(Parte II del reportaje: El huachicoleo de los apoyos a ganaderos de la UGRS)
La desincorporación de la responsabilidad del estado en el manejo de los recursos naturales, recursos energéticos, hídricos, de las riquezas minerales que son propiedad de la nación y por ende del pueblo, provoca que minorías rapaces vean la oportunidad de hacer grandes negocios, y la actividad agrícola y ganadera no es la excepción; lo que nace con un noble deseo de mejora es acechado por intereses ajenos a las legítimas aspiraciones de superación de los pequeños productores de ganado, porque pulula el negocio por todas partes de quienes lideran las instituciones y organizaciones de esta actividad, por encima de los intereses colectivos y que, mediante el tráfico de influencias, diseñan oportunidades de provecho en favor de unos cuantos y en detrimento de las mayorías.
El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), lo inició el estado mexicano operando incluso con la distribución de aretes para la identificación del ganado gratuitos, después le agregaron una pequeña cuota de recuperación de 5 pesos, después lo ascendieron a 10, para luego concesionarlo a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y de ésta hacer una normativa, un negocio. El arete una vez concesionado le cuesta 6 pesos a la CNOG y no obstante recibe apoyos de SADER para la adquisición de los mismos y la CNOG se los vende a las Uniones Ganaderas Regionales en 16 pesos. En Sonora la UGRS se los vende en 30 pesos a las 98 Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) de la entidad, para que ésta última, que es la que hace la labor de venta entre sus agremiados, los acomode en 40 pesos. Calculamos en cientos de miles de millones de pesos lo que la CNOG se embolsa por el privilegio de tener esta concesión; algunas fuentes insinúan que es del propio presidente de la CNOG, Oswaldo Cházaro, este negocio (quien ya ha tenido señalamientos públicos de corrupción) y en segundo plano también como beneficiarios de este negocio los dirigentes de cada Unión Ganadera Regional, en el caso de Sonora, Héctor Platt Martínez quien preside la UGRS aún siendo desconocido por el gobierno federal por haberse reelegido mediante una asamblea de votación fraudulenta.
La CNOG es presidida por un presidente sempiterno, quién aprovechando la antidemocrática figura de delegados se ha eternizado en el puesto, de esta forma los ganaderos también tienen a su propio Romero Deschamps o Fidel Velazquez, sin embargo, escuchamos al presidente López Obrador aseverar que va la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional, incluso en los sindicatos de las empresas de capital privado y las organizaciones ganaderas que son de interés público y en la que el poder ejecutivo del gobierno federal por conducto de la SADER, es la autoridad encargada de democratizar a este gremio, pero esta secretaría aún se encuentra reumática sin dar inicio a la tan esperada democratización.
El grueso de los ganaderos rechazan rotundamente la figura de delegados y exigen el voto directo, secreto y universal en la Ley de Organizaciones Ganaderas, que sea el pequeño, el mediano y grande ganadero los que decidan quienes serán sus dirigentes de manera directa y no bajo el subterfugio de la figura de delegados. El gremio ganadero exige desde hace tiempo una reforma a la Ley de Organizaciones Ganaderas y que en Sonora se ejecuten las sanciones al actual dirigente en Sonora de la UGRS, Héctor Platt, quién ostensiblemente y sin decoro declara y se ostenta como lo que no es, porque el Gobierno Federal lo desconoce como Presidente de la UGRS, al cuál se le debería de aplicar la ley ejecutándole el Artículo 20.- A quien por sí o por interpósita persona, haga uso indebido de las distintas denominaciones de las organizaciones ganaderas a las que se refiere esta Ley, se impondrá multa de quinientos a mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción. Igual sanción se impondrá a quien se ostente como representante de una organización ganadera, sin contar con el registro correspondiente. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo
Que de una vez por todas ya se defina la situación actual que vive el gremio ganadero en Sonora y se ejerza el Artículo 26.- Las resoluciones que en estos casos emita la Secretaría, serán definitivas y no admitirán ulterior recurso administrativo. Que en el Título IV de la Solución de Controversias establece el Artículo 25.- Tratándose de conflictos entre asociaciones ganaderas locales o entre éstas y las uniones ganaderas regionales, la Secretaría intervendrá a petición de parte en los términos de su reglamento. Cuando la controversia se origine por causas vinculadas con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la competencia para resolverlos será de la Secretaría, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables.
