O “cómo rechazar al PRI sin parecer panista en el intento”.
Si creyéramos el tuit de Rubén Moreira, el PRI es un partido socialdemócrata, de centro izquierda, que se ha “sacudido” al neoliberalismo. Todos tenemos derecho a cambiar, claro, pero el problema es que ahí donde el PRI sigue siendo gobierno, no se ve para nada esa supuesta “sacudida”, sino más bien lo contrario: siguen siendo el mismo PRI de siempre.
Con el pretexto de esa declaración, quiero compartir unas reflexiones sobre lo que es, según pienso, la esencia del PRI: su estructura territorial. En la mayor parte de Coahuila, en donde Rubén gobernó en el periodo 2011-2017, así como en las diversas regiones del país en las que sigue siendo competitivo o dominante, ese partido cuenta con estructuras territoriales muy fuertes que articulan sus militantes desde el nivel jerárquico inferior, en territorio —generalmente las “lideresas” — con el partido y el gobierno.
Especialmente durante las campañas electorales, se plantean diversos enfoques sobre ese fenómeno. Por lo general, se ubica como el ejemplo mayúsculo de tráfico con la pobreza (que algunos denominan, quizá despectivamente, “clientelismo”), la compra de votos, las elecciones de estado y la asociación entre pobreza con la imposibilidad de tener “una verdadera democracia”, etc. Como se alcanza a apreciar ya en esa lista, buena parte de esa crítica tiene elementos clasistas que reproducen la idea liberal clásica de que “solo deberían votar los que tienen dinero”, pues los pobres son naturalmente susceptibles de manipulación y eso que no me refiero a expresiones mucho peores: “comelonches”, ignorantes, vendidos, etc.
Una primera aproximación al fenómeno (que no caiga en eso sin tampoco pretender ser un abordaje sistemático o académico) debe partir desde el contexto: en efecto, existe una asociación entre pobreza y el grado de implantación de dichas estructuras. Sin embargo, eso es solo el punto de partida.
¿Cuál es la racionalidad de quienes venden su voto y, más en general, su adscripción y participación política, a cambio de diversos beneficios que de entrada nos aparecen como más bien escasos, mezquinos? ¿Se trata simplemente de “ignorancia” que intercambia favores menores por poder político altamente redituable (que, además, se tornará contra ellos en toda decisión fundamental)?
Para responder (y desmontar) lo anterior, habrá que iniciar reflexionando a qué nos referimos cuando hablamos de “pobreza”. El mercado es una fuerza social colosal que, sobre todo cuando está totalmente libre de ataduras, impone una realidad brutal: nuestra propia supervivencia, incluso a un nivel básico (alimento, ropa, refugio), depende de dicha fuerza y de las posibilidades de insertarse en él de alguna u otra forma. La combinación de desempleo (imposibilidad de venderse como fuerza de trabajo), inestabilidad laboral y precariedad (pérdida de conquistas históricas como contratos colectivos, salarios mínimos mayores, etc.) da lugar a enormes poblaciones que viven sistemáticamente en la pobreza. Eventos fortuitos, como accidentes, enfermedades, problemas con “la ley” o conductas antisociales de algún miembro de la familia (alcoholismo, violencia, drogadicción) pueden convertir rápidamente un escenario de pobreza en otro mucho peor, de degradación total, de lucha franca por la sobrevivencia.
Por si fuera poco, al Estado mexicano, con los tres órdenes de gobierno e incluyendo los tres poderes, se le ha dado forma, especialmente durante todo el periodo neoliberal, para cumplir funciones de asilar, violentar, empobrecer más y controlar a los pobres. Evidentemente, el triunfo popular del 2018 ha logrado revertir algunos elementos y cada vez se avanza más, como: detener complicidad de las autoridades laborales con las patronales para no reconocer movimientos de trabajadores; los aumentos al salario mínimo, y la reorientación del gasto público a atender algunos de los sectores más vulnerables y donde la pobreza es más extendida (como los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes sin posibilidad de empleo, comunidades indígenas y campesinas, etc.) pero también es evidente que se trata de un proceso por lo que aún no cambia por completo ese carácter y, en el caso de poderes y gobiernos que no son parte de la 4T (ya sea que son opositores o reivindican falsamente a la 4T) ese carácter está totalmente inalterado cuando no se sigue intensificando en sus ámbitos de competencia.
