La denominada revocación de mandato es un ejercicio de participación que diversos países en el mundo realizan y tienen institucionalizado; es decir, es una posibilidad común en las democracias modernas, sobre todo en regímenes parlamentarios y algunos de corte presidencial, donde la autoridad ejecutiva puede ser removida ante la falta de resultados, pérdida de confianza o control constitucional al exceso del poder.
En los sistemas parlamentarios comúnmente se le denomina voto de no confianza, o moción de censura, la cual tiene como objetivo remover al primer ministro ante diversas circunstancias, sobre todo de índole político. En sistemas presidenciales existen mecanismos de control por parte de las cámaras de representantes para remover al presidente, incluso en algunos países se tiene institucionalizada la moción de censura para diversos funcionarios del poder ejecutivo.
En México, la revocación del mandato ha sido plasmada en la Constitución como un mecanismo de participación directa que involucra a la población en general, no solo a un estamento político. Esto es de relevancia notable, pues se institucionaliza un mecanismo que hace posible el control ciudadano sobre la conducción del país, un hecho que innegablemente empodera a la población.
Consultar a la gente sobre la continuidad o no de un mandatario al frente de una nación es un ejercicio de democracia directa que rompe con la imagen del hiperpresidencialismo heredado de la era del PRI, y es un claro indicio de transformación sobre la idea o concepto del ejercicio del poder político.
Este mecanismo debilita la figura exacerbada que se tenía del presidencialismo mexicano, ya no son los tiempos cuando el presidente de la república no era cuestionado o controlado; ya no parece letra muerta aquella frase pronunciada en el ritual de la toma de protesta, donde el presidente electo menciona: – Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Ahora, existe una vía legal de revocar el mandato al titular de la presidencia a demanda de la población que es gobernada, a todas luces es un ejercicio sano para una democracia en crecimiento.
Para que dicho ejercicio sea vinculante, como en las consultas populares, se tendrá que contar con una participación ciudadana del cuarenta por ciento de la Lista Nominal de Electores el día de la jornada, y la opción ganadora será la que se dé por una mayoría absoluta; esta es la condicionante para la materialización de la revocatoria.
La petición de revocación de mandato, constitucionalmente, correrá a solicitud de la población; pues se requieren de la recolección de firmas del 3% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores y el INE es la institución encargada de organizarlo. Se requiere de una sociedad civil sumamente organizada y concientizada sobre los por qué de requerir someter a un presidente a la continuación de su cargo.
Y he aquí una desventaja, ya que el involucramiento de los partidos políticos es un tema muy vigilado por las autoridades electorales; su intervención está casi prohibida en la práctica, al ser ellos primeros actores interesados en remover al titular del poder ejecutivo cuando este no esté funcionando.
Como mencioné al inicio de este pequeño artículo, los mecanismos de control político sobre el poder ejecutivo generalmente vienen de las oposiciones legalmente constituidas; es decir, de los partidos políticos y su intervención en la sociedad sería un factor fundamental para promover una moción de censura a escala nacional.
Para el caso que nos ocupa en México, resulta curioso que López Obrador quiera someterse a un ejercicio de esta naturaleza, cuando la oposición es muy dura con su proyecto presidencial. Resulta irónico que los primeros en no querer este ejercicio sean los políticos que rechazan categóricamente cualquier acción del gobierno.
La lectura también pasa por los altos índices de popularidad que goza AMLO, siendo el principal interesado en reforzar la imagen de bueno gobierno y seguir contando con el apoyo popular, pero ¿sin la intervención del partido?
En conclusión, para el contexto mexicano, la capacidad de movilización que la ley exige para que la revocación del mandato sea vinculante no tiene precedentes en la sociedad civil organizada, sin la intervención de los partidos políticos, y resulta curioso que no sean los partidos opositores los que promuevan dicho ejercicio.
Al parecer, la oposición si está verdaderamente descompensada y moralmente desautorizada para movilizar a escala nacional una moción de censura presidencial, y es en el terreno de AMLO, a población abierta, donde la batalla política ya está perdida para ellos.
