Si existen instituciones que le ha quedado a deber -y mucho- a los mexicanos y mexicanas, a lo largo y ancho de todo el país, esas son las Comisiones de Derechos Humanos.
Desde 2011 con la Reforma Constitucional que posibilitó la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la postulación de propuestas, esto ha sido prácticamente una simulación ya que las legislaturas han operado a espaldas de la sociedad y han elegido a personajes que responden no a los derechos de las víctimas, no a los derechos humanos sino a cuotas partidistas que incluso tuvieron el cinismo de “negociar” las presidencias de las comisiones de Derechos Humanos, así como las de género para sus “siglas” bajo acuerdos que garantizaban el trabajo
Refundar, alcanzar la transformación del país demanda replantearnos qué es lo que necesitamos en las Comisiones y Organismos de Derechos Humanos de todo el país, apostar por la real ciudadanización, pero sobre todo a que estén al frente de estos organismos no burócratas de los DDHH sino personas que estén dispuestas a encabezar auténticas transformaciones y señalar y cuestionar a las instituciones que siguen sin adoptar un compromiso real con los derechos humanos.
Pareciera que hace falta que las recomendaciones tengan un carácter más coercitivo para hacerse escuchar o atenderse, sin embargo, esto significaría justamente la pérdida de su esencia, pues el respeto a los derechos humanos es un deber del Estado Mexicano y por supuesto de sus instituciones, pero nada más lejano.
Por años, las recomendaciones de las comisiones estatales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le han quedado a deber a la sociedad mexicana, y si bien hubo un avance paulatino, este se debió esencialmente a la presión que defensoras y defensores de derechos humanos ejercieron sobre estos organismos para que se adoptaran posturas claras respecto a graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no pasaron de ser “informes” generales sin que se señalara claramente las responsabilidades. Incluso frente a quejas de víctimas de tortura las respuestas eran tibias de justificación a la violencia institucional.
Bajo este contexto, lo que ha hecho falta en la Comisión es que sea una institución comprometida con los derechos humanos y no de sumisión a los presidentes, no de miedo y de posturas tibias, de señalar directamente a los grandes autores y responsables de las graves violaciones de derechos humanos como los eventos ocurridos en los 70´s con la persecución e incapacidad de diálogo con los líderes políticos que se atrevían a denunciar el hambre y la violencia política, la década más oscura en la historia de nuestro país que aún hoy sigue como el grupo más grande de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
En este contexto, la posibilidad de que una persona defensora de derechos humanos llegara a la presidencia de la CNDH era impensable, pensar en la posibilidad de que se tratara de una víctima con una trayectoria sólida de más de 40 años en la lucha por los derechos humanos aún mucho menos, porque fueron espacios tradicionalmente convenidos a nivel cupular, en acuerdos y negociaciones en los que las organizaciones de la sociedad civil eran meramente espectadores y si se postulaba a alguna persona que tuviera el respaldo de la sociedad su participación solo servía para avalar estos procesos.
Si alguien reúne esas características impensables es Rosario Piedra Ibarra, profesionista de trayectoria humanista y con una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Si hay algo que decir de Rosario Piedra, es que no necesita defensa. A Rosario no se la puede descalificar desde posturas cómodas, desde quienes callaron y mantuvieron un silencio cómplice con las atrocidades cometidas por un sistema político que convenientemente ha llamado delincuentes a los líderes políticos que cuestionaron en los setentas la política criminal de exterminio contra poblaciones pobres en el estado de Guerrero y la desaparición de juventudes en el resto del país.
Se necesitaría no tener memoria para creer a quienes jamás se han interesado en las graves violaciones de derechos humanos y si bien la actuación de Rosario Piedra no puede dejarse al azar, y tendrá que ser vigilada por los organismos de derechos humanos, defensores y defensoras, hay en la nueva presidenta un capital de credibilidad e integridad, estatura moral de una vida dedicada a los derechos humanos que no se puede tomar a la ligera y que no puede ni debe ser sujeta de escrutinio desde los intereses político-partidistas que desean mantener en las presidencias de las comisiones de derechos humanos en las legislatura o las cámaras una cuota de coerción y de presión para llegar a acuerdos que favorezcan sus intereses.
No. Nunca más los derechos humanos deben ser una carta de negociación y de presión partidista, la ciudadanización de los organismos de derechos humanos debe sostenerse sobre la trayectoria de personas defensoras de derechos humanos, garantizar que éstas sean desde personas que tengan intervenciones permanentes y sólidas a través de los años en una clara postura de demandar el pleno respeto a los derechos humanos y la exigencia de que la Comisión empiece a transitar hacia convertirse en un organismo de defensa real y contundente de los derechos de todas las personas y no de simulaciones discursivas.
@argentinamex
