El debate sobre una eventual reforma electoral llegó y no es un tema menor: se trata de definir el rumbo que tomará nuestro sistema democrático en los próximos años. Las posturas son tan diversas como radicales.
De un lado, están quienes proponen una refundación total del modelo instaurado desde la creación del IFE en 1990. Del otro, se escuchan voces que sugieren retomar el llamado “Plan A” de la reforma constitucional electoral de 2022.
En apariencia, se trata de dos visiones inconciliables. La primera asume, con riesgo evidente, que una mayoría parlamentaria basta para rediseñar de raíz las reglas del juego democrático. La segunda, por su parte, parece ignorar los avances y las realidades que hoy enfrenta nuestro sistema electoral.
Ambas posiciones merecen ser discutidas, pero ninguna debería imponerse sin un análisis más profundo y técnico que permita explorar un justo medio.
Ese análisis, a mi juicio, debe partir de dos premisas claras.
Premisa 1. Tanto el “Plan A” como el “Plan B” se diseñaron en un contexto político muy distinto al actual, marcado por la resistencia de una burocracia dorada que había secuestrado al órgano electoral.
Premisa 2. Hoy, el escenario parlamentario es distinto pero real: 253 diputadas y diputados y 33 senadoras y senadores no alcanzan la mayoría calificada que exige la Constitución. Solo la coalición “Sigamos Haciendo Historia” podría materializar una reforma de este calibre.
Con este punto de partida, conviene recordar que cualquier rediseño del sistema electoral debe apoyarse en diagnósticos sólidos. Existen áreas de oportunidad que no podemos soslayar, por ejemplo:
- Distribución de competencias entre autoridades electorales.
Tras la reforma de 2014, el INE y los OPLEs enfrentan un problema operativo serio. La autoridad nacional concentra funciones sustanciales en elecciones locales —integración de mesas directivas de casilla, capacitación, fiscalización— sin que la coordinación con los organismos estatales sea siempre eficiente. Rumbo a 2027, esta fragmentación amenaza con mantener deficiencias crónicas. Una autoridad única, con cobertura nacional, podría elevar el estándar de calidad y uniformidad en todos los procesos.
- Coordinación de elecciones concurrentes.
México vive en un ciclo ininterrumpido de comicios. Cada año se organiza, al menos, un proceso electoral federal o local. Esto provoca desgaste ciudadano, baja participación y desinterés. Unificar todas las elecciones en ciclos trianuales, con una sola fecha para iniciar el proceso, precampañas y campañas más cortas, administradas por una única autoridad, permitiría simplificar la logística y optimizar recursos.
- Integración de mesas directivas: el costo oculto de nuestras elecciones.
El verdadero desafío para reducir costos de nuestras elecciones no radica únicamente en los presupuestos asignados, sino en la complejidad del proceso para integrar las mesas directivas de casilla. Hoy, las y los ciudadanos deben pasar por múltiples capacitaciones y recibir varias visitas de funcionariado electoral antes de desempeñar su labor. Reducir plazos, seleccionar personal verdaderamente idóneo y simplificar los procedimientos no solo permitiría un ahorro considerable, sino que también elevaría la disposición ciudadana para participar en esta función esencial de la democracia.
- Duplicidad de funciones.
La organización electoral actual incurre en gastos redundantes. Un ejemplo claro son los llamados “CAEs espejo”, contratados por los OPLEs, que no intervienen directamente en la integración de mesas directivas, función exclusiva del INE. En las recientes elecciones en Durango y Veracruz, se llegó a contratar hasta cuatro figuras diferentes para el mismo propósito: CAEs locales, CAEs espejo locales, CAEs judiciales, y CAEs espejo judiciales. Este modelo multiplica costos sin un beneficio proporcional.
En este contexto, la discusión de una reforma electoral no puede reducirse a un pulso de fuerzas políticas. Debe construirse sobre el análisis de la realidad institucional y de los procedimientos que sostienen la democracia.
Para lograrlo, las deliberaciones deben salir de los círculos académicos y políticos y abrirse a una conversación amplia e incluyente.
El reto no es menor: estamos frente a una nueva oportunidad para perfeccionar nuestro sistema electoral. La clave será encontrar un equilibrio entre la eficiencia operativa, la austeridad y la garantía plena de los derechos político-electorales.
En próximas colaboraciones, plantearé propuestas específicas para elevar los estándares de nuestros procesos electorales, sin perder de vista que la democracia no es estática: evoluciona con cada ajuste legal, con cada innovación técnica y con cada lección aprendida en las urnas.
La historia no perdona las oportunidades desaprovechadas. Esta es la nuestra: hagamos que valga la pena.
