El domingo se cumplieron siete años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; siete años sin conocer su paradero y sin justicia.
Después de este tiempo, creo que hay varias enseñanzas que este acontecimiento ha dejado en nuestro país y me parece pertinente que —para quienes nos hemos solidarizado con la causa y quienes esperamos acabar con sucesos parecidos— podamos reflexionar sobre estas. Esto involucra desde quienes ahora están en puestos de autoridad, quienes están en organizaciones políticas, sociedad civil y la población en general.
La desaparición de los 43 estudiantes rurales dejó en evidencia la crisis de personas desaparecidas en nuestro país, poniendo en primera instancia la colusión entre gobierno y crimen organizado.
No sólo existía una grandísima impunidad ante la corrupción, sino que se demostraba que trabajaban en equipo para cometer ilícitos. En el caso de la desaparición de personas (que para el 2013 ya llevaba varios años gestándose en el país) se demostró que era —y es— necesario que se involucren los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Sin la voluntad de alguno de estos, atender el problema se vuelve imposible.
El tiempo es clave. Aunque esto es de conocimiento general —e incluso hasta parecería obvio— creo importante recalcarlo para las autoridades que están a cargo de atender estos problemas, ya que en las dependencias locales existen problemas de burocratización del proceso, renuencia para recibir denuncias o para hacer las investigaciones correspondientes.
Esto último nos lleva al siguiente tema: la voluntad política. Sin voluntad política cualquier asunto público puede volverse una causa perdida de inmediato; pero no solo basta con tenerla presente o comprometerse en lo más básico, sino que se debe marcar la diferencia con la atención a los detalles.
En el caso tan evidente de personas desaparecidas, no solo es necesario que se cubran los vericuetos legales, sino también dotar de presupuesto suficiente a las dependencias que lo atienden y, sobre todo, de personal capacitado, sensibilizado y capaz de comprender a profundidad un problema tan complejo, además de saber crear los puentes de comunicación con todas las partes involucradas.
Quisiera subrayar este último requerimiento: la comunicación entre los sectores afectados y quiénes deben y pueden resolver las problemáticas. Aunque podría parecer muy obvio, en los hechos muchas veces no se logra esta interlocución ya sea por incapacidad, desconocimiento o, como hemos dicho, falta de voluntad. Incluso quienes son expertos o expertas, siempre deben contemplar escuchar a la gente afectada para lograr hacer cambios efectivos, es indispensable hacerlo creando las herramientas adecuadas en lo administrativo, legal y político, con retroalimentación constante, protocolos de acción y buenas prácticas, que permitan marcar precedente para manejar casos semejantes en el futuro.
Hoy sabemos que el problema es más grande y profundo de lo que imaginábamos en el 2014. También sabemos que el paso del tiempo y la inacción (u obstrucción) de administraciones pasadas ha agravado el problema. Sin embargo, eso no nos impide ser responsables social y políticamente para luchar por todas las personas que en este país han sido víctimas de desaparición, porque si algo dejo claro la tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa es que la presión y movilización social sí ayudan a presionar gobiernos y a concientizar a la gente.
