegada de capital, personas con más dinero o inversiones que elevan el valor del suelo, los servicios y las rentas, de forma que los habitantes originales ya no pueden sostener su vida ahí. Los echan con las cifras, con los contratos, con la especulación, con las reglas del juego del mercado inmobiliario. No los sacan con armas, pero sí con recibos de luz imposibles, con contratos no renovados, con promesas de “reubicación”.
Y no, la gentrificación no es que lleguen extranjeros a turistear, ni que abran una cafetería con pan de masa madre. Tampoco es que a ti te guste tomar café orgánico o que abras una librería bonita en la Doctores. No es un problema de gustos, ni de estética. Tampoco es un proceso espontáneo de “mejora urbana” como suelen venderlo los desarrolladores. La gentrificación es una consecuencia de la desregulación del mercado de vivienda, de la financiarización de las ciudades, de años de gobiernos neoliberales que apostaron por atraer inversión inmobiliaria sin blindar el derecho a la ciudad de quienes ya vivían ahí. Es política, no tendencia.
La gentrificación afecta directamente a la clase trabajadora porque convierte el derecho a la vivienda en un privilegio. Porque cuando una renta promedio en la Roma Norte llega a los $29,000 mensuales, o en la Del Valle supera los $20,000, no estamos hablando de progreso, sino de exclusión. Porque cuando el salario mínimo ronda los $6,200 al mes según la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y la mitad de la población mexicana gana menos de $10,000, rentar en zonas céntricas se vuelve un imposible, y entonces las personas se ven obligadas a desplazarse a zonas periféricas donde los traslados al trabajo toman tres o hasta cuatro horas diarias. Eso no es libertad de elección. Es expulsión económica.
También lo es que miles de viviendas en colonias como Juárez, Condesa o Centro Histórico se destinen a Airbnb, eliminando oferta de renta tradicional para residentes locales. Y que grandes empresas como Blueground acumulen más de 200 propiedades para rentar a nómadas digitales con ingresos en dólares, mientras jóvenes capitalinos comparten «depas» entre cuatro en Iztapalapa. Hay quienes dicen que los extranjeros no tienen la culpa. Pero cuando hay miles de personas en la ciudad con ingresos diez veces superiores al promedio (y con una situación migratoria y fiscal dudosa), sí influyen en el mercado local. No porque sean “malos”, sino porque el modelo económico, político y cultural permite que lo hagan sin restricciones. Por eso son parte del problema, aunque no sean el único.
La gentrificación también reconfigura el tejido social. Borrar una comunidad para sustituirla con otra más rentable es una forma de colonización. No con armas, sino con contratos de arrendamiento. No con violencia física, sino con desposesión sistemática. Desaparecen tortillerías y aparecen dark kitchens. Se cierran papelerías y se abren coworkings. Se borran rótulos y se pintan fachadas “minimalistas”. Se va la señora que vivió 40 años en la misma vecindad y llegan los departamentos tipo loft con vista al parque. Así se mata una comunidad. Y el silencio que queda se llama gentrificación.
No distingue si tú pagas tu renta a tiempo o si te costó esfuerzo llegar a donde estás. Porque incluso si hoy puedes pagar $16,000 por vivir en San Rafael, eso no quiere decir que no seas víctima. Si tienes que destinar el 60 o 70% de tu ingreso mensual a la renta, no estás ganando la batalla, estás sobreviviendo. Y si mañana te suben otros $3,000, probablemente tengas que irte. Así funciona la trampa: mientras más normalices lo absurdo, más te hundes sin darte cuenta.
Urge regresar la conversación a lo esencial: el derecho a vivir dignamente en la ciudad no debe depender del tamaño de tu cartera. Se requiere una reforma migratoria, regulación de rentas, freno al abuso de Airbnb, inversión en vivienda pública y políticas urbanas pensadas para quienes viven y trabajan en esta ciudad, no para los que solo vienen a capitalizarla.
La ciudad fue construida por quienes la habitan, no por quienes la compran. Y si no defendemos eso, un día despertaremos como turistas en nuestro propio barrio.
