El documental Familia de Medianoche nos aproxima al interior de la ambulancia de la familia Ochoa; donde vemos a un menor de edad manejando y a un niño comiendo frituras que se zarandea a lado de un herido en un vehículo que apenas cumple con los requisitos para circular. Estas escenas son una mirada de la precariedad de los servicios pre-hospitalarios que prevalece en nuestra ciudad, consecuencia de la baja regulación y de la participación caótica de entes privados.
La situación es que para obtener pacientes algunas clínicas privadas hacen tratos con ambulancias para que les lleven heridos en cualquier condición. El documental tiene escenas plagadas de heroísmo y arrojo con toques de humor que revelan el modus vivendi de los Ochoa. Escuchas en la frecuencia policial para la detección temprana de incidentes y trayectos suicidas hacia el lugar de los hechos para ser los primeros en subirlos a la ambulancia son los eslabones de una cadena de valor con lógica comercial en la que el accidentado es una mercancía que se apropian y cuyo valor se calcula bajo el criterio “del tamaño del sapo es la pedrada”. Estamos ante una situación de ¡sálvese quien pueda!, pero debemos preguntarnos si hay formas solidarias de contar con servicios de emergencia más efectivos.
A pesar de la empatía que generamos con la familia, el documental nos deja con zozobra al advertir que la vida depende de eventos fortuitos. Esto nos obliga a identificar la cantidad de aspectos esenciales para nuestro bienestar que pretenden ser atendidos bajo criterios mercantiles, ya que suponemos que la libre empresa nos brinda mejores servicios pero cuando nuestra subsistencia está en juego se torna en algo cruel.
Los entusiastas del libre mercado dirán que los incentivos están alineados, que la rápida atención se logra con la competencia para ser los primeros en llegar al lugar del accidente y la vida de los implicados se salva por ser ésta la única garantía del cobro por sus servicios. Sin embargo quedan de lado aspectos que mejorarían la atención de emergencias, y que solamente son posibles con la coordinación de múltiples instancias bajo una lógica de cooperación; consolidar centros de llamadas, certificar paramédicos, así como el despliegue dinámico de puestos de socorro para disminución de tiempos de respuesta.
Un sistema centralizado que coordine actores públicos y privados para brindar mejor atención a las personas no es complicado, lo difícil será resguardarlo de los intereses corporativos. Tendríamos que prevenir que controlen el Centro de Despacho para asegurar que sus ambulancias no tengan prelación sobre la de los independientes. Ya lo vivimos con la captura de la CRE y el CENACE que privilegian a privados antes que a las hidroeléctricas de CFE. Deberemos impedir, como ocurre con los Certificados de Energías Limpias, que conviertan presupuesto público en subsidios para equipar sus hospitales con equipos de última generación, asegurando con esto atender a los heridos en lugar de otras clínicas independientes, así como exigirles mantener el nivel del servicio evitando rescates del Estado, como ocurrió en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica.
El Sistema Eléctrico Nacional, como la Seguridad Social y la Educación Pública nos garantizan derechos, sabemos que están bajo constante amenaza y que sin ellas millones de mexicanos quedarán desprotegidos. Pero nuestra respuesta no debe ser el pánico individualista de salvarse uno mismo, sino un reclamo colectivo para contar con más y mejores servicios públicos. Podríamos empezar construyendo un sistema comunitario de atención de emergencias. No hay mejor defensa que un buen ataque.
