Uno no necesita conocer todos los datos para saber que en México la obesidad es uno de nuestros más graves problemas. Pero en caso de ocuparlos, ahí van: México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE en obesidad; tres de cada 10 niños mexicanos son obesos. Si nos enfocamos en las consecuencias de salud pública que acarrea la obesidad –empezando por la diabetes– tenemos que esta es la segunda causa de muerte en el país, por mencionar sólo algunos datos. Basta sentarse en cualquier lugar lleno de gente, una plaza, una estación de metro, un parque, para constatar que somos una población que cada día aumenta de talla.
La razón es multifactorial, que si la vida laboral nos ha vuelto sedentarios, que si la tecnología nos facilita un poco de más las cosas, que si hemos modificado nuestros hábitos alimenticios cambiando nuestra tradicional dieta por COMIDA CHATARRA.
Los defensores de la libertad a ultranza dirán que todas estas razones son decisiones personales y que el Estado nada tiene que ver con ellas. De acuerdo con ellos, uno puede decidir, con entera libertad, qué alimentos consume. “Elige tu veneno”, como dicen algunos.
Sin embargo, desde la óptica de la salud pública, la obesidad y los problemas de salud que acarrea, son un asunto de Estado por tres razones: la primera; la más obvia, es porque el tratamiento de estas enfermedades –un país como el mexicano que apuesta (afortunadamente) por brindar servicios de salud pública a sus gobernados– representa para el país un gasto mayúsculo. En segundo lugar, porque, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la OCDE, a México la obesidad le cuesta, en términos de productividad, alrededor del 5.1% del PIB (para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual que se destina en México para la cultura es del 1.12%). Por último, porque un Estado regulador, como México y la gran mayoría de los países que forman parte de la OCDE, considera necesario intervenir –regular– entre otras cosas, para garantizar los derechos de las personas; en pocas palabras, porque también es una cuestión de derechos.
En este contexto, de país obeso y garante de derechos, se inserta la reciente aprobación de las nuevas reglas de Etiquetado frontal que serán publicadas próximamente. Hay que decirlo sin cortapisas: las reglas son una buena noticia y son producto de la voluntad y el empuje, tanto de organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor, como también de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía. Estas últimas se animaron a desafiar los intereses económicos de las grandes compañías de alimentos, que han enarbolado un sin número de razones que anteponen la plusvalía a la salud de los mexicanos.
El nuevo etiquetado busca simplificar la información que se encuentra al frente de los empaques de comida procesada para facilitarle al consumidor el acceso a los datos más importantes sobre las “maldades” del producto: si es alto en azúcares, grasas, carbohidratos o sodio, por mencionar algunos. Esto no implica, aunque muchos hayan buscado desinformar con lo contrario, que desaparecerá la información nutricional desagregada que se encuentra al reverso de los paquetes, ni los listados de ingredientes. Quienes tengan el interés, la necesidad y el expertise para comprenderlos, seguirán teniéndolos ahí para información más detallada. Además, elimina la publicidad orientada a niños (¡Adiós Tigre Toño! ¡Adiós Pancho Pantera!) de aquellos productos que, por sus contenidos, no sean considerados como saludables para ellos.
Este etiquetado, que sigue el modelo de países como Chile y Uruguay, viene “calado y garantizado”. De acuerdo con un estudio de reciente publicación (disponible aquí), Chile redujo un 25% su consumo de bebidas azucaradas a un año de implementado este etiquetado. Con ello se comprueba una de las hipótesis detrás del mismo: era una realidad que la gente no tenía conocimiento de los contenidos de lo que consumían ni tampoco del daño que les producía hacerlo. En este tenor, el etiquetado también abona en la garantía de otro derecho: el derecho a la información que, de acuerdo con los estándares internacionales, debe buscar siempre la publicación de la misma en los formatos más accesibles y amables posibles. Una virtud adicional.
Es cierto que este etiquetado no resolverá por sí solo un problema tan gordo como el que enfrenta México en estos asuntos, pero ojalá sea el inicio de una gran cruzada que, poco a poco, gane terreno y nos acerque a un estilo de vida más sano. La agenda debe incluir la perspectiva laboral, el fomento al deporte y al ejercicio, así como la rehabilitación de los espacios públicos. Pero lo obtenido con este paso no es poca cosa. Este etiquetado puede considerarse un nudge, es decir, un empujoncito que nos ayude, como consumidores, sin importar nuestro nivel de escolaridad o nuestra edad, a tomar decisiones más sanas respecto de lo consumimos. No se trata de limitar las libertades de elección, sólo de elegir de forma más consciente nuestro veneno de preferencia.
Paula Sofía Vázquez. Abogada. Interesada en la regulación y las políticas públicas. Aprendiendo y escribiendo sobre desigualdades cotidianas.
Twitter: @pauletta_sofia
