Durante muchos años, por no decir, décadas, el Poder Judicial, y sus operadores jurídicos, llámense jueces, magistrados y ministros, estuvieron fuera de los reflectores tanto mediáticos como del escrutinio popular, no porque se mantuviesen ajenos a las diversas dinámicas de poder y mucho menos, a los intereses políticos y económicos, más bien, creo todo lo contrario, por conveniencia se utilizaba su camuflaje y silencio aparente para legalizar y forrar las decisiones políticas con un blindaje legal, aunque muchas veces inmoral, se aplicaba el dicho “el que come callado, come dos veces”.
Pese a que se “auto invisibilizó” el poder judicial, sus prácticas y sus relaciones con los intereses políticos y los económicos; el tiempo y sus excesos, nos demostraron que estas relaciones son íntimas, y están más vigentes de lo que uno se puede imaginar, pues como bien lo ejemplifica y teoriza el sociólogo alemán, Niklas Luhmann, en su obra “El Derecho de la sociedad”, utilizando su teoría de sistemas como instrumento, nos demuestra como tres grandes sistemas como son; el sistema jurídico; el sistema político y el sistema económico, constantemente se interrelacionan, se irritan, subsumen y a su vez se auto reconstruyen, alimentándose y protegiéndose; esto en una especie de complicidad oportunista dependiente de las necesidades, en una especie de amasiato, un pacto no acordado. A esto el sociólogo le llama autopoiesis.
El sociólogo alemán, adoptó un término utilizado convencionalmente en la biología, y lo empleo para teorizar el funcionamiento de la teoría de sistemas, buscando demostrar que, así como en la biología los seres vivos buscan la auto reproducción, garantizarse a sí mismos la capacidad de poder vivir y mantenerse así, al igual que mantener sus privilegios, los sistemas y sus operadores a través de la autopoiesis, buscan el mismo objetivo.
Con lo anterior, busco ejemplificar, y ver al poder judicial como un gran sistema, con sus propios operadores, sus subsistemas, sus privilegios y formas de organización que lo hacen diferente de otros entes o poderes, llámese poder ejecutivo y poder legislativo.
Esa capacidad de creación y producción sin límites, del poder judicial, sin el mínimo escrutinio; trajo diversas consecuencias, pues todo poder que no es limitado ni sometido al juicio popular, tiende a ser arbitrario e incluso, injusto.
Afortunadamente, hoy bajo una nueva administración como es la Cuarta Transformación, en el que lo público, debe ser más público, y todo poder del Estado debe ser cuestionado por el soberano –pues de este emana el poder — podemos ver como los tres poderes de la unión poco a poco se han ido transparentando; ejemplo de ello, es el mismo titular del ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cotidianamente, a través de sus conferencias matutinas, medios de comunicación lo cuestionan sobre su actuar o su omisión.
Por otro lado, vemos al poder legislativo, quienes poco a poco se han ido desenmascarando frente a sus representados, el pueblo politizado cada vez los conoce más y les interesa más que hacen o no desde los escaños y los curules. Este próximo 2 de junio el pueblo los votará o los botará.
Lamentablemente el proceso de transformación y escrutinio popular se ha visto mas mermado en el poder judicial, pues si bien el sistema no es bueno ni malo, solo es un sistema, sus operadores si persiguen y protegen intereses de otros sistemas de carácter político y económico; pues actualmente, sí hay un poder judicial partidizado y politizado así como mercantilizado; para muestra de ello, bastan dos ejemplos, primero; la designación de ministros, la mayoría de las ocasiones se atiende a intereses de partidos políticos, que se politizan en la deliberación de los senadores al momento de escoger el mejor perfil, y como segundo ejemplo, es el alto costo de la justicia. ¿Dónde queda la economía procesal? y ¿el acceso a la justicia? Pues pareciera que solo puede acceder a la justicia aquellas personas que tienen poder económico o suficientes dividendos para contratar al mejor despacho de abogados y en su caso, para comprar decisiones judiciales y ni hablar de la suplencia de la queja, que prácticamente atienden los jueces en materia laboral, agraria, entre otras, pese a ser su obligación aplicarla.
Afortunadamente y pese a tener pronósticos en contra, el Poder Judicial tendrá que ceder a la voluntad del soberano y atender el llamado del proceso de transformación por el que actualmente atraviesa México. Pues considero que es un gran avance que las y los mexicanos ya ponemos atención en el actuar de los impartidores de justicia, se han transparentado y difundido los múltiples privilegios de la burocracia dorada que vive en las cúspides del Poder Judicial Federal.
Actualmente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos a una aliada como es la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien desde el primer día renunció a los múltiples privilegios que se habían normalizado, aceptó el mandato constitucional de no ganar más que el presidente de la república y lo más importante, ha defendido en el pleno de la Corte con argumentos jurídicos, posicionamientos importantes como la extralimitación de la corte en sus sentencias, o la creación a modo de la democracia deliberativa, figura no contemplada en la Constitución Federal. La ministra nos demuestra con sus proyectos presentados ante el pleno y la sala, que ya tenemos quien defienda los intereses del pueblo en el máximo tribunal constitucional.
