Hoy vivimos un régimen político democrático; es decir, el poder se discute a través de contiendas electorales dónde el soberano, que es el pueblo, define quienes serán los actores que conducirán el gobierno, en todos sus niveles, quienes elaborarán las leyes, y ahora, quienes impartirán justicia.
Esta aparente “normalidad democrática” no hubiera sido posible sin la participación de amplios movimientos civiles, sociales y políticos durante la última mitad del siglo XX; sin embargo, me parece aún estamos en procesos de revisión de cómo está funcionando y, sobre todo a quién o quiénes le funciona la representación política tal y como se encuentra planteada actualmente.
No pasemos por alto que nuestra Constitución, y por ende parte de nuestro sistema fue el producto de la revolución mexicana, y que por ello tuvimos una hegemonía política de partido dominante, el cual dejó el poder apenas hace 25 años y un retorno de 2012 a 2018. Apenas estamos construyendo una normalidad democrática dónde existe alternancia.
El cambio político en México se encuentra cifrado a través de los accesos a la representación política, y dichos modelos pueden presentar caducidad; es decir, dejan de servir en lapsos determinados, ya sea porque cumplen con las exigencias políticas del momento, o porque los mismos modelos agotan sus cualidades o ya no funcionan a las demandas actualizadas de la sociedad. Por ejemplo, la representación proporcional fue clave para la pluralización del sistema de partidos en México; pero hoy, esa representación proporcional ¿continúa siendo efectiva?
Por tanto, para discutir una reforma política, se deben comenzar haciendo las siguientes preguntas, a mi parecer, ¿A quienes representan los legisladores?, ¿Cómo se accede a esos los espacios de representación política?, por mencionar algunas.
Esos cuestionamientos abren una discusión amplia sobre el tipo de democracia que requerimos en este momento y para la posterioridad, el rol que desempeñan los partidos políticos como mecanismos de acceso al poder, su financiamiento, la forma en que se reparten los escaños o curules, la forma en que se postulan candidatos y hacen campañas, por mencionar algunos temas que se deben abordar.
También tengamos claro que el acceso al poder es la clave para la estabilidad política de cualquier régimen. Todo cambio político real se encuentra acompañado de modificaciones a las instituciones, es casi algo natural, y proviene del movimiento, partido, agente social que está impulsando ese cambio.
Por tanto, es acertado que exista la iniciativa de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum en abordar la revisión del sistema de acceso al poder, y crear una comisión exclusivamente para ello, pues es el espacio para generar consensos previos, además de también preguntarnos si la forma en la que actualmente seleccionamos a los legisladores, presidentes municipales, alcaldes, regidores, concejales, etc., garantiza una representación real de la ciudadanía.
En esencia, la representación política institucional, es la representación de las preferencias de la ciudadanía y se tendrían que buscar los mecanismos, las fórmulas o los ajustes para que se encuentren lo más vinculadas posibles.
En México hay partidos políticos que sobreviven por la representación proporcional, pero también es válido preguntarnos, ¿si la gente deja de votar por ellos, es justo que continúen con una representación?, o ¿si la representación política actual de los partidos minoritarios, por ejemplo, obedece a la intencionalidad del voto por ese partido?, más sencillo, ¿a quienes representan los legisladores, por ejemplo, de partidos en los cuales la gente ha dejado de creer?
El consenso de la próxima reforma electoral se debe plantear como la posibilidad de replantear el vínculo entre representante y representado, fortaleciéndolo, compartiendo mayor responsabilidad entre elector y elegido. Ello también replanteará el comportamiento del legislador, pues su actuar debe ir en función de la demanda ciudadana y no de la cúpula que lo colocó allí.
