Pasó el primero de agosto y se realizó la consulta con una participación de casi 7 millones de mexicanos y mexicanas, quienes fueron a emitir su voto en las mesas del INE a pesar de lo complicado de encontrarlas, los cambios de último momento, la poca publicidad y los constantes intentos por deslegitimar este ejercicio histórico de participación democrática. Se trató, sobre todo, de un ejercicio de empatía con las victimas históricas de la injusticia y la impunidad.
En los análisis de la oposición no cabe otra explicación que la falta de interés de la gente en este ejercicio o el triunfo de la retórica que apostaba porque el Pueblo no saliera a votar. Pero la realidad es más profunda que sólo eso.
Lo principal es que del 93% que se estima que no votó, hay un gran porcentaje de población que no se enteró de la consulta, especialmente fuera de las zonas urbanas del país, ya que la publicidad del INE fue bastante limitada y la accesibilidad de la información también fue reducida, al igual que el tiempo de difusión.
Para ejemplificar las carencias que legitimó el INE para la consulta. hace falta comparar varias aristas. En una consulta en la que se espera haya una participación del 40% del padrón electoral para hacerla vinculante, el INE trabajó para una consulta con una participación de justamente el 10% o menos de votación, reduciendo a más de la mitad las casillas, lo que derivó obviamente poca accesibilidad. Incluso en las ciudades hubo casos en los que los traslados a las casillas fueron de más de 10km de distancia.
Para entender la gravedad de esto hay que considerar que, en una elección intermedia, suele votar entre el 40% y el 50% del padrón; es decir, se redujo sistemáticamente la capacidad del INE para gestionar la consulta, acciones que implementó el propio Instituto.
Por otro lado, el tiempo de difusión institucional fue de sólo 15 días. Resulta conveniente ejemplificar con las elecciones en las que el INE dedica más de 4 meses a la difusión de acciones propias de la institución por tiempo electoral, sumando a los partidos políticos que durante aproximadamente 3 meses (incluyendo las precampañas) dan difusión a las próximas elecciones. Es evidente que los esfuerzos del INE fueron escasos.
Además, la promoción que las personas de a pie podíamos hacer era reducida en capacidades, recursos y también con solo un mes para hacer lo pertinente en difusión. Esto jamás se puede comparar con las herramientas y presupuesto con el que cuenta una institución pública como el INE.
En conclusión, no: no hubo un rechazo a la consulta o al mecanismo. Sí hubo poca difusión, mala publicidad y reducidas capacidades en su promoción y entendimiento. En mi opinión, el INE no tuvo una buena planeación en la implementación de la consulta y esto obviamente resulto en una pésima ejecución. También es cierto que es el primer ejercicio de consulta popular nacional que realiza el Instituto, lo cual nos permite identificar con mayor claridad la necesidad de hacer modificaciones.
Ante estos innegables hechos, es necesario poner en el centro las tareas para el futuro, la primera es que debe haber modificaciones en la ley de la consulta, empezando por modificar los tiempos de solicitud, los de planeación y los de implementación. Creo que por costos y publicidad se debe incluir en la ley la posibilidad de realizarla el día de la elección, sin importar el tema.
También es necesario que los ejercicios de este calibre mejoren en cuanto a accesibilidad. Es completamente antidemocrático que —con la excusa de la pandemia— la publicidad y la información de la consulta se redujera a una página de internet con deficiente información en el INE.
Por último, también haría una reflexión al interior de las filas del Obradorismo, de nuevo a apostar a una mejor organización y comunicación. Se ha hecho evidente que nuestra difusión de información no ha llegado a ciertos sectores de la población, lo cual llama a la diversificación de nuestras formas de comunicación, al igual que nuestra organización popular y nuestra interlocución con diferentes grupos poblacionales como comunidades indígenas, sindicatos, grupos de la comunidad LGBTQ+ o colectivos feministas.
Esto sumaría en las causas que por naturaleza compartimos, fortaleciendo los ejercicios democráticos que emprendemos —como los de esta consulta popular— o incluso las acciones que podemos implementar con nuestras autoridades electas.
