Pluma Patriótica

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Una iniciativa antimercantilista contra los vientres de alquiler

El pasado 20 de junio diversas colectivas feministas presentaron una iniciativa en el Senado con el objetivo de que la llamada «gestación subrogada» se prohíba en todo México. El senador José Narro Céspedes ha respaldado la propuesta que contrarresta una tendencia mercantilista del cuerpo de las mujeres, y se expresa en nociones erróneas sobre la libertad de decidir.

En el Senado ya hay una iniciativa de reforma que busca regular en todo el país esa práctica que actualmente es legal en Tabasco y Sinaloa. Aunque se ha argumentado que la regulación es el camino propicio para controlar la ausencia de ética inherente al alquiler de vientres, a través de testimonios y análisis del fenómeno resulta muy evidente que ponerle precio a la capacidad de gestar de las mujeres tiene graves consecuencias. Entre otras, implica avalar la compra-venta de la función de un órgano del cuerpo femenino y en última instancia, ponerles precio a los seres humanos; esto es, a los bebés que nazcan bajo instancias de laboratorios transnacionales.

La propuesta prohibicionista que se presentó en el Senado, inteligentemente busca clarificar este asunto incorporando esta práctica en la ley como tráfico de órganos, porque ponerle precio a una función biológica de las mujeres implicaría meter a nuestros úteros en los vaivenes del mercado. Resulta insostenible argumentar que esto beneficia a las mujeres, y por ello tanto en los debates legislativos como en las respuestas de los tribunales ante los conflictos y amparos que ya han ocurrido en Tabasco, la argumentación atiende al derecho mercantil y tiene como prioridad establecer garantías para el comprador.

De la misma forma que en el capitalismo neoliberal se eleva la máxima del mercado de que el cliente siempre tiene la razón, el negocio transnacional del alquiler de vientres busca imponer su prioridad de hacer negocios y satisfacer al cliente pasando por encima del derecho de las mujeres a la salud. Aun así, hay un sector que se autodenomina feminista que pretende hacer pasar la propuesta de legalizar los vientres de alquiler como una política progresista, donde la libertad individual de la mujer incluye rentar su útero para satisfacer a terceros.

Esto es directamente una tergiversación alevosa del feminismo que sirve directamente a intereses del mercado y afecta a las mujeres de escasos recursos. Con seguridad, ninguna de las mujeres profesionales y con recursos que promueven la legalización interrumpirían su desarrollo laboral para gestar por un tercero. Y si así sucediera, ello sería la excepción ante el probado, estudiado y analizado ejercicio del alquiler de vientres en diferentes países, incluido México (a pesar de las restricciones), en donde quienes acuden a estos laboratorios son mujeres de escasos recursos obligadas a optar por entrar a ese negocio, con riesgos y consecuencias demasiado elevados en comparación con el pago recibido.

El alquiler de vientres es una práctica terrible del mercado transnacional y el feminismo que lo apoya, una expresión de la cultura individualista, mercantilista y rapaz del neoliberalismo más voraz. Es insostenible y por ello, la iniciativa feminista abolicionista recogida valientemente por el senador Narro Céspedes en el Senado y por la diputada Beatriz Rojas en la Cámara de Diputados, representa una alternativa ética y humanista para todas las mujeres.

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