En México, la mala distribución de riqueza alcanza una cifra muy alta, pues el 80 por ciento de los activos financieros están concentrados en sólo el 10 por ciento de las familias, mientras que el 10 por ciento de las empresas del país concentran el 93 por ciento de los activos físicos, destacó la Cepal.
El coeficiente de Gini para nuestro país es de 0.79, (0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima).
Estos indicadores nos dicen claramente, que gran parte de la problemática social, de salud, seguridad pública y alimentaria, se debe principalmente a que la gente no tiene los ingresos necesarios para tener una calidad de vida adecuada y tampoco tiene certeza sobre el futuro, ni de ellos ni de sus descendientes. En consecuencia, se hace necesaria una política pública, que redireccione la distribución de la riqueza para buscar un punto de equilibrio entre el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de todo el Pueblo mexicano.
Por ello, una vez estudiado y analizado el problema a profundidad, en función de las leyes económicas, es importante que:
- En materia económica, no existan impuestos a la producción, es decir, que el ISR y demás impuestos que se gravan a la producción, sean eliminados de la miscelánea fiscal; esto se hace necesario para que el país sea competitivo, y atraer nuevas inversiones. Esto incentivaría la inversión nacional e internacional y fortalecería el mercado interno.
- La manera en que esta política aplicaría sería la siguiente: todos los sectores productivos, no pagarían un solo impuesto sobre la ganancia, no así sobre el consumo; es decir: los bienes y servicios gravados por impuestos como el IVA tendrían que ser aplicados a todos los sectores en general, no así los impuestos a la producción como el ISR.
- Cabe destacar que esta política solo sería exitosa, si el empresariado mexicano reinvierte un 70% sobre las ganancias, y el 30% restante debe ser libre de impuestos, a manera de incentivo al empresariado mexicano.
- En caso de que alguien no esté dispuesto a reinvertir las ganancias en el sector de la economía que así lo desee, las ganancias deben gravarse hasta en un 70 %, y el 30 % restante debe quedar sin gravamen; el 70% que se grave debe ir enfocada a la generación de infraestructura básica para la sociedad, como puentes, carreteras, etc., o a proyectos productivos en las zonas más marginadas del país.
- Debemos dejar en claro que, las reinversiones deben ser productivas, no deben ser bienes de consumo personal, ni suntuosos, como, por ejemplo, obras de arte, carros de lujo, mansiones, etc.
Con estas medidas, tendríamos las siguientes consecuencias:
- Al incrementar la reinversión, automáticamente se promueve la generación de nuevos empleos.
- Al incrementarse la cantidad de empleos, se necesitan más personas, por lo tanto, de manera natural, la mano de obra se aprecia, es decir, la fuerza de trabajo incrementa su valor.
- Al incrementarse el valor de la mano de obra, esta tiene un mayor poder adquisitivo, por lo tanto, es capaz de incentivar el consumo de bienes y servicios.
- Al incentivarse el consumo de bienes y servicios, el mercado interno se fortalece.
- Al fortalecer el mercado interno, la moneda nacional se fortalece en la misma proporción, por lo tanto, las fluctuaciones entre monedas se atenúan.
- Cabe destacar que esta medida de ninguna manera genera inflación, ya que el incremento al salario estará basado en generación de riqueza real, ya que se producirán más bienes y servicios.
- Al haber mayor cantidad de bienes y servicios producidos por el país, el precio de estos se mantiene estable, y a medida que existan más bienes y servicios producidos, el precio disminuye en el país, y estaremos en condiciones de exportar los excedentes a precios competitivos a nivel internacional.
Se hace necesario aclara, que los niveles de recaudación fiscal no se reducirían, porque hay que recordar que el consumo sigue gravado, por lo tanto, los impuestos recaudados serian iguales o mayores en función de la productividad y consumo el país; con estos impuestos se seguirán pagando los servicios básicos, como seguridad social (salud), educación, administración de justicia, seguridad pública, servicios públicos, etc.
Esta política pública generará más empleos, los cuales llevan aparejados una disminución en los índices de delincuencia común y organizada, ya que esta más que comprobado que las sociedades con mayor cantidad de empleos bien pagados tienen una baja incidencia delictiva.
