En febrero de 2024, el Presidente López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales y legales. Entre ellas, destacó la reforma electoral, estructurada en tres ejes principales:
- Reducir el financiamiento público a los partidos políticos, entregándoles recursos únicamente en años electorales, eliminando las prerrogativas en años intermedios.
2. Transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con siete consejeros elegidos por voto popular (actualmente son once, electos por el Senado de la República).
3. Eliminar los legisladores plurinominales, reduciendo la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y el Senado de 128 a 64 integrantes.
Desde abril de 2022, López Obrador ya había dado a conocer su intención de reformar el sistema electoral. Señalaba que el INE, y particularmente algunos de sus consejeros como Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón y Edmundo Jacobo, habían asumido posturas públicas que los hacían parecer parte de la oposición, desdibujando su papel como árbitro en las contiendas electorales. A esto se sumaba el elevado costo del instituto y los privilegios de sus altos funcionarios. La reforma, entonces, se presentaba como necesaria, pues prometía un ahorro al erario de al menos 1,200 millones de dólares mediante ajustes administrativos.
Sin embargo, al no alcanzarse la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución, se impulsó el llamado Plan B, que consistía en reformar leyes secundarias (y no los 18 artículos constitucionales como en el Plan A), lo cual requería solo mayoría simple.
El Plan B incluía recortes a las facultades del INE, restricciones al financiamiento público, limitaciones a la propaganda privada, eliminación de candidaturas comunes y coaliciones parciales, así como nuevas causales para la pérdida de registro de partidos.
En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la primera parte del Plan B, argumentando graves violaciones al debido proceso legislativo. En junio del mismo año, la Corte también anuló la segunda parte. Así nació el Plan C, enfocado en reformar al Poder Judicial, el cual ha sido implementado casi en su totalidad.
Ahora, en 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum retoma el Plan A que no pudo concretarse durante el sexenio de su antecesor. En julio, durante su conferencia matutina, anunció que presentaría una nueva reforma electoral. El 4 de agosto de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual tendrá carácter transitorio y funcionará del 5 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2030, o hasta que la presidenta decida su disolución.
Esta comisión tiene como objetivos convocar al pueblo, informar sobre la reforma, realizar los análisis correspondientes, conformar grupos de trabajo y elaborar su reglamento interno. Estará directamente bajo la supervisión de la presidencia y será integrada por siete titulares de distintas dependencias.
¿Quiénes la integran?
- Pablo Gómez, exconsejero del INE y uno de los creadores de la propuesta original de AMLO, será el encargado de coordinar la comisión. Su experiencia en reformas electorales es ampliamente reconocida.
- Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, aportará su capacidad operativa para impulsar y acompañar los trabajos legislativos.
- José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sugiere que la reforma podría incluir componentes tecnológicos y avanzar hacia una mayor digitalización de procesos electorales.
- Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, quien ha acompañado a Sheinbaum desde la Jefatura de Gobierno.
- Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y uno de los principales estrategas de comunicación de la Cuarta Transformación, clave para comunicar los alcances de la reforma.
- Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y actual coordinador de Política y Gobierno en Presidencia, será fundamental para el diseño jurídico y las leyes reglamentarias que se deban modificar.
- Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, será probablemente el principal enlace entre la presidenta y la comisión.
La reforma electoral, o el renacido Plan A de López Obrador, va en serio. Todo indica que en 2026 veremos a este grupo de figuras clave concentrar su capacidad política y técnica en sacar adelante uno de los cambios constitucionales más importantes del sexenio.
Hoy, el escenario político ha cambiado: Morena cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados (aunque no en el Senado), lo que pondrá a prueba la habilidad de los legisladores para construir los consensos necesarios. Además, está por renovarse la Suprema Corte, otro factor clave.
Todo apunta a que esta reforma será realidad. De concretarse, será uno de los principales legados de la primera presidenta de México, marcando un nuevo rumbo institucional con una visión transformadora y de futuro.
