Pluma Patriótica

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A favor de la vida: aborto libre

Este lunes 5 de agosto quedó marcado por una nueva victoria para las mujeres: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos proyectos que buscaban invalidar cambios a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 190-SSA1-1999 —ahora NOM-046-SSA2-2005—, que facilita el acceso al aborto en caso de violación a nivel nacional.

Los cambios ya confirmados dejan en claro que el único requisito para acceder al aborto por violación en cualquier parte del país es una solicitud por escrito «bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de una violación», como define la SCJN en un comunicado. Asimismo, establecen que el personal de salud participante no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, y eliminan el requisito de autorización previa de la autoridad competente. 

Estos cambios fueron impugnados por los gobiernos de Baja California y Aguascalientes, encabezados por los panistas Francisco Vega y Martín Orozco Sandoval. Con ello, estos dos personajes pasan a formar parte de una tradición conservadora operante desde la resolución de la Suprema Corte en 2008, en la que se ratificó la constitucionalidad de las reformas del otrora Distrito Federal que despenalizaron al aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. En lo que parece una contradicción, varios gobiernos locales han aprovechado esta resolución con efectos progresistas para mantener a sus estados bajo legislaciones propias de un machismo feudal. La razón es que dicha resolución se basaba menos en la protección al derecho a decidir y más en la competencia de las legislaturas locales. Establecía la resolución que «lo determinante para el juicio de constitucionalidad en este punto es […] ver si la Constitución o los tratados imponen la obligación o una prohibición de penalización respecto de las cuestiones relevantes; si no es así, el legislador es libre para determinar cuándo debe entrar en juego el derecho penal y cuándo debe retirarse»

La libertad de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal se volvió oportunismo para las legislaturas locales más conservadoras, que no han parado de reformar sus constituciones estatales para intentar garantizar la supremacía absoluta del derecho a la vida desde la concepción contra cualquier otro derecho; sobre todo contra los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre la libre determinación de su personalidad. 

Este nuevo fallo es un paso en la dirección correcta, pues finca una norma técnica para una Ley General de Víctimas que ya protege el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Sin embargo, está lejos de ser suficiente. Mientras las legislaturas locales sigan siendo libres para determinar cuándo debe entrar en juego el derecho penal y cuándo debe retirarse, no podremos generar los cambios legales y administrativos necesarios para proteger rápida y adecuadamente los derechos fundamentales de las mujeres no sólo en casos de violación o de riesgos a la salud, sino en cualquier contexto. Es fundamental que impulsemos, entre otras cosas, una reforma constitucional federal que incluya claramente los derechos de las mujeres para que la absolutización del derecho a la vida deje de ser una fuga jurídica cruel aprovechada por los conservadores en contra de las mujeres. 

El trabajo del Estado permanecerá incompleto mientras siga existiendo una sola mujer o niña a la que se le niegue un aborto legal. En estas negaciones México violenta cotidianamente los derechos humanos de la mitad de su población.

 

Sandra Barrón. Activista y feminista radical, maestra en diseño
estratégico en innovación por la Universidad Iberoamericana.

@feministsan

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