El proyecto de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un objetivo fundamental: “transformar la vida pública de México”. En ese sentido, el paquete de reformas constitucionales que presentó en febrero de este año continúa con este objetivo. Implica seguir avanzando con las reformas constitucionales que han blindado los programas sociales, que han fortalecido la soberanía nacional en sectores prioritarios y que ampliaron los derechos laborales.
Este paquete de reformas constitucionales tiene como eje la reforma del Poder Judicial, el cual urge de una operación quirúrgica mayor. Transformación necesaria.
En este mar de transformaciones la propuesta de la reforma constitucional en materia indígena no ha alcanzado los focos necesarios. Una propuesta que transforma la calidad jurídica de los pueblos indígenas de México. Esta transformación tendrá un impacto directo en la ingeniería del Estado, de sus atribuciones y competencias. Al aprobarse esta reforma indígena habrá en la mesa un nuevo sujeto colectivo de derecho público: los pueblos y comunidades indígenas.
La idea de alcanzar un nuevo pacto social entre los pueblos indígenas y el Estado Mexicano inicia en los noventa con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente con las mesas de diálogo. Este proceso culminó con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar donde se señalaba la necesidad de replantear la figura de los pueblos y comunidades indígenas, para que pudieran tener un ejercicio de derechos desde la calidad de sujetos.
Cabe recordar que el PRI-Gobierno respondió con evasivas y represión a esta propuesta. Tiempo después, durante el proceso de la transición pactada, que llevó a la presidencia a Acción Nacional, se borró totalmente el sentido original, dejando la actual redacción, que reduce a los pueblos indígenas a entes de interés público.
Como primer punto de los 100 leídos por nuestro Presidente el primero de diciembre de 2018, se expresaba la atención a los pueblos indígenas. De la misma manera se iniciaba la construcción de una nueva relación del Estado mexicano y los pueblos indígenas.
Esta construcción fue encargada al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo de reciente creación, y con el concurso de otras quince instituciones de gobierno federal y locales. De igual manera participaron diputados de la cuarta transformación. Esto llevó a la celebración de 52 foros regionales en 27 entidades para recoger las inquietudes de los pueblos indígenas hacia un nuevo pacto social.
Dando por resultado en 2021 la presentación de un ambicioso anteproyecto de reforma legislativa, que buscaba armonizar con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas teniendo como eje rector el reconocimiento de la calidad de sujetos colectivos de derecho lo cual dotaría de personalidad jurídica a las comunidades indígenas frente al Estado y terceros, así como la existencia de un pluralismo jurídico, que trae consigo reconocimiento a autoridades, jurisdicción y territorialidad.
Esta ambiciosa propuesta implicaba la modificación de 15 artículos constitucionales, cabe recordar que la materia indígena es transversal. Empero, este esfuerzo de construcción colectiva enfrentó la parálisis legislativa que impulsó la oposición. Todo cambio constitucional se enfrentaba al “no” automático de los partidos, más que nunca, de oposición.
El cinco de febrero de este año el Presidente retomó el paquete de iniciativas señalado en el primer párrafo, concentrando la esencia de la reforma únicamente en el artículo segundo constitucional. Dichas reformas fueron retomadas con ímpetu con la confirmación del proyecto de la revolución de las conciencias el dos de junio. La Doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, se apropia de estas necesarias modificaciones y se le denomina el paquete de reformas prioritarias del Plan C.
Ya fue presentado un anteproyecto por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, que además del fortalecimiento del engranaje de personalidad jurídica, abarca el mencionado pluralismo jurídico, la medicina tradicional, educación en lenguas indígenas y protección a patrimonios (materias ya abordadas en leyes secundarias en el presente sexenio); así como las bases para la consulta indígena y participación; de igual forma acerca de temas en materia de impartición de justicia.
El simbolismo de las fechas que nos acostumbra la Cuarta Transformación tiene destinado el viernes 9 de agosto, fecha señalada como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para la aprobación del dictamen por parte de la Comisión correspondiente. En la próxima legislatura, con la mayoría que el pueblo consagró al proyecto de transformación, se espera su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados en septiembre.
Se avizora, sin duda, una transformación profunda en la forma que los pueblos y comunidades indígenas interactúen con el Estado mexicano en los términos que el neoliberalismo tuvo miedo enfrentar para extender su política extractivista.
