El pasado 14 febrero, la Presidenta Constitucional de México estuvo en Emiliano Zapata, Veracruz, los motivos son indistintos, pero lo que vale destacar, es su mensaje lleno de amor, muy ad hoc a la fecha.
Dijo:
“Yo creo que no hay ningún otro país en el mundo, tan democrático como México, nuestros adversarios, ya ven que luego nos critican en los medios y dicen que somos autoritarios.
Pero ¿cómo vamos a ser autoritarios? Si estamos dejando que el Pueblo elija.
Autoritarismo sería que la Presidenta decidiera. No, aquí no decide la Presidenta, decide el Pueblo de México y el Pueblo por primera vez, va a tener un Poder Judicial al servicio de la nación y al servicio del Pueblo de México, jueces, magistrados y ministros de la suprema corte de justicia de la nación.”
Y aunque a primera vista no se lee ninguna frase melosa, les doy mi perspectiva sobre el cariño implícito.
La reforma al poder judicial (en adelante PJ), involucró llevar al límite la resistencia de las personas usuarias del aparato jurisdiccional; la falta de diálogo entre los poderes; y la sobre explotación de los recursos públicos (entiéndase, el presupuesto otorgado al PJ de la Federación).
Se dice ello, pues llegó un momento, donde el llamado de justicia permeó en todos los sectores, ya que el aletargamiento en la resolución de los asuntos, los cuestionables otorgamientos de suspensiones por jueces y juezas federales, el aumento de grandes empresas exentas de pagar contribuciones a la par del Pueblo mexicano, y la notoria percepción de impunidad y corrupción, erosionó por completo la confianza en quienes impartimos justicia.
Por su parte, un grupo reducido de la población apelaba a la protección de sus derechos, como a la estabilidad laboral, proyecto de vida o salarios justos (pues desde su óptica, solo ellas y ellos cargan sobre sus hombros, la más alta responsabilidad, de entre todos los trabajos desempeñados en nuestro país).
Al final, la reforma judicial es un hecho, y se encuentra en plena y democrática consolidación. Con esto quiero decir que la entusiasta participación de la población ante el llamado de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a inscribirse en los diversos comités, revelan un interés legítimo, auténtico, además del compromiso ciudadano por trasformar este poder, integrarlo con gente buena, preparada, honesta y con ganas de servir a la patria desde esta trinchera. Sostengo lo anterior, atendiendo a los datos oficiales:
La convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo registró a 18 mil 447 personas; mientras que el del Poder Legislativo recibió 11 mil 646 solicitudes digitales, 15 mil 242 correos electrónicos y formó 258 expedientes físicos. Además, pese a la reticencia, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) reportó 3 mil 805 aspirantes. Si eso no se entiende como interés genuino, hemos perdido la fe…
Ante ello, me pregunto ¿qué nos motivó a miles de personas abogadas a inscribirnos? Personalmente, percibo algunos elementos: conocimiento acerca de las deficiencias que existen en el sistema jurídico mexicano, clamor por abrir las puertas a otro sector de la abogacía, que, de facto, estaba marginado a la posibilidad de «hacer carrera judicial»; también, la urgencia que las juventudes protagonicen la toma de decisiones de este país.
Qué muestra de amor más clara, que la voluntad de la actual cabeza del ejecutivo –y de quien en su momento lo propuso, el amado presidente AMLO- de “perder” la facultad -que por años imperó- de proponer y, hasta elegir, a los y las integrantes de la Suprema Corte; además de legitimar y transparentar la función judicial, imperando un sentido democrático y nunca oligárquico, en todas las decisiones presidenciales y estrategias de gobierno.
Se trata de un manifiesto deseo de equilibrio, donde la ciudadanía elige a sus personas juzgadoras, pero con la oportunidad de evaluar quiénes son y cómo lo están haciendo, en búsqueda de resultados eficientes; porque no olvidemos que la reforma al PJ también trajo consigo la creación de tribunales de disciplina (federal y locales), donde acorde a las normas de responsabilidad administrativa vigentes, se investigará y sancionará –cuando haya motivos- a las y los operadores judiciales corruptos o ineptos (no pasaba).
El mensaje de amor es claro: hoy luchamos por justicia pronta, expedita y con perspectiva social; logramos que el Pueblo elija totalmente a todas las personas integrantes de los poderes de la unión, refrendando la soberanía prevista en el artículo 39 Constitucional, que tanto se le olvidó leer a los expresidentes de México. ¡Difundamos!
