Desde su génesis, el movimiento por los derechos de las personas LGBT+ ha sido una articulación social que va creciendo en tamaño, peso político y complejidad de agenda. No es aventurado decir que es, junto al movimiento feminista, la reivindicación social más visible y multiforme de nuestra sociedad. Esto lo podemos constatar en la gran cantidad de activismos de la comunidad, la existencia de acciones afirmativas en favor de estas poblaciones, el creciente número de representantes populares que pertenecen a todo el espectro sexogenérico y el consecuente impulso a una lucha que comenzó con la más elemental visibilidad, pasando por la icónica legislación del matrimonio igualitario, y que hoy aglutina temas tan complejos y necesarios como la prohibición de las terapias de conversión y el reconocimiento de los derechos de las infancias trans.
Esta evolución del movimiento ha ocurrido en diferentes pistas, a velocidades variables y con mayor o menor sincronía con la coyuntura política nacional. Desde su primera manifestación formal en la marcha del orgullo en la Ciudad de México el 29 de junio de 1979, el movimiento se ha configurado desde una tradición de lucha, resistencia y solidaridad; es decir, pertenece a las reivindicaciones propias de la izquierda. De hecho, quienes convocaron a este primer ejercicio de participación política fueron el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, ambas agrupaciones vinculadas por agenda y por la filiación política de sus miembros, a otras luchas que se libraban desde este frente, como los movimientos obrero popular y el estudiantil del 68.
Estos movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX renuevan su vigencia en la agenda nacional de la mano de los partidos políticos de izquierda de la década de 1980 y 1990. Fue el Partido de la Revolución Democrática el producto condensado de este proceso y, en consecuencia, el repositorio de la acción política llevada a cabo desde la disidencia sexual. Con su mayor conquista, la titularidad de la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal, el PRD también consiguió victorias históricas para la comunidad LGBT+, como la legislación del matrimonio igualitario, por mencionar la más representativa. La izquierda partidista, decantada en 2015 dentro de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), puso en marcha en la capital del país un modelo de gobierno basado en derechos y libertades que reconoció a la población LGBT+ como sujetos políticos y atendió sus principales necesidades desde la política pública focalizada. Esto fue el resultado de la conjunción de tres factores: la reafirmación del movimiento LGBT+ como una lucha esencialmente social; el reconocimiento formal de esta lucha al interior de los partidos políticos de izquierda, desde su reconocimiento en los estatutos hasta la apertura de espacios dentro de la estructura partidista; y, finalmente, la constante y creciente inclusión de personas de la diversidad sexual en espacios de poder. Al día de hoy, en México contamos con una pléyade de legisladoras federales, legisladorxs locales, presidentes municipales y funcionarixs en los tres niveles de gobierno que representan orgullosos a esta comunidad, trabajan por atender sus principales demandas, y forman parte de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Hago este recuento en contraposición a una falsa, pero aún recurrida, narrativa que niega el vinculo esencial entre la izquierda y la diversidad sexual para acercar, a conveniencia y desde la mayor de las hipocresías, la agenda LGBT+ con la de los partidos de la derecha: una estrategia basada en la adopción superficial y a modo de una narrativa progresista que lo mismo traicionan en votación legislativa que al criticar las acciones y programas puestas en marcha por y para la población LGBT+. Son legisladoras y legisladores de derecha las que exhiben cotidianamente su homofobia y transfobia en la máxima tribuna de la nación mientras mantienen reducidas las voces y limitados a la foto del momento a sus contados militantes de la diversidad. Son los representantes populares de la oposición los principales enemigos de las reformas a favor de la comunidad LGBT+ en los congresos estatales. Es un alcalde de derecha y hoy candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el que pinta un cruce peatonal con los colores del arcoíris, pero votó en contra del dictamen del matrimonio igualitario en la capital cuando era diputado local. Es hoy y siempre, menesteroso recordarnos que la doctrina de la derecha es la hipocresía.
La izquierda no está exenta de casos donde la actuación de figuras de MORENA es contraria al apoyo histórico a la lucha LGBT+ y al momento político que vivimos. Sin embargo, la gran diferencia radica en los mecanismos partidistas que existen para sancionar posturas contrarias a las establecidas en los estatutos del partido. Vale la pena recordar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó cancelar el registro del diputado local de Nuevo León, Juan Carlos Leal Segovia, por comentarios y publicaciones abiertamente homofóbicas. A esto se suma una militancia orgullosa y diversa que se mantiene alerta y participativa en los cada vez más numerosos espacios de participación pública a los que hemos podido acceder. La militancia de izquierda, con el liderazgo de sus representantes LGBT+, sigue haciendo de esta una Nación de Orgullo.
