junio 14, 2021

Pluma Patriótica

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martes, 9 marzo, 2021
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Reflexiones sobre la crisis sanitaria y el 8M

Durante las siguientes líneas me quiero concentrar en el desmenuzamiento de la acusación que se ha lanzado durante días recientes, que señalan como represor al Gobierno de la Cuarta Transformación, tanto del manejo de la pandemia como de la manifestación feminista. 

Para iluminar este oscuro asunto, hay un deslinde que hace el filósofo brasileño del derecho Boaventura de Souza Santos en un breve ensayo que realizó a principios de la pandemia denominado “La cruel pedagogía del virus”, en donde esboza una serie de directrices y preguntas interesantísimas para abordar la crisis sanitaria desde una perspectiva crítica. En su texto, problematiza el concepto “estado de excepción” haciendo una distinción que me parece muy pertinente para el tema que nos ocupa: el profesor abona al debate internacional una nueva categoría de análisis al poner de relieve que habrá que diferenciar entre un “Estado democrático de excepción” y un “Estado antidemocrático de excepción”. 

En nuestro país, a pesar de que no se decretó la ejecución del artículo 29 constitucional para declarar el estado de emergencia, lo cierto es que con el Decreto de distanciamiento social sí fueron suspendidos algunos derechos fundamentales resguardados en la Carta Magna, como el derecho de reunión y de comercio. Medidas necesarias para evitar la saturación de la capacidad hospitalaria del país. En ello, las declaraciones del Presidente de la República llevaron implícita la orden de “prohibido prohibir”, al mismo tiempo que apeló al Pueblo en su conjunto para el acatamiento de las medidas de distanciamiento social. Estas acciones metaconstitucionales se pueden encuadrar perfectamente en lo que Boaventura conceptualiza como un “Estado democrático de excepción” pues no fueron utilizadas las fuerzas armadas para contener la pandemia. 

Por otro lado, entidades como Chihuahua y Jalisco —de la mano sus gobernadores— transgredieron las facultades del ejecutivo nacional y declararon de facto “estados regionalizados de excepción” mediante órdenes  ejecutivas que facultaron a sus policías estatales para reprimir con violencia policial a quienes no llevaran cubrebocas, lo que desembocó incluso en la muerte de un joven en Jalisco y multas excesivas en Chihuahua con la pretensión, incluso, de llevar a rango de ley la utilización de cubrebocas. No obstante, el Congreso local del estado rechazó dicha medida. Los anteriores casos caen en el marco de “un estado antidemocrático de excepción”, toda vez que se suspendieron derechos constitucionales utilizando el aparato estatal en menoscabo de la población y contraviniendo convenios internacionales en conjunto con el propio 29 constitucional. 

El manejo de la pandemia fue solo una de las tantas pruebas políticas que ha tenido el gobierno de la 4T. Otro de los retos que le tocó enfrentar fue la manifestación del 8M por el día internacional de la mujer, donde la catarsis se concentró en la Ciudad de México y en la cual fueron bastante criticadas las vallas de contención frente a Palacio Nacional. A lo largo de la jornada de protestas, pudimos ver los reclamos de miles de mujeres que interpelaron al ejecutivo expresando consignas, pintas y performance de memoria colectiva al colocar flores en las vallas, que fueron utilizadas como pizarrones para recordar a las víctimas de feminicidio y desaparición. En contraste, hubo grupos que utilizaron bombas molotov para atacar a los cuerpos de policías femeninas del gobierno de la CdMx. Sobre el asunto, la Jefa de Gobierno lanzó al público un comentario en la rueda de prensa sobre lo ocurrido en el Zócalo capitalino:

La Doctora dijo "Me gustaría que se debata si las mujeres policías deben ser quemadas como trataron de hacerlo ayer y si eso no es violencia de género". El planteamiento queda en el aire, sin embargo, sirve como un punto de partida de reflexión para preguntarnos: ¿cuáles deben ser los límites que debe interponer el Estado ante las manifestaciones de acción directa que apelan a la violencia física?

Justamente, también hay que poner en la balanza si era necesario hacer un despliegue de ostentación armamentístico en Palacio Nacional con elementos que tenían en su poder anti-drones —que fueron confundidos por francotiradores—. Porque teniendo el clima social tan tenso, lo menos que se debería hacer es otorgarle razones dignas de considerar a quienes se oponen electoralmente al gobierno buscando cualquier indicio de represión. Por fortuna, no fue el caso y todo quedó en un malentendido que asustó a las presentes.

Pienso que para entender el fenómeno social que estamos presenciando, hay que tomar en consideración dos factores que me parecen importantes a la hora de buscar las causas de la animadversión: el primero es el caso de Félix Salgado Macedonio y el segundo es el contexto histórico de un gobierno popular que tiene un desbordamiento de las demandas democráticas en materia de violencia de género, en donde las instituciones se han visto rebasadas históricamente de manera transexenal ante el reclamo de acceso a la justicia y seguridad ciudadana para las mujeres mexicanas. Es en este tenor que hubo un evidente desatino por parte del CEN de Morena, en paralelo con la comunicación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el tratamiento del tema de Salgado Macedonio. Un mal cálculo que cobra factura en las calles cuando se experimenta un cambio de régimen que pone al frente reclamos históricos. No es una exageración por parte de las compañeras feministas del movimiento los reclamos en contra de estas posiciones políticas. A diferencia de otros momentos, el movimiento feminista es la vanguardia y el Presidente debería ser la retaguardia respaldando sus agravios históricos. 

Es innegable que el movimiento feminista tiene años tomando cada vez mayor fuerza a nivel global, pero también es verdad que en México logramos percatar particularidades que ponen un énfasis especial dado su carácter de  país con una historia de feminicidios sistemáticos que se han vuelto un paradigma mundial, tras la realidad social de casos como el de Ciudad Juárez como el epicentro mundial de violencia feminicida desde 1993.

Aunado a lo anterior, durante el 2020 y principios de este año se vivió una situación histórica de contención social debido al aislamiento social que provocó que las protestas—y sus aglomeraciones— se suspendieran para evitar los contagios masivos. Esto acumuló la rabia de los sectores marginados, incluyendo el incremento de la violencia intrafamiliar, en virtud del confinamiento. Todos estos factores fueron el acumulado sociológico de un descontento social que se canalizó durante esta marcha.

Lamentablemente, estas demandas legítimas están siendo aprovechadas por una oposición que no se ha sabido articular más allá de Ricardo Anaya y sus patéticos intentos por mostrarse cercano a un Pueblo que ha despreciado, pero que sí ha leído muy bien el ánimo social en materia de género para golpear al gobierno. 

En síntesis, me parece que las acusaciones contra este gobierno se caen cuando se observa el actuar de la administración en situaciones de excepcionalidad, donde hay políticas de contención antes que de represión. Por el contrario, habrá que preguntarnos si quienes acusan de represión desde la oposición han actuado conforme a la protección de los derechos humanos en los estados donde gobiernan. Considero que, para los casos de Chihuahua y Jalisco, hubo un mal manejo de la emergencia sanitaria y el descontento social con medidas a todas luces inconstitucionales y represivas. Asimismo, no han sido un ejemplo en la protección de los derechos de las víctimas. Si se pierde de vista esto, entonces no podremos ver más allá del ruido mediático. Espero que para el debate sirvan de herramientas analíticas esta distinción entre estados democráticos y estados antidemócratas en el contexto de una excepción política. 
 

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