Hay algo profundamente irónico —y a la vez revelador— en ver a un multimillonario de 70 años que se presenta como víctima. Ricardo Salinas Pliego, dueño de un emporio mediático y financiero, ha decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando “persecución sistemática” por parte del Estado mexicano. Lo hace no porque le falte pan en la mesa, sino porque le sobra deuda con el fisco: Más de 70 mil millones de pesos. No son solo números: son hospitales no construidos, medicamentos no comprados y becas que no llegaron a manos del pueblo.
En cualquier país del Sur global, un gesto así no pasaría inadvertido. Se trata del viejo manual del poder económico cuando el Estado deja de ser dócil: transformar la rendición de cuentas en un acto de martirio. En el siglo XXI ya no hacen golpes de Estado con tanques, sino con titulares, hashtags y demandas internacionales.
Salinas no va a la CIDH a defender derechos humanos, va a defender privilegios. Busca convertir un asunto fiscal —donde los tribunales mexicanos ya se han pronunciado— en una causa política. En otras palabras: pretende hacer de su evasión un símbolo de libertad. Pero la libertad no es no pagar impuestos. La libertad real es que el hijo de una trabajadora pueda estudiar sin hambre, y eso solo se logra cuando los de arriba pagan lo que deben.
Mientras tanto, la Cuarta Transformación sigue sosteniendo un principio básico: en México ya no se negocian impuestos; se pagan. No hay persecución, hay Estado de derecho. No hay censura, hay transparencia. Y aunque los viejos dueños del país intenten vestir su deuda de heroísmo, la justicia fiscal también es justicia social.
Al final, el reclamo de Salinas Pliego nos recuerda una vieja máxima latinoamericana: cada vez que un rico llora, es porque el pueblo está empezando a despertar.
La verdadera persecución la vivió el pueblo durante décadas: salarios de hambre, condonaciones a los poderosos y medios que servían al dinero. Hoy, los que siempre mandaron gritan “dictadura” porque ya no pueden dictar las reglas.
El Obradorismo no persigue fortunas; las somete a la ley, como debe hacerlo toda república digna.
