El 1º de septiembre toma protesta e inicia la Nueva Corte y con ello, una nueva esperanza respecto la impartición de justicia en México. La vieja corte — al menos la última parte– que considero, inició con el decreto de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994, hoy tiene sus últimas exhalaciones de vida. Pues tuvieron que pasar casi 3 décadas para que esto fuera posible, agregando el papel fundamental que tuvo la llegada de López Obrador a la presidencia. De no ser así, la reforma judicial no hubiese sido posible. No todavía.
Si bien, en la vieja corte no todo estuvo mal, es importante mencionar que fueron mas los infortunios y desaciertos del máximo tribunal que aciertos y avances. Respecto los aciertos vimos resoluciones que ayudaron a fortalecer los derechos humanos; pudimos ver el fortalecimiento del juicio de amparo como mecanismo de defensa contra actos de autoridad; hubo resoluciones destacables en materia de matrimonio igualitario y derechos de la diversidad; despenalización del aborto; entre otros; lamentablemente esto no fue suficiente, de hecho, podría considerar que fue una labor mínima en comparación a las demandas sociales de nuestro país.
Durante casi 30 años pudimos ver una Corte que olvido las necesidades populares respecto la impartición de justicia, omitieron criterios de corte social e indigenista; el buscar garantizar el acceso a la salud, educación, medio ambiente, derechos laborales fueron la excepción y los grandes litigios de corte fiscal y corporativo para mitigar o esquivar el pago de impuestos fue la regla. Paso de ser una Corte de constitucionalidad a ser una corte fiscal, una que abrazo y protegió las necesidades de las élites económicas, llegamos a ver una Corte Fiscal de la Nación; pues prácticamente los temas preponderantes a resolver correspondían a esta materia. Se llego al grado de que incluso grandes empresarios como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego influenciaron preponderantemente en la designación de ministros como fue el caso de Eduardo Medina Mora quien duro de 2015 al 2019.
Vimos una serie de designaciones al interior del Poder Judicial muy cuestionables, los altos índices de nepotismo llegaron a grado de cinismo sin precedentes, llegó a ver magistrados hasta con 17 parientes dentro del poder judicial. De acuerdo con un estudio de 1,214 servidores públicos adscritos a a un circuito en Guanajuato. Vimos una serie de excesos por parte de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres ha demostrado y externado en entrevistas, que desde 1996 al 2023, se han emitido 1,600 sentencias en acciones de inconstitucionalidad, principalmente en materias como son de:
- Impuestos con 475,
- Electoral con 304,
- Penal con 191,
- Requisitos para ocupar cargos públicos con 107,
- Derecho a la información y protección de datos personales con 60,
- Civil con 52.
Por otro lado, hemos visto que la corte no ha tenido el mínimo interés en materias como son:
- Derechos de personas con discapacidad (52) y
- Derechos de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (50).
Los excesos de la corte y los altos niveles de desconfianza volvieron necesaria una reforma al interior del Poder Judicial de la Federación y de los locales. De acuerdo con el INEGI, en su encuesta de percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad y justicia, en el 2019, solo el 14.8 % de los encuestados confía en los jueces, muy por debajo de la confianza que le tienen a Marina con 57.3% y ejercito con 51.8%; en la misma encuesta, para el año 2024, los jueces son identificados como la tercera autoridad más corrupta con un 64.6%, después de la policía de tránsito con 72% y la policía municipal con 62.4%.[1]
Si sumamos los altos niveles de nepotismo al interior del Poder Judicial, las deficiencias respecto la impartición de justicia y los altos índices de desconfianza; consecuencia de la ineficacia; la reforma judicial se volvía inminente, pues recordemos que incluso fue una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la de consolidar el Plan C; el no hacerlo hubiera salido contraproducente, tanto para el proyecto de la Cuarta Transformación, como para el país; pues recordemos que sin justicia no hay paz y sin paz, no hay bienestar.
