En agosto de 1996, en pleno apogeo del proceso de reforma estructural impulsada por los gobiernos de estirpe neoliberal para ensanchar y salvaguardar el patrimonio de las elites, el presidente Ernesto Zedillo hizo pública una reforma constitucional mediante la que se incrementaba el número de integrantes que conformaban el Senado de la República, pasando de 96 a 128 escaños. La decisión abrevaba del proceso de ampliación de la Cámara de Diputados desarrollado casi veinte años atrás bajo la conducción de Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación del presidente José López Portillo.
En aquel entonces, los reclamos de amplios sectores de la población por garantizar los derechos a la participación y la pluralidad política frente a un régimen que se distinguía por su autoritarismo eran cada vez más incontenibles. La Masacre de Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971, junto a la conformación de organizaciones guerrilleras en el sur del país eran pruebas inequívocas de la urgencia de democratizar el ejercicio del poder y abrir canales de participación institucional a las fuerzas disidentes, cada vez más activas y numerosas.
Consciente del espíritu de la composición de la Cámara de Diputados, la cual debe reflejar la pluralidad de la Nación, Reyes Heroles integró a su célebre reforma política-electoral de 1977 la determinación de crear doscientas curules adicionales en la Cámara Baja, las cuales serían otorgadas por vía de representación proporcional. Con ello, se garantizaba que todos los partidos políticos que participaran en las contiendas electores accedieran a una cierta cantidad de diputaciones federales plurinominales, pues estas serían asignadas en función del número de votos obtenidos en cada una de las cinco circunscripciones en que divide al país y no de las victorias alcanzadas en sus distritos.
No obstante, la propuesta de Reyes Heroles no impactó en la integración del Senado del República, cuya composición responde a criterios distintos a los de guían a la Cámara Baja. Después de todo, la primera tiene la encomienda de vigilar y salvaguardar el pacto federal y la soberanía estatal. Por esta razón, a diferencia de la Cámara de Diputados, a quien se le encarga personificar al pueblo de México en toda su diversidad, sobre el Senado reposa la responsabilidad de encarnar los intereses y preocupaciones de las 32 entidades federativas. Ello no impidió que, dos décadas más tarde, Zedillo inaugurara 32 nuevas senadurías electas bajo el criterio de representación proporcional por la vía de una sola lista nacional.
Desde entonces, cada seis años, la lista nacional ha alojado a algunos de los nombres más deleznables de la política mexicana y, dado que quienes la integran no debe someterse al escrutinio popular que significa una elección, ha sido por esta vía que han logrado sostenerse en el poder algunas de las figuras que despiertan mayor animadversión entre la ciudadanía. Así, personales de la talla de Diego Fernández de Cevallos, Carlos Romero Deschamps y Roberto Gil Zuarth, entre otros, han ocupado un papel relevante en la defensa de los intereses de las cúpulas económicas y políticas que, hasta 2018, mantenían secuestradas las instituciones, gozando a cambio del prestigio y los jugosos sueldos que brinda el Senado de la República.
Recientemente, el PRI y el PAN hicieron públicos los nombres de quienes integran sus listas para contender nuevamente por una de las 32 senadurías de representación personal y las cosas no cambiaron de lo visto en sexenios previos. Para comenzar, son sus propios presidentes quienes las encabezan, Alejandro Moreno por el PRI y Marko Cortés por el PAN, señalados como la peor generación de dirigentes que hayan tenido estos partidos. A ellos les suceden personalidades tan oscuras como Ricardo Anaya, Lily Téllez, Carolina Viggiano y Manlio Fabio Beltrones. Semejante elenco confirma como la lista nacional sigue sirviendo como un tanque de oxígeno para algunos de los peores trúhanes de la vida pública.
Consciente de esta situación, la reforma político-electoral propuesta en marzo de 2023 por el presidente López Obrador contenía entre sus apartados la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional, devolviendo con ello el fundamento federalista de la Cámara Alta. La iniciativa fue rechazada por la alianza McPrianista, que seguramente vio como ésta amenazaba la supervivencia de sus cúpulas y el mantenimiento de sus privilegios. Sin embargo, ahora sabemos que el presidente pronto presentará una nueva iniciativa con el mismo propósito. Es vital que, como pueblo consciente, organizado y movilizado, acompañemos estos esfuerzos que persiguen combatir la corrupción, recuperar el Senado de la componenda partidista y en última instancia devolver dignidad a la representación parlamentaria.