El 23 de enero de 2019 mediante un comunicado, El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) declara que: Redistribuirá los recursos destinados a sanidades, con el objetivo de fortalecer y preservar los avances logrados a través del Sistema Nacional de Trazabilidad Animal. En reunión de trabajo el director en jefe del SENASICA, Javier Trujillo Arriaga, con representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), coincidieron en emprender dicha reasignación, haciendo énfasis en programas de importancia estratégica para el país.
Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Sistema Nacional de Trazabilidad es un bien público que debe fortalecerse con el objetivo sustancial de preservar el valor de la actividad pecuaria del país, refirió Trujillo. El presidente de la CNOG, Oswaldo Cházaro Montalvo presentó las herramientas básicas para el sustento del “Acuerdo Nacional de Trazabilidad Animal 2018-2024”, entre las que se encuentran el Padrón Ganadero Nacional (PGN), el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y el Registro Electrónico de Movilización (REEMO).
Más allá de la legalidad, fundamento jurídico, decreto ejecutivo o acuerdo legal, el denominado Registro Electrónico de Movilización (REEMO) en Sonora, se sustenta en un marco jurídico según la página del Comité de Inspección Pecuaria del estado de Sonora (CIPES), en el que no hay alusión al REEMO, pero este Comité se auto proclama así mismo como:
“El organismo encargado de aplicar e implementar las medidas necesarias, de tecnificación y control que permitan preservar, incrementar y fortalecer el estatus sanitario, que permite a los productores sonorenses concurrir en el mercado nacional y de exportación de ganado y derivados sin ninguna restricción”
Y agregan:
“ El Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora, fue creado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 02 de febrero del año 2010, por el Gobierno del Estado, como un organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto apoyar en la operación y administración de las Estaciones Cuarentenarias, Casetas de Inspección Pecuaria, y Centros de Inspección Ganadera en el Estado de Sonora, conforme lo establece la Ley de Ganadería.”
Sí pero, ¿y el REEMO? ¿dónde está su fundamento de creación legal por obligatoriedad? Porque entre sus atribuciones y facultades no aparece nada respecto a la obligatoriedad de operar e implementar un Registro Electrónico de Movilización (REEMO).
El 31 de mayo del 2019, se publicó en un evento convocado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), denominado “Sistema de identificación y trazabilidad 2019-2024”, donde el Coordinador General de Ganadería, David Monreal Ávila aseguró que el Gobierno de México cumplirá con la responsabilidad de ejecutar e implementar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), para brindar una mejor atención al gremio ganadero nacional, resaltando el sentido público del Sistema.
Como lo establece también el Artículo 3º de la Ley de Organizaciones Ganaderas, «las organizaciones ganaderas a las que se refiere esta Ley, serán consideradas de interés público».
Pero quienes operan este sistema de Registro Electrónico de Movilización (REEMO) es el CIPES, mediante los CENTROS DE INSPECCIÓN GANADERA DE ALTA MOVILIZACIÓN (CIGAM), CASETAS DE INSPECCIÓN PECUARIA (CIP) y la estructura del CIPES. Y la máxima autoridad es:
El tesorero es Héctor Platt Martinez, presidente del consejo directivo de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) que está desconocido por la SADER, es decir, por el gobierno federal. Y se establecen las siguientes tarifas:
Es decir que los ganaderos de Sonora, además de pagar por cada cabeza de ganado de cualquier sexo o edad entre 40 y 50 pesos (precio variable) por el arete SINIIGA y otros conceptos, la estimación puede resultar así:
Los ganaderos de Sonora son conscientes de la importancia de la rastreabilidad, de la identificación y trazabilidad del ganado. Lo que categórica y enfáticamente rechazan, es que lo que corresponde al estado mexicano operar, administrar y ejecutar, lo haya concesionado a instancias que han aprovechado estas normativas para hacer negocios bajo esquemas de contubernio a los cuales les denominan acuerdos, convenios, concurrencias, concertaciones y algunos conceptos más. De esta manera como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado en múltiples ocasiones, bajo el amparo de estos mecanismos “legales” han ido desincorporando lo que en derecho y obligación le corresponde al estado mexicano ejecutar en beneficio de la población sin el afán de lucro, sino el de la vocación del servicio público para coadyuvar con quienes se dedican a generar autosuficiencia alimentaria para la nación, en este caso, la actividad ganadera.
Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.
@Naranjero75
