El gobierno de la Cuarta transformación, iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora bajo el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incorpora la soberanía y la sostenibilidad como ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan México (2025); prueba de ello, son las políticas públicas con un enfoque ambiental auténtico, social e incluyente.
Mucho puede hablarse de las acciones y programas que existen a nivel federal y municipal para proteger los recursos naturales de México; por mencionar algunos, el programa Sembrando Vida tiene como principal objetivo reforestar, recuperar suelos y garantizar a las y los campesinos un ingreso seguro, el Plan Nacional Hídrico combate la sobreexplotación de acuíferos y prioriza la redistribución del agua con acciones como la captación de agua de lluvia, el tratamiento de aguas residuales y promueve la gestión comunitaria; de igual forma, la Estrategia Nacional de Economía Circular tiene como fin la reducción de residuos, el fomento al reciclaje y la promoción de la sustentabilidad en las industrias.
La visión humanista del gobierno impulsa un crecimiento económico con bienestar social, reconociendo a la sostenibilidad como una prioridad fundamentada en el respeto de los pueblos y las comunidades, y al derecho a un medio ambiente sano. Desde esta perspectiva, la sostenibilidad no es un lujo sino un deber del Estado con las generaciones futuras, que no pierden la esperanza, aún ante un escenario internacional marcado por un ascenso de gobiernos de ultraderecha con alta popularidad que buscan saquear y explotar los recursos naturales, entregar lo común a lo privado y criminalizar la defensa del territorio.
Ante estos acontecimientos, han surgido experiencias de gobiernos progresistas que colocan la justicia ambiental, la sostenibilidad y la soberanía en el centro de sus proyectos políticos.
En Europa, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo establecido en 2019, representa un giro hacia una economía neutra, justa e incluyente, pues plantea que todas las políticas emanadas del sector industrial, energético, comunicaciones, transporte y agricultura, deben estar alineadas con el bienestar ecológico, lo que refleja un Estado que orienta la economía hacia el bien común por medio del desarrollo sostenible.
En Asia, China encabeza la transición energética mundial a través de políticas públicas ambiciosas de planificación centralizada con una inversión masiva en energías limpias. A pesar de seguir siendo uno de los mayores emisores, ha logrado liderar el desarrollo de infraestructura verde, movilidad eléctrica y financiamiento climático. Algo similar ocurre en India, que apuesta por las energías renovables como base de su soberanía y autonomía.
Por otro lado, en países del continente Africano, la prioridad sigue siendo la distribución equitativa de los recursos frente a condiciones de vulnerabilidad histórica: garantizar el acceso al agua, producción alimentaria e infraestructura sostenible. La justicia social con preservación ecológica ha resonado mucho en los últimos años con la llamada “triple agenda”, la cual hace referencia a la salud, clima y desarrollo.
En América Latina, México, junto a otras experiencias como la Boliviana durante el Proceso de Cambio (2006-2019), Ecuador con Rafael Correa (2007- 2017) al frente, Uruguay con la coalición de los Gobiernos del Frente Amplio (2005- 2020) o Brasil con el presidente Lula da Silva, quien redujo históricamente la deforestación en la Amazonia, ha reconocido a las tierras y pueblos indígenas y ha creado reservas extractivistas para un mayor control de los recursos naturales; marcan una pauta distinta en las políticas públicas, demostrando que es posible construir un modelo sostenible desde la izquierda, en el que se resignifique a las culturas milenarias con sus saberes ancestrales comunitarios, el respeto al territorio y a la organización popular.
A diferencia de los gobiernos de derecha que implementan modelos centrados en la élite o en mecanismos financieros, la izquierda en vez de hacer negocio con la naturaleza, defiende la soberanía ambiental como un principio de justicia social.
Estos ejemplos internacionales demuestran que sí es posible construir modelos alternativos al neoliberalismo, en los que el Estado, desde una perspectiva progresista, impulse transformaciones estructurales con el medio ambiente como eje transversal y el pueblo como protagonista del cambio.
México, en específico, plantea una justicia climática con enfoque humanista, que reconoce a los pueblos y comunidades como guardianes históricos del territorio. La Cuarta Transformación no defiende intereses corporativos ni privilegios privados: pone al pueblo y a la naturaleza en el centro del desarrollo. Frente al avance de proyectos depredadores impulsados por gobiernos de derecha y una narrativa global que desprecia lo común, este país demuestra que otro camino es posible: uno en el que el desarrollo equitativo no se opone al futuro, sino que lo garantiza.
