Por: Imelda Castro Castro
El primer periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura marcó una fase de maduración del proyecto transformador. Entre septiembre y diciembre de 2025, el Senado de la República demostró que, cuando se legisla con visión de Estado y sentido social, es posible ofrecer respuestas concretas a los desafíos que más preocupan a las y los mexicanos. Con reformas constitucionales, seis nuevas leyes, más de una veintena de reformas legales y múltiples decretos se demostró que la transformación no se agota en el discurso, sino que se materializa en la producción de normas y políticas claras.
Uno de los grandes avances fue la reforma constitucional en materia de extorsión. Por primera vez, el Congreso podrá legislar integralmente sobre un delito que, durante años, ha vulnerado la tranquilidad de miles de comerciantes, familias y comunidades. La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión complementa este cambio al endurecer penas, establecer la persecución de oficio y mejorar los mecanismos de protección a víctimas. Esto significa que el Estado mexicano contará con mejores herramientas para desarticular las redes que lucran con el miedo y afectan la economía local.
En términos de nuevas leyes, el periodo fue particularmente fructífero. La aprobación de la Ley General de Aguas, acompañada de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, representa un cambio histórico en la gestión de un recurso vital. Al prohibir la transmisión discrecional de concesiones y permitir una distribución más equitativa del agua, el Senado da un paso esencial para enfrentar la crisis hídrica que atraviesa el país y garantizar el derecho humano al agua para las generaciones presentes y futuras.
También destaca la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que moderniza por completo su marco jurídico. Esta legislación permite que la institución se adapte a los retos del siglo XXI: ciberseguridad, protección marítima, combate a delitos en alta mar y mayor coordinación con otras fuerzas de seguridad. Una Armada fortalecida y actualizada significa un país más protegido ante amenazas que trascienden las fronteras tradicionales.
Por otro lado, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 establece una base sólida para el financiamiento de obras públicas, programas sociales, educación y salud. Con ingresos estimados superiores a los diez billones de pesos, el país contará con los recursos necesarios para sostener la inversión pública y mantener la estabilidad económica.
La agenda aprobada también incluyó leyes con impacto directo en sectores productivos y ambientales. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura brinda por primera vez un marco integral para apoyar a miles de familias cafetaleras, incorporando elementos de sustentabilidad, organización comunitaria y comercialización justa. Asimismo, la nueva Ley General de Economía Circular, acompañada de reformas ambientales, impulsa políticas para extender la vida útil de productos, fomentar el reciclaje y reducir la extracción de materias primas. Se trata de avances que contribuyen a enfrentar la crisis ambiental global desde una perspectiva local.
En cuanto a reformas a leyes existentes, el Senado avanzó en modernizar y reforzar áreas críticas del funcionamiento del Estado. La reforma aduanera elimina las patentes vitalicias para agentes y agencias aduanales, profesionaliza su desempeño y exige mecanismos electrónicos que aseguren la trazabilidad total de las mercancías que ingresan y salen del país. Esto reduce corrupción, fortalece la seguridad comercial y facilita el comercio legítimo.
La reforma a la Ley de Amparo corrige un uso desproporcionado de esta figura para frenar políticas públicas de interés general. Al mismo tiempo, consolida el “amparo digital”, permitiendo que cualquier persona pueda presentar y dar seguimiento a sus trámites en línea, reduciendo costos y ampliando el acceso a la justicia.
En materia de bienestar, las reformas al IEPS buscan desincentivar el consumo de productos nocivos como bebidas azucaradas y tabaco, protegiendo la salud pública. Las reformas sobre igualdad sustantiva, abuso sexual e igualdad salarial profundizan la protección de mujeres y niñas, fortaleciendo la prevención y sanción de violencias.
El Senado también facilitó la cancelación de suscripciones en plataformas digitales, protegiendo a los consumidores frente a prácticas abusivas. Y avanzó una reforma en materia de menstruación digna que, al incorporar una perspectiva interseccional, busca eliminar desigualdades y garantizar el acceso universal a productos de higiene menstrual.
En suma, este periodo legislativo demuestra que un Senado activo, responsable y cercano a las necesidades del país puede impulsar transformaciones profundas. Las reformas aprobadas no solo resuelven problemas inmediatos: preparan a México para un futuro más seguro, justo y sostenible.
@imeldacastromx
Senadora de la República por Sinaloa desde el 2018. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diputada local en el Congreso de Sinaloa en dos ocasiones y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado en las legislaturas LXV y LXVI. Presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
