Aproximadamente 200 policías estatales y municipales desalojaron en la madrugada del 14 de septiembre el plantón de maestros jubilados que tenía casi medio año en la Plaza de Armas de Saltillo. Como era la guardia nocturna, solo había dos maestros. La razón oficial por la que se llevaron detenido, como delincuente, a uno de los maestros que estaba en la guardia, vocero del movimiento, fue que supuestamente los policías vieron que tenía petardos amarrados en todo el torso, como si de un terrorista del Estado Islámico se tratara.
Sin embargo, de esta noticia —una de las más escandalosas en la vida política reciente del Estado y del municipio— no se enteró la gente por los medios de comunicación. Los periódicos locales no mandaron reporteros a cubrir el acto represivo (cosa entendible si ocurrió alevosamente en la madrugada), pero tampoco a la manifestación que se organizó casi de inmediato y que incluso llegó a cerrar una de las principales avenidas de la ciudad, para exigir la liberación del profesor detenido. Existieron unas pocas excepciones, pero los reportes que hacían los pocos medios que sí llegaron no se subían a las redes ni mucho menos se hacían transmisiones en vivo. Nada se dijo. El arreglo es evidente, antiguo y de largo alcance. El gobierno del estado y el del municipio de Saltillo financian con la publicidad oficial a los medios locales y obtienen, a cambio, una cobertura obsequiosa, sumisa, servil. Las voces críticas que existen en algunos medios son una excepción honrosa pero insuficiente.
Afortunadamente, ahora existen las redes sociales. Aunque también tienen sus implicaciones y sus riesgos, la posibilidad de que los actores mismos de los procesos se comuniquen de manera directa con miles de personas ha cambiado la forma de hacer política y, mucho más pronto de lo que se imaginan, quedarán sin efecto esos millones entregados a los medios. La gente cada vez lo tiene más claro.
Coahuila es uno de los cuatro estados de la república en donde aún (des)gobierna el PRI y no solo eso: es uno de los pocos donde nunca ha existido alternancia en la gubernatura. Hasta al PAN le hicieron fraude electoral en la elección para la gubernatura de 2017, lo que provocó movilizaciones históricas pidiendo justicia electoral que fueron apagadas a cambio de migajas para los dirigentes panistas. Uno de los pilares de esa hegemonía política es precisamente el control directo, descarado y cínico de los medios de comunicación. Pero nada dura para siempre.
Hoy los periódicos y la televisión local amanecen con referencias a supuestos actos de represión en países que están a varios miles de kilómetros, traídas a cuenta con el pretexto de los intercambios que se dieron en la cumbre de CELAC entre algunos presidentes, pero callaron cobardemente frente al aberrante, desproporcionado y ridículo operativo para “someter” a dos profesores de la tercera edad que hacían guardia en el campamento de un gremio que ha sido obligado a tener que luchar para intentar recuperar la tranquilidad de una jubilación digna que les robó la fraudulenta administración sindical ligada al PRI estatal y a los hermanos Moreira.
Cada vez son más obvios y, por lo mismo, menos gente les cree. Nadie salió a defender la actuación de Miguel Riquelme en contra de los maestros. Nadie acepta que se hayan robado el fondo de pensiones. Nadie está de acuerdo que los maestros jubilados tengan que luchar todos los días para poder aspirar a tener una pensión por la que trabajaron —y aportaron— toda su vida. Nadie ve bien que el servicio de salud que igualmente se construyó con lo que cada nómina se descontaba puntualmente a los maestros, haya sido abandonado y sea ahora precario y de mala calidad.
Hoy queda claro que la solución a estos problemas y el tránsito de nuestro estado a una modernidad democrática elemental, pasan necesariamente por la salida del PRI del poder. Tenemos mucho trabajo por delante, pero la razón está de nuestro lado.