Esa realidad social general se manifiesta en múltiples y cambiantes necesidades: conseguir la libertad para un miembro de la familia que cayó en la cárcel, encontrar los alimentos para el día o conseguir un uniforme para la escuela, por poner algunos ejemplos. Frente a esas necesidades múltiples y cambiantes, la mayoría de las cuales resultan de la propia dinámica excluyente del mercado y del carácter antipobres de muchas facetas aún del Estado, la microgestión encabezada por lideresas del PRI, especialmente en aquellas regiones en las que gobiernan, se muestra como la posibilidad de una atención “fluida” en contraparte de programas oficiales con reglas rígidas, que, legal o ilegalmente (aunque siempre en forma condicionada y en ese sentido ilegal) resuelven en parte problemas de la vida cotidiana: lideresas que logran sacar chavos de la cárcel (que estaban ahí por el punitivismo antipobres que el propio PRI ha promovido históricamente, junto con el PAN), que logran acelerar la atención médica (por la falta de un sistema más robusto de salud pública), etc.
Las estructuras territoriales del PRI son más eficaces cuando han encontrado en la contraparte del partido (que son los gobiernos municipales, estatales o en su momento federal), cierta apertura y cierto ánimo de atender las peticiones surgidas desde sus estructuras, y pierden eficacia cuando desde dichos gobiernos se imponen visiones más indiferentes. Un ejemplo paradigmático es el gobierno de Humberto Moreira en Saltillo y luego en Coahuila que, no obstante, un manejo sumamente corrupto de las finanzas públicas articuló la ilegal asociación entre PRI-gobierno a niveles ya nunca vistos después, que le redituó en un apoyo masivo a su partido e incluso a su persona en un fenómeno que duró fácilmente dos décadas.
Hay dos posturas al analizar este fenómeno que debemos rechazar: la primera es la posición clasista, típicamente enarbolada en Coahuila por el PAN desde su fundación y su militancia anti-priista, que convierte la existencia de estas estructuras en un pretexto para dar rienda suelta a sus prejuicios de clase en contra de la gente pobre a la que, por “pendejos, ignorantes, vendidos”, siguen votando por el PRI “a cambio de un frutsi y una torta”.
La segunda es una posición del digamos “priismo cultural”, que incluso a veces se asoma en algunas posturas dentro de Morena, y que esconde igualmente un desprecio por la gente: hay que competir con el PRI en la repartición de apoyos, en la creación de una estructura paralela ‘distinta pero esencialmente igual’, porque ‘a final de cuentas es lo que la gente quiere’. Para eso, pues mejor afiliarse al PRI directamente, pues ellos son los maestros.
Entonces, ¿cómo oponer a dicha maquinaria una respuesta política que sea sensible, que sea transformadora, que genere politización y que sirva para terminar de mandar al basurero de la historia al priismo? Creo que esa es la pregunta crucial que tenemos que hacernos en donde ese partido sigue siendo hegemónico.
Desde luego, no es un tema menor. Aporto tres propuestas:
- Organización popular. El partido Morena podría dedicar recursos en forma permanente a promover organizaciones en los sectores populares y empobrecidos: cooperativas de consumo, grupos de vecinos que se autoprotegen de la delincuencia, etc. El partido no debería estar limitado a realizar actividades electorales por un lado y de formación política —alejada de la práctica— por otro. La verdadera formación política se da en el trabajo político en el territorio.
- Mejora de la atención pública: es indispensable avanzar en garantizar derechos sociales básicos: salud, educación, alimentación, vivienda, pensiones, apoyo para madres solteras, apoyo para discapacitados, etc.
- Reformas legales contra el punitivismo y, en general, contra la articulación del Estado como sistema de opresión de los pobres. Aquí hay que decir que hace falta más reflexión en Morena para evitar caer en la tentación de tomar atajos en temas de Seguridad pública y hay que ser autocríticos también.
La perversidad de gobernar para mantener la pobreza y la vulnerabilidad, al mismo tiempo que se hicieron expertos en administrarla y sacar ventaja política de ella, sigue perfectamente vigente. Por eso, considero que el supuesto cambio del PRI anunciado por Rubén Moreira, parece más bien un intento de reacomodo en la nueva realidad política del país. Desde luego, la gente no les va a creer si tal postura no va acompañada, por lo menos, de la aprobación de la Reforma Eléctrica que envió el presidente López Obrador, pero todavía así, se trata de un partido ya anacrónico, condenado a desaparecer o volverse una opción testimonial en el mediano plazo. El reto para nosotros es evitar que sobreviva un priismo sin el PRI.
