Un pacto desde el tribunal

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Un pacto desde el tribunal

Por Zianya Martínez | miércoles, 08 de julio del 2020.

A partir del siglo XXI en América Latina, los proyectos postneoliberales comenzaron a tomar presencia en los gobiernos debido a la gran organización popular que se gestaba en la región. A su vez, la derecha comenzó a generar estrategias que, en la segunda década del siglo, se hicieron visibles tras la destitución de gobiernos mediante los llamados ‘golpes blandos’, con el objetivo de detener todo proyecto que tuviera como bandera hacer frente al neoliberalismo. De diferentes maneras, los gobiernos postneoliberales -que tanto habían costado construir- fueron poco a poco perdiendo presencia en la región. Tal fue el caso de Brasil y Paraguay tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y de Fernando Lugo en 2012 respectivamente; sin olvidar la traición de Lenin Moreno en Ecuador y el reciente golpe en Bolivia, el cual sería un error describirlo como “blando”.

Rescatando algunos elementos para la reflexión del caso brasileño y el paraguayo, resulta pertinente identificar aquellos hechos comunes que fueron progresivamente clave en la consolidación del golpe. Primero, la división interna del partido en el poder y sus coaliciones; segundo, derivado de ello, la conformación de cúpulas en la toma de decisiones; tercero, el alejamiento del partido con las bases; y finalmente, la intromisión de los tribunales y en general del poder judicial con bandera de democracia pero ocultamente opositor, promovida por una propia fracción del partido en el poder.

En Brasil, la alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) había sido clave para consolidar los proyectos encabezados por Lula y Dilma, pero también lo fue para realizar el golpe blando tras la ruptura interna de la coalición.

Recordemos que fue un líder del PMDB quien solicitó el proceso (disfrazado de democracia) contra Dilma ante el poder judicial para que después Temer, integrante del mismo, asumiera la presidencia. Caso similar fue aquel del Partido Liberal Radical Auténtico y el juicio contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012. En ambos casos, bastó con una solicitud de estos liderazgos, para que, en poco tiempo, los tribunales dieran agilidad a los procesos de destitución de los Presidentes y aportaran el último eslabón para consolidar los golpes de Estado contra ambos proyectos postneoliberales.

Para México, estas lecciones regionales deben ser una reflexión sobre los escenarios que, a mediano plazo y de manera no exacta, pudiesen -sin ser alarmistas- ser consecuencia de la ruptura interna del partido en el poder y de la intromisión de los poderes judiciales que, al menos en la región, han funcionado como órganos golpistas –y no democratizadores—cuando los proyectos postneoliberales encabezan la presidencia.

El día de hoy Morena, como partido en el poder, atraviesa evidentemente una fractura interna como producto de varios factores: el alejamiento de los liderazgos populares del partido-movimiento para cumplir tareas de gobierno, la inestabilidad de la dirigencia y, sobre todo, la presencia de un vacío organizativo generado tras haber cumplido su principal objetivo de formación: llevar al licenciado Andrés Manuel a la Presidencia. En este contexto, aunado a la contingencia sanitaria, y a meses de comenzar un nuevo periodo electoral -el primero después del más trascendental en la historia reciente de nuestro país- la intromisión del poder judicial no es precisamente la opción más democrática y óptima, no solo para la vida interna del partido, sino para la Cuarta Transformación.

La sociedad civil y ciudadanía no militante, quienes pueden o no simpatizar con la 4T, podrían argumentar que la incidencia de órganos externos y autónomos como un tribunal, es necesaria en los procesos de democratización partidista, particularmente cuando estos representan la mayoría en el poder. Sin embargo, cuando esto sucede en un trasfondo de negociación de candidaturas y de inestabilidad dentro del propio partido, la incidencia de este órgano está lejos de significar un proceso de democratización. Por el contrario, esto asemeja más a una forma tradicional de hacer política, en la que la repartición de candidaturas está por encima de cualquier proyecto colectivo que emane del Pueblo.

Desde hace unos meses, Morena tiene la tarea pendiente de renovar su estructura interna y con ello la dirigencia, por lo que cumplir con este mandato que exige, no solo el tribunal sino la propia militancia, es una obligación; así como es una obligación apegarse a los procesos democráticos establecidos en los estatutos del partido fundado por el hoy Presidente de la República, donde el trabajo militante en las calles y los procesos asamblearios a nivel local y nacional son fundamentales para garantizar la democracia. Es por eso que, promover desde una fracción del partido un pacto con el tribunal a través de una encuesta abierta -que violenta los estatutos del partido y los derechos político electorales de sus militantes- coloca a la Cuarta Transformación más cerca de un golpe, que a Morena de la democracia.

Finalmente, es bien sabido que el obradorismo y la Cuarta Transformación trascienden al actual partido en el poder. Sin embargo, es difícil pensar que este proyecto de nación pueda consolidarse en el largo plazo, como 30 millones de mexicanos quisiéramos, sin la presencia del partido que fundó el presidente. Mucho menos se solidificará si la oposición elige a las autoridades de nuestro partido, por lo que un golpe a Morena de parte del tribunal, podría ser insumo en el largo plazo, para un golpe contra nuestro proyecto de nación actual. Si bien es tarea del Pueblo construir la Cuarta Transformación, debe quedar claro que también es responsabilidad de las bases militantes rescatar a Morena. La fuerza de Morena está en su militancia.
 

Por Zianya Martínez | miércoles, 08 de julio del 2020.

Zianya Martínez

Feminista, militante de morena, del movimiento estudiantil y de la chinaca feminista. Economista y gestora intercultural en formación. Twitter: @zianyismar

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